Ocho millones de los alcazareños para el apellido público de sus aguas - EL ÁGORA DIARIO

Ocho millones de los alcazareños para el apellido público de sus aguas

La intención de remunicipalizar la gestión del agua en Alcázar de San Juan, tras la sentencia del Tribunal Supremo a causa de una cuestión de forma, costará ocho millones a los alcazareños para la liquidación de una eficiente empresa mixta y la vuelta a una situación de quiebra técnica


Erase una vez una empresa pública que gestionaba directamente el ciclo urbano del agua, la empresa entró en quiebra técnica y ante la imposibilidad de seguir dando el servicio que garantiza el derecho universal de acceso al agua potable y saneamiento a sus convecinos buscó un socio que saneara sus cuentas y acometiera las necesarias inversiones en infraestructuras para mantener el servicio.  Más de un millón de euros en 5 años.

Y así es cómo en 2014 nació la empresa mixta Aguas de Alcázar en la que tanto el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan como Aqualia pasaron a ser socios en esta aventura que supone el ciclo integral del agua, un servicio esencial que exige solvencia, eficiencia, expertise, capacidad de gestión y conocimiento tecnológico para garantizar ese derecho universal de competencia municipal.

Y desde entonces ambos socios han trabajado juntos logrando reducir un 90% los olores provenientes del sistema de saneamiento y depuración, han establecido la atención multicanal a los usuarios, presencial, on-line y telefónica integrados y gratuitos; la eliminación de puntos críticos en materia de prevención de riesgos laborales y planes de carrera y formación continua para el personal que asumió la empresa mixta, ahorros en la gestión de más de 350.000 euros al año, que permiten inversión y mejoras manteniendo las tarifas, trasparencia en la gestión, gracias a herramientas especializadas que posibilitan, por ejemplo, presentar cuentas cada trimestre y planes de eficiencia y concienciación ciudadana para un consumo responsable e inteligente del agua. Con una inversión total de 1,1 millones de euros tal y como se acordó en el momento de la adjudicación.

Oficina de atención al cliente de Aguas de Alcázar. | Foto: Aguas de Alcázar

Sin embargo, estos avances y mejoras no aplacaron las ansias ideológicas de aquellos que, pese a no ser capaces de garantizar el servicio, se oponen a otros modelos de gestión que sí lo logran, aún a expensas de lastimar los derechos de los ciudadanos.

Y es así cómo agarrados a un defecto de forma, que no de fondo, hoy celebran que la gestión del agua en Alcázar vuelva a ser gestionada directamente por la quebrada empresa pública municipal a costa de la calidad del servicio pero en loor de la ideología.

Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo hace pocas semanas, anulando el acuerdo plenario del 24 de julio de 2014, que aprobó la privatización de la gestión del agua dando luz verde a la creación de la empresa mixta Aguas de Alcázar, el ayuntamiento está dispuesto a endeudarse para obtener los ocho millones de euros que necesita para completar el proceso de liquidación de la sociedad mixta.

Ocho millones de euros que bien podrían valer para acometer inversiones de reconstrucción y revitalización económica de los alcazareños que después de la pandemia sufrirán, como el resto de españoles la debacle económica que ha dejado el coronavirus a su paso.

Hospital de Alcázar de San Juan, que ha encabezado la atención sanitaria de los casos de Covid-19 en Castilla la Mancha. | Foto: Junta de Castilla la Mancha

Y sin embargo, se emplearán en dar nueva forma jurídica a una empresa que ahora sí funcionaba con eficiencia y eficacia con el objetivo de enarbolar la bandera de la municipalización, obviando que el agua siempre fue pública, que la competencia nunca dejó de ser municipal y que la gestión solo es buena si es capaz de ofrecer un servicio que garantice el derecho universal de acceso al agua potable y al saneamiento, algo que la empresa pública de Alcázar ya demostró no ser capaz de llevar a cabo.

La intrahistoria

La sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anuló el acuerdo, de 24 de julio de 2014, del Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que aprobó la privatización de la gestión del servicio del agua.

En aquel Pleno se acordó por la vía de urgencia adjudicar y seleccionar al socio privado FCC Aqualia SA para concurrir conjuntamente con el Ayuntamiento para la ampliación de capital y trasformar la sociedad municipal Aguas de Alcázar en una sociedad de economía mixta, denominándose Aguas de Alcázar Sociedad Economía Mixta, para la gestión indirecta de los servicios vinculados al ciclo integral del agua en el municipio de alcazareño, Alameda de Cervera y Cinco Casas.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la empresa FCC Aqualia SA contra la sentencia, de 20 de octubre de 2017, del TSJCM, que estimó el recurso de la exconcejala socialista Ana Belén Tejado y anuló el citado acuerdo.

La sentencia argumentaba que el sistema de mayoría que debió seguirse para incluir por la vía de urgencia el asunto en el orden del día de las sesiones del pleno era el de mayoría absoluta y no valía la mayoría simple.

Aqualia, socio de la empresa mixta, ha mostrado “su máximo respeto” por la decisión judicial, pero defiende que el Supremo “no valora la adjudicación, que se realizó de forma totalmente legal”.

Aqualia recuerda que la sentencia del Tribunal “se refiere a un aspecto meramente formal sobre la mayoría simple o absoluta que debería tener el pleno del ayuntamiento y, por tanto, no cuestiona en ningún momento el proceso de adjudicación ni las mejoras llevadas a cabo por la empresa mixta desde su constitución”

“La sentencia del Supremo representa un perjuicio para Aqualia, que se ve afectada por un error formal en el proceso administrativo previo a la constitución de la empresa mixta”.

Señala que “las decisiones judiciales no restan legitimidad ni valor al trabajo desarrollado por el equipo de Aguas de Alcázar, que durante estos años se ha dedicado con máxima profesionalidad y entrega a la prestación de un servicio público esencial, como el del ciclo integral del agua, a plena satisfacción de los alcazareños”.

La compañía añade que en 2014 se presentó a un concurso público muy exigente licitado por el Ayuntamiento alcazareño, “y motivado por el estado de quiebra técnica en el que la anterior empresa municipal se encontraba”.

Tras la adjudicación del concurso y constitución de la empresa mixta Aguas de Alcázar, “el Ayuntamiento ha mantenido en todo momento y como contempla la ley, la titularidad de los servicios públicos de abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas“.

“Desde la constitución de la Empresa Mixta, la mejora del Servicio Municipal de Aguas de Alcázar ha sido continua en todos los aspectos: técnico, social, ambiental o de compromiso con los empleados, alcanzando un elevado nivel de excelencia, todo ello manteniendo las mismas tarifas que están congeladas desde 2014“, ha remarcado Aqualia.

Sustitución por parte de Aguas de Alcázar de una antigua tubería por una válvula de compuerta en el área de Perdigueras. | Foto: Aguas de Alcázar.

Además, incide en que la Empresa Mixta Aguas de Alcázar, “es solvente financieramente, reporta importantes ingresos al Ayuntamiento y su contabilidad es clara y transparente. Se han ejecutado inversiones por un valor superior a 1,1 millón de euros, allí donde más se requería”.

Todo esto indica que el cambio de modelo de gestión que se llevó a cabo en al año 2014 fue beneficioso para la ciudad y para los vecinos, ya que la empresa se encontraba en situación de quiebra técnica con un patrimonio neto negativo y, por tanto, en causa legal de disolución, y al Ayuntamiento no le debiera interesar volver a la situación previa al cambio en el modelo de gestión.

Postura del equipo de Gobierno

Sin embargo, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha expresado su “alegría” ante la sentencia del Tribunal Supremo, que para ella supone “devolver Aguas a sus legítimos dueños, los vecinos y vecinas de Alcázar”.

En estos momentos hay “voluntad política, soporte jurídico y una situación económica saneada del ayuntamiento” para asumir los casi 8 millones de euros en que se ha cuantificado la remunicipalización del servicio de aguas. 

Melchor ha reseñado que se dará comienzo al expediente de liquidación de la empresa para, lo antes posible, “poder devolver el dinero a los socios privados con los que se firmó esa empresa mixta, el coste de las acciones, el canon, el préstamo, etc” destacando la intención de “no dejar vivo el préstamo sino hacer una liquidación total para evitar tener ningún tipo de relación contractual con FCC Aqualia. Aguas de Alcázar volverá a ser capital 100% público”.

“Habrá que ajustar cuentas, pero el problema no va a ser económico, porque el Ayuntamiento está en buenas condiciones para pedir en los bancos y conseguir el dinero si hace falta y sin que suponga distorsión para las arcas municipales”. “Tenemos capacidad suficiente y la remunicipalización económicamente es viable”, ha concluído.

Desde la oposición denuncian, que “la remunicipalización de la gestión de la empresa de aguas supondría un elevadísimo coste para la economía del Ayuntamiento, además de volver a la situación de quiebra técnica existente antes de la constitución de la Sociedad Mixta de Aguas entre el Ayuntamiento y la empresa externa. Esta circunstancia produciría una auténtica lesividad para los intereses generales del municipio y de sus vecinos, y supondría un grave problema económico en las cuentas municipales”.

Los técnicos de Aguas de Alcázar reparan una avería en el paraje de Perdigueras. | Foto: Aguas de Alcázar

Y así es cómo acaba la historia, lo público contra lo privado, un falso mito que oculta las ventajas de la cooperación y gestión mixta, que debería buscar la excelencia de cualquier servicio público en beneficio del ciudadano al margen de batallas ideológicas que solo merman la eficacia y la eficiencia.

En el caso del ciclo urbano del agua, lo mismo da la gestión pública, como la mixta como la privada siempre que garantice un derecho esencial como el acceso al agua potable y al saneamiento, capaz de asumir los retos de sostenibilidad, cambio climático y circularidad que exige la nueva normalidad.



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