Un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visita desde este lunes Japón para revisar los planes sobre el vertido del agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima, previsto para 2023
El agua radiactiva de Fukushima está cada vez más cerca del mar. En 2021, el Gobierno japonés decidió que en 2023 descargaría más de un millón de toneladas de agua contaminada después de diferentes etapas de tratamiento y dilución. A pesar de que la estrategia ha provocado objeciones de pescadores locales y países como China y Corea del Sur, las autoridades niponas han seguido firmes en sus intenciones, que cuentan con el aval de la principal institución global en materia nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Un equipo de esta organización ha aterrizado de hecho este lunes en el país asiático, donde permanecerán hasta el día 21, para coordinar las actividades y reuniones de la visita oficial que servirá para dar el aprobado definitivo al vertido de aguas radiactivas. Eso sí, la parte más importante de la agenda tendrá lugar la próxima semana con la llegada a Japón del director de la Oficina de Coordinación de la Seguridad Tecnológica y Física de la OIEA, Gustavo Caruso.
En concreto, Caruso encabezará una misión de representantes del organismo y otros expertos internacionales que estarán en Japón entre el 14 y el 18 de febrero para revisar la viabilidad y seguridad del plan del vertido, ha informado este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. De esta manera, el equipo de la OIEA «mantendrá reuniones con los ministerios pertinentes y con la compañía Tokyo Electric Power (Tepco) para abordar la coordinación sobre el manejo del agua«, y visitarán la accidentada central nuclear de Fukushima, antes de comparecer en público al término del viaje.
Aunque en un principio estaba previsto que el equipo visitara el país el pasado mes de diciembre, finalmente el viaje fue pospuesto debido a la propagación de la altamente transmisible variante ómicron de la covid-19.
La razón por la que Japón quiere deshacerse del agua radiactiva es, ante todo, económica. Y es que, una década después de que un terremoto y un tsunami devastaran la costa noreste del país, inutilizando la planta de Fukushima y causando el peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil, se han acumulado casi 1,3 millones de toneladas de agua contaminada. Una cantidad suficiente para llenar unas 500 piscinas olímpicas que se almacena en enormes tanques a un coste anual de aproximadamente 100.000 millones de yenes (unos 770 millones de euros).
Un vertido controlado
Japón ha argumentado que la liberación del agua es necesaria para seguir adelante con el complejo desmantelamiento de la planta y asegura que un agua filtrada de manera similar se libera rutinariamente de las plantas nucleares de todo el mundo. De hecho, el agua se verterá en teoría con el isótopo radiactivo diluido a una séptima parte de la cifra establecida por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable, por lo que debería ser totalmente segura.
A pesar de estas garantías, los planes de Japón han recibido una fuerte oposición de las comunidades de pescadores locales, cuyas actividades no han logrado recuperar los niveles previos al accidente atómico de 2011, así como por parte de países vecinos como China y Corea del Sur, que desconfían de la seguridad del vertido.
Japón estuvo de hecho años deliberando sobre esta controvertida medida, que está principalmente destinada a resolver el problema de la acumulación de agua radiactiva en las instalaciones de Fukushima, una de las cuestiones más acuciantes dentro de su desmantelamiento. El líquido es tratado con un sistema de procesamiento que elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, a excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza, aunque en baja concentración.
A principios de diciembre, el operador de la planta, Tokyo Electric Power (Tepco) ya publicó su propio plan detallado para la eliminación del agua, incluida la construcción de un túnel submarino para liberar el agua. En concreto, la idea es instalar una serie de bombas que moverían el agua radiactiva después de su tratamiento y dilución de los tanques a la orilla del mar, a través de un túnel en el fondo marino que acabaría soltando su contenido a una profundidad de 12 metros y aproximadamente a un kilómetro de distancia de la costa.
