Participación ciudadana, clave para una eficiente gestión hídrica en Chile

La participación ciudadana, apoyada por la transparencia y la información, se presenta como un pilar fundamental para tejer las políticas públicas, garantizar la rendición de cuentas de los poderes políticos y, en esencia, mantener la institucionalidad de los organismos que nos representan.

Como no podía ser de otra forma, esos mecanismos juegan también un papel crítico para garantizar el derecho humano al agua y mejorar el acceso a este recurso y, de hecho, la participación es esencial para asegurar que la gestión hídrica se sustente en una estructura institucional eficiente que permita que el derecho al agua ser proactivo y no reactivo.

Esta es una de las conclusiones del III Informe de los Conversatorios del Agua, publicado por el Foro de la Economía del Agua, en el que se extrae que la gestión hídrica en Chile debe funcionar como un instrumento de desarrollo y no como un arma que, en todo caso, apunte a los usuarios.

Para analizar el encaje de la participación ciudadana en la gestión del agua chilena, destaca el concepto de unidad de cuenca tan presente las Confederaciones Hidrográficas españolas desde hace un siglo y que, según muestra, “ha obtenido excelentes resultados”.

“Las Confederaciones Hidrográficas constituyen una forma original de colaboración público-privada, cuyos principios son la autoridad administrativa especializada, la planificación, la participación de los interesados, la integración de las administraciones regionales y la unidad de cuenca, que es la que mejor responde a los desafíos climáticos y mejor se adapta a la realidad”, se detalla en el informe.

Además, señala que en tanto en España como en otros países, «la toma de decisiones, también las relacionadas con el agua, corresponde a los representantes elegidos por sufragio, que a su vez deben rendir cuentas de su gestión”.

El modelo español encuentra su paralelismo en Chile con las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), entidades reguladas por el Código de Aguas, responsables de la captación, conducción y distribución de las aguas a las que tienen derecho sus titulares. De acuerdo con el documento, han colaborado en la realización de importantes mejoras de la gestión del agua, a través de inversiones públicas y privadas.  De hecho, en la actualidad, la gestión hídrica en Chile se realiza a nivel de cuencas y es una tarea público-privada.

Bajo este escenario, el informe señala que el modo más adecuado de integrar la participación ciudadana es a través del diálogo, para “adaptar esta participación con la de los usuarios con derechos de uso, contando con el apoyo de las organizaciones de usuarios como garantes de la conservación del recurso en cantidad y en calidad y así colaborar en la mejora paulatina de la eficiencia en la gestión del agua”.

El actual proceso legislativo constituyente de Chile, en cierto modo, podría «explotar» las virtudes del modelo de gestión española, a la par que definen los derechos y las transacciones del agua en virtud de la cantidad y calidad de los recursos hídricos:

“Chile cuenta con un mercado de agua muy robusto, y el hecho de que se encuentre en un ambicioso proceso legislativo constituyente es una gran oportunidad para crear una buena legislación hídrica que haga el derecho al agua sea proactivo y no reactivo”, aclara el documento.

España, en este sentido, hizo lo propio desde una edad temprana cuando se entendió que el agua era un factor de producción, con la subsiguiente declaración de todas las aguas corrientes como públicas, el establecimiento de la preferencia de unos usos respecto a otros y la sujeción de cualquier aprovechamiento privado de aguas públicas a autorización o concesión administrativa.

Las áreas rurales de Chile

El informe llama la atención sobre la grave situación hídrica que vive Chile y los problemas de suministro que viven las áreas rurales del país. En estas áreas rurales, cerca del 47,2% de los chilenos no tiene acceso formal al agua potable, una variable que se relaciona directamente con los índices de pobreza.

Del mismo modo, señala s la necesidad de mejorar el saneamiento de las aguas servidas: “En el acceso al saneamiento adecuado, la diferencia entre zonas rurales y urbanas es aún mayor, situándose en solo un 2% en las áreas rurales y llegando al 99,85% en las urbanas”, aclara.

Parte de la solución a este desafío, tal como ha declarado Jessica López, Presidenta Ejecutiva de ANDESS, está “en la mejora de la calidad de las infraestructuras actuales y la creación de instalaciones resilientes, especialmente en las zonas rurales; en el incremento de las inversiones para generar más fuentes y también para gestionar contingencias, de modo que se garanticen los servicios”.