El agua está presente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía que contempla la preservación del litoral y la gestión sostenible de los recursos hídricos, avanzando en saneamiento y depuración. Sobre la base de la digitalización y la eficiencia energética, se lograrán comunidades más resilientes



Si en la mañana de este miércoles era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez quién esbozaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que será presentado próximamente en Bruselas para acceder a los 72.000 millones de euros del Fondo Next Generation que la Unión Europea ha puesto a disposición de nuestro país para recuperar la economía anterior a la pandemia, por la tarde eran los 4 vicepresidentes quienes desarrollaban los cuatro ejes trasversales en los que se asienta. Transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género.
La vicepresidenta cuarta y Ministra de Transición Ecológica y reto Demográfico, Teresa Ribera ha resaltado que el Plan España Puede incorpora la variable hídrica, de hecho tal y como anunció el propio presidente del Gobierno por la mañana habrá un Foro de Alto Nivel específico para abordar los recursos hídricos, un foro de interlocución en el que todos los agentes relacionados, desde regantes a gestores de ciclo urbano del agua y administraciones e instituciones, aporten proyectos y prioridades al Plan de reconstrucción.


Una fórmula, la de los Foros de Alto nivel, que también serán de ciencia, energía, digitalización, movilidad, industria, reto demográfico, cultura y deporte, que busca en la colaboración pública-privada una garantía de viabilidad y eficiencia en la consecución de los objetivos que busca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.
Ribera ha destacado que esta variable hídrica contempla la restauración de 3.000 kilómetros de los 25.000 kilómetros de ríos españoles y la recuperación y mejora de la vegetación de sus riveras. Además se avanzará en el refuerzo de la garantía y seguridad de suministros de agua, la eficiencia en la gestión sostenible de los recursos hídricos, mejorando en la reutilización y en la recuperación de los acuíferos.
«Hay que optar por un sistema de gestión hidrológica moderno, digitalizado, que nos permita obtener datos en tiempo real de lo que acontece y afecta al dominio público hidráulico», ha indicado Ribera durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa.
Además, ha insistido en que, siguiendo indicaciones de Naciones Unidas, el Plan abandera «con valentía la defensa de la biodiversidad y los hábitats, ante un ecosistema desequilibrado en el que el propio virus que nos asola ha encontrado su caldo de cultivo y se asocia con la pérdida de la biodiversidad».
«Invertir en resiliencia es una apuesta segura con un gran potencial movilizador»
Por eso un eje trasversal es esta Agenda verde y azul reforzada, con especial atención a la degradación de la costa y el litoral, la protección y nuevo modelo de gestión de las zonas inundables que cada vez sufren episodios catastróficos. De esta manera «invertiremos en infraestructuras que reduzcan la sensibilidad frente a los riesgos y faciliten la recuperación de los espacios».
«Invertir en resiliencia es una apuesta segura con un gran potencial movilizador», ha resaltado. Esta resiliencia supone inversiones que se acompañan de un cambio modal, en la restauración ecológica, la protección de la biodiversidad terrestre, de los bosques, de la prevención de incendios, de la restauración zonas degradadas, como los 10.000 humedales restaurados, y de la protección del medio marino, que redundará en una gestión más sostenible de las pesquerías.
En cuanto al sector del agua urbana, Teresa Ribera, ha querido reconocer la labor de los trabajadores de los servicios de prestación del agua durante la pandemia, junto al de otros sectores esenciales, como la agricultura o la energía.
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Ayudará a facilitar la mejor observación de la Tierra y el uso de los recursos, la conectividad de todo el territorio y la cohesión social, disminuyendo brechas de desigualdad entre habitantes de entornos rurales y urbanos y facilitando el emprendimiento en cualquier rincón de España.
«Este plan que hoy hemos presentado, activa y moviliza inversiones con efecto multiplicador sobre la economía y el empleo, inversiones que generan competitividad, modernizan el tejido productivo y nos permiten ubicarnos en sectores estratégicos como país».
Para incorporar en este eje de la transición ecológica el reto demográfico, Ribera ha señalado que la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación están presentes en los 10 grandes ejes tractores que representa una primera línea de inversión importante: «queremos empezar en municipios de menos de 5.000 habitantes algunas de esas actuaciones, como la rehabilitación urbana, la integración de eficiencia y renovables en edificación, el apoyo al saneamiento y depuración del agua, pero también las opciones de movilidad sostenible, la conectividad digital y la educación conectada, son iniciativas prioritarias con las que activar una recuperación pensada, sobre todo, para las personas».
Para Ribera esta tiene que ser una «recuperación pensada en las personas» y por ello la Agenda Urbana contará con un 17% de los fondos en los próximos tres años. Un eje orientado a la rehabilitación de espacios urbanos con inversiones en edificios más sostenibles, en espacios públicos y urbanos para mejorar calidad de vida. «Queremos actuar en barrios, pueblos, ciudades, integrando la eficiencia energética de los edificios y mejorando la vida de las personas», ha señalado.
Ofreciendo a los ciudadanos aire limpio en una apuesta clara por el transporte publico de calidad y la transformación de la flota orientada a la movilidad eléctrica, y para ello se prevé la dotación de 100.000 puntos de recarga antes de 2023, dando entrada a nuevos coches eléctricos. «De esta manera movilizamos servicios asociados a movilidad y a la fabricación de componentes con una importante generación de empleo», ha explicado.
El 9% de los recursos del plan está destinado a acelerar una transición energética justa e inclusiva. «Creemos que adelantar al año 2023 el objetivo intermedio que nos marcamos para 2025 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no sólo es posible sino que, además, es uno de los vectores de movilización de empleo y actividad económica más importante para España. Tenemos un gran potencial para transformar la manera de producir y consumir energía. Y este contexto es el propicio para llevarlo a cabo».
«Necesitamos un sistema energético 100% renovable, abierto a la ciudadanía, a las empresas y a las diferentes administraciones, sostenido sobre tres principios fundamentales: la máxima eficiencia, electrificación e integración de renovables», ha afirmado Ribera.
Una oportunidad para que el agua sea motor de la recuperación
Aunque en el Plan no se recoge un capítulo explícito para el agua urbana, desde el sector valoran la estrategia presentada porque ofrece una oportunidad para avanzar en la resiliencia y la gestión sostenible de un recurso tan valioso como el agua.
En este sentido, fuentes del sector del ciclo urbano se muestran dispuestos a sumarse al Plan de Recuperación aportando proyectos que encajan con las líneas prioritarias esbozadas por el gobierno para reconstruir la economía verde con inversiones en resiliencia, ciudades inteligentes, gestión de riesgo de fenómenos climatológicos adversos, avances en saneamiento y depuración, eficiencia en la gestión con la mejora de redes de distribución obsoletas que permitiría reducir fugas, avanzando en soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras verdes que mitiguen el impacto del cambio climático, avanzando en la descarbonización y la incorporación de energías renovables, y aportando la experiencia y el conocimiento del sector en digitalización, entre otros aspectos.
Mejorar la cogobernanza
Otro aspecto destacable del Plan es el Real Decreto Ley mediante el cual el Gobierno, y dada la urgencia de la situación, modificará la Ley de Administración General del Estado, con el objetivo de «modernizar» la administración y «aligerar» sus procedimientos, pero «sin que falte un ápice de rigor, control, rendición de cuentas y transparencia», según ha afirmado la vicepresidenta Carmen Calvo durante la presentación.


«Tenemos que tener un nivel de coordinación mucho más eficiente en la Administración General del Estado y con las otras administraciones. Esa es la mejor manera de cogobernanza e implicación de todos los sectores para establecer también sinergias con los sectores privados«, ha dicho Calvo.
Además, ha señalado que se reformarán también las leyes de contratos del Estado, la ley presupuestaria, la de subvenciones y la del régimen jurídico del sector público. «Seremos garantes, pero seremos eficientes», ha aseverado la vicepresidenta.