La UE considera el agua como un bien público y escaso que debe protegerse y usarse de forma sostenible, tanto en cantidad como en calidad. El cuidado de estos recursos hídricos es un tema central de la Semana Verde europea que está celebrándose estos días
Esta semana la Unión Europea celebra su Semana Verde, una iniciativa que en 2019 pone sobre el tapete la implementación de las políticas ambientales en los 28 Estados miembros. Una de las políticas centrales en materia ambiental comunitaria es la que afecta al agua y la protección de los recursos hídricos.
Para Bruselas el agua no es un producto comercial sino un bien público y un recurso limitado que es necesario proteger y que debe utilizarse de manera sostenible, tanto en cuanto a la calidad como a la cantidad. Sin embargo, se encuentra bajo presión debido a los múltiples usos desde varios sectores, como la agricultura, el turismo, el transporte y la energía.
En 2012, la Comisión publicó el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, con el que se pretendía garantizar la disponibilidad de una cantidad suficiente de agua de calidad para todos los usos legítimos. Para ello se pretende aplicar mejor la actual política de aguas de la Unión, integrar los objetivos de la política de aguas en otros ámbitos de actuación y eliminar las lagunas existentes en el marco actual.
El plan prevé que los Estados miembros fijen objetivos de contabilidad y eficiencia hídrica, así como que la Unión desarrolle normas comunes para la reutilización del agua.
En la política de la Unión se han establecido dos marcos jurídicos principales para la protección y la gestión del agua dulce y de los recursos marinos, en un enfoque holístico, basado en el ecosistema: la Directiva marco sobre el agua (DMA) y la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM).
La Directiva Marco del Agua pretende lograr un buen estado ecológico de todas las aguas de la Unión Europea
Su objetivo es prevenir y reducir la contaminación, fomentar un uso sostenible del agua, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y las sequías.
Por ello se pide a los Estados miembros que elaboren los llamados planes hidrológicos de cuenca basados en cuencas fluviales geográficas naturales, además de programas específicos de medidas para alcanzar sus objetivos.
Otras directivas más específicas respaldan la DMA, a saber, las directivas sobre las aguas subterráneas, sobre el agua potable, sobre aguas de baño, sobre los nitratos, sobre aguas residuales urbanas, sobre normas de calidad medioambiental y sobre inundaciones.
La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), ahora hace 19 años, supuso un hito fundamental para la salvaguarda de los ecosistemas acuáticos de la Unión Europea. La directiva define y promueve la adopción de una nueva cultura del agua basada en su consideración dual como recurso natural y como hábitat. Uno de los aspectos más novedosos que aporta la directiva viene dado por su carácter integrador de todo el ciclo del agua.
El debate está en los objetivos y los plazos
Actualmente, y tras 19 años de esfuerzos por implementarla en toda la Unión Europea, los objetivos no se han alcanzado y la imposibilidad de prorrogarlos hace que se esté revisando la Directiva, bien para reorientar las políticas y adaptarlas al contexto del cambio climático, bien para asumir objetivos alcanzables o para mantenerlos flexibilizando los plazos.
Lo que está en revisión tiene mucho que ver con el futuro del agua en Europa a corto plazo, ya que marcará la política que se seguirá en los próximos años.
Desde países como Alemania, Holanda o Bélgica están cuestionando la actual redacción de la norma, y son precisamente tres los Estados que menos cumplen con las pretensiones de conservar el entorno que tiene esta Directiva, según los datos de la Agencia Ambiental Europea.
Tanto Alemania como Bélgica presentan los peores estados ecológicos de los ríos para los invertebrados.
El debate del agua en España
La revisión de la Directiva Marco del Agua, junto con la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y la Directiva de Inundaciones, han centrado el debate del sector del agua en los últimos meses.
La Asociación Española de Abastecimientos y Saneamiento de Agua (Aeas), cree que en España es necesario reforzar el cumplimiento del principio del que «el que contamina paga», o lo que la propia directiva denomina como «principio de recuperación de costes».
Con esto señalan que en las aportaciones de los recursos económicos hay que tener en cuenta las inversiones no solo de operación sino también de reposición de infraestructuras y renovación. Las revisiones a España en el cumplimiento de la DMA llaman la atención de la gran dispersión tarifaria en nuestro país, por encima del 300% y en la falta de cumplimiento con este principio de recuperación de costes que no sólo son de saneamiento sino de infraestructuras.
Desde otros sectores, como los regantes, piden mantener la norma pero aportando flexibilidad para cumplir los objetivos de calidad de las masas de agua que dicta la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y «medidas de calado» para concluir el plan de modernización de regadíos.
En este sentido, la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) ha señalado que a consecuencia del cambio climático hay un escenario de «incertidumbre» que obliga a adaptarse a unas circunstancias diferentes a las que se registraban hace casi 20 años cuando la normativa europea entró en vigor.
Así, asegura que el 89% de los regantes presenta ya un buen estado cuantitativo y casi el 75% presenta un buen estado químico debido a los «esfuerzos» de los países europeos para reducir el estrés de las masas hídricas, que gozan de buena salud en la mayoría de los casos.
Las ONG ecologistas y otras organizaciones de la sociedad civil, hasta 136 de ellas, se unieron para demandar al Ministerio para la Transición Ecológica que defienda la Directiva Marco del Agua. Se apoyan en el hecho de que el 60% de los ríos, humedales y acuíferos de Europa está en mal estado, según varios estudios que califican la situación como «muy preocupante», por lo que la modificación de la normativa supondría «un duro golpe para toda la política ambiental de la UE».
Más allá de la propia Directiva Marco del Agua, Bruselas y España a la cabeza lideran una clara apuesta por entender el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho fundamental, por preservar un recurso cada vez más escaso en un escenario de reducción de su disponibilidad por la reducción de lluvias y fenómenos climáticos adversos, donde el uso sostenible y las fuentes alternativas como la reutilización o la desalación serán los ejes de las futuras políticas del agua.
Mal estado de las aguas
Alemania, Holanda o Bélgica son los países que presentan un escenario más negativo de sus masas de agua, en un contexto en el que el conjunto de Europa sigue estando en mala situación desde el punto de vista ambiental. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, solo el 40% de las masas de agua de los ríos, lagos, humedales o acuíferos presenta un buen estado ecológico.
Pese a los avances de las últimas décadas, la contaminación de los recursos hídricos de Europa, los cambios morfológicos (presas, grandes embalses) o la extracción excesiva de caudales siguen siendo las principales amenazas para la salud de las masas de agua dulce.
España incumple en materia de saneamiento
El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España a pagar 12 millones de euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas.
En concreto, los incumplimientos se refieren a 17 municipios y aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar correctamente.
El último plazo que dio la Comisión expiró en 2013, y los 17 lo incumplieron.
Todavía hoy, nueve siguen contraviniendo la norma y el tribunal ha impuesto otra sanción semestral de 11 millones hasta que lo solucionen.
La Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) es el pilar ambiental de la Política Marítima Integrada de la Unión, que se creó a fin de mejorar el desarrollo sostenible de su economía marítima y, al mismo tiempo, proteger su entorno marino.
Los objetivos de la DMEM son alcanzar un buen estado ambiental de las aguas marinas de la Unión antes de 2020, perseverar en su protección y conservación y evitar su deterioro.
En ella se crean las regiones marinas europeas (mar Báltico, Atlántico del Nordeste, mar Mediterráneo y mar Negro) y subregiones dentro de los límites geográficos de los convenios marinos regionales.
A fin de alcanzar un buen estado ambiental a más tardar en 2020, los Estados miembros debían desarrollar una estrategia para sus aguas marinas y revisarla cada seis años. Asimismo, en un Reglamento sobre la gestión integrada de las zonas costeras, se definen los principios de una buena planificación y gestión que deben tener en cuenta los Estados miembros.
