El Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia marca la hoja de ruta del Gobierno para revertir el déficit infraestructural en materia hidrológica con una inversión de 2.091 millones y doce reformas de calado de aquí a 2023
El Plan de reconstrucción, transformación y resiliencia que España ha presentado en Bruselas el pasado viernes, y que este jueves explicará en rueda de prensa la Vicepresidenta cuarta y Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, incluye más de doce reformas importantes para actualizar la normativa y regulación de los recursos hídricos del país.
En la definición del plan, el Gobierno pretende abordar el «déficit de inversión» en la planificación, control y gestión del dominio público hidráulico que se ha acumulado «en la última década» de modo que las inversiones realizadas por la Administración General del Estado (AGE) no ha permitido materializar las medidas programadas con la planificación hidrológica.
También insiste en la importancia de acometer una progresiva actualización de los instrumentos de planificación que requieren un «refuerzo significativo para superar el adelgazamiento sufrido en años anteriores» ya que ese «retraso inversor» amenaza «seriamente» los objetivos de la Directiva Marco del Agua de cara a 2027.
Una nueva política del agua
De este modo, el Gobierno afirma que su objetivo es potenciar la política del agua en tres líneas estratégicas: la planificación hidrológica para organizar todas las actividades; las reformas necesarias para una nueva política del agua; y las inversiones desplegar estas políticas para alcanzar los objetivos de la Directiva Marco al final de 2027.
Así, el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación propone acometer hasta doce reformas legales que confía en que puedan estar implantadas en el cuarto trimestre de 2022.
En concreto, plantea lanzar durante 2021 la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, mientras que a lo largo de 2022 espera modificar el reglamento de la planificación hidrológica y otras normas derivadas de planificación.
Recoge la modificación del reglamento del dominio público hidráulico y otras normas derivadas durante el segundo semestre de 2021 y quiere reformar también el Real Decreto de Evaluación del Estado de las Aguas, que ya cuenta con un borrador guía «que se publicará en los próximos meses y que quiere estar aprobado a finales de 2022», así como una instrucción de evaluación del estado de las masas de agua, aprobada en octubre de 2020.
Durante el segundo semestre de 2021 espera impulsar un nuevo Real Decreto de Reutilización de las aguas residuales que mejore el marco normativo y financiero en esta materia e incorporar a la legislación nacional la nueva Directiva de reutilización aprobada el año pasado por la Comisión Europea. Y a lo largo del primer trimestre de 2022 confía en adoptar un nuevo Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
El Plan incorpora la reciente aprobación de las nuevas normas técnicas de seguridad de presas y embalses y el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) aprobado en el primer trimestre de 2021.
Los planes de cuenca de tercer ciclo, deberán ser aprobados a finales de 2021 y habrán de ser comunicados a la Comisión Europea antes del 22 de marzo de 2022. Antes de que acabe el año España remitirá Bruselas los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo está prevista a finales de 2021, siguiendo un calendario similar al de la tramitación de los planes hidrológicos. Así mismo el Plan prevé la puesta en marcha de una nueva Estrategia Nacional para la Transición Hidrológica, tal y como prevé la Ley de Cambio Climático que deberá estar disponible antes de 2022 y que el Gobierno espera que esté disponible el primer semestre de 2021.
España espera invertir en la reconstrucción hidrológica 314 millones en 2021, 859 millones de euros en 2022 y otros 918 millones de euros en 2023
De esta cantidad, según el plan presentado este miércoles por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, el Gobierno precisa que de esta cantidad espera invertir 314 millones en 2021, 859 millones de euros en 2022 y otros 918 millones de euros en 2023.
Además, el Ejecutivo propone que del total de inversiones, se destine el 31%, 642 millones a reformas para la materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR) que se distribuirán: 200 millones en 2021, 255 millones en 2022 y 187 millones en 2023.
Por otro lado, el monto más importante, que representa el 38% de esta componente, 800 millones de euros, se han planteado para acometer el seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, la recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación. En concreto, 77 millones se emplearán en 2021, 345 en 2022 y 378 millones en 2023.
El 18% de la reconstrucción hídrica se destinará a la transición digital del sector del agua
Asimismo, propone que 380 millones, el 18% se destinen a la transición digital del sector del agua. De estos, 2 millones se invertirán en 2021; 164 millones en 2022 y 214 millones en 2023.
Mientras que el 13% restante, 269 millones de euros se emplearán en adaptar la costa al cambio climático, la implantación de estrategias marinas y a los planes de ordenación del espacio marítimo. Estas inversiones destinarán 35 millones en 2021; 95 millones en 2022 y 139 millones en 2023.
En concreto, prevé actuaciones en la costa que incluyen determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias.
Incrementar la resiliencia del litoral español al cambio climático
Otra de las líneas de actuación se dirigirá a revertir las escasas inversiones de la Administración General del Estado para disminuir el riesgo frente a inundaciones y en particular las generadas por las DANAS, que «se repiten y acentúan a consecuencia del cambio climático».
Asimismo, quiere revertir la sobrexplotación de los acuíferos y aguas subterráneas acumulada con soluciones para reducir las extracciones «sin que se generen indeseables impactos socioeconómicos».
El Gobierno considera que han disminuido las inversiones en seguridad de presas, embalses y balsas, la mayoría de las cuales se construyeron hace más de 50 años, así como para frenar la pérdida de agua en las redes de distribución, depósitos y plantas potabilizadoras.
Por otro lado, observa que es preciso adaptar los tratamientos del agua a los contaminantes emergentes, como los microplásticos en las aguas residuales, así como acometer una transformación digital del sector del agua para una más ágil y segura atención a los ciudadanos.
Así el plan recibido por la Comisión Europea señala como objetivo del Gobierno garantizar el uso público del mar, su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, «sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas».
Para ello, regulará la «utilización racional» de estos bienes de acuerdo con su naturaleza, fines, respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico y aspira a mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas del litoral.
No obstante, el Gobierno expone que el «objetivo final de este subcomponente» es incrementar la resiliencia del litoral español al cambio climático, mejorar sus condiciones físicas mediante la restauración de sus ecosistemas; delimitar de forma correcta este litoral como patrimonio público cuya integridad física y titularidad han de preservarse, para lo que se recuperará «donde ello sea necesario».
Otra de las líneas de actuación será la consolidación de la implantación de estrategias marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo, consolidar la implantación de las estrategias marinas y aprobar la puesta en marcha de los planes de ordenación del espacio marítimo.
