Recordando la política hidráulica en España (II)

La semana pasada publicamos el primer artículo de esta serie sobre política hidráulica en España. Tan necesaria en un país que sus tres cuartas partes se sitúan en zonas áridas y semiáridas, en las que el agua se convierte en un auténtico tesoro.

Para los lectores de El Ágora, hemos escogido los principales elementos desde el regeneracionismo español hasta la dictadura de Primo de Rivera en el primer artículo, y en el segundo concretamos el periodo histórico de la dictadura del General Primo de Rivera y la Segunda República.

Durante la dictadura (23 septiembre 1923/30 enero 1930), la cuestión agraria tuvo un carácter primordialmente técnico, intentándose una política hidráulica coordinada y efectiva. El primero de esos dos objetivos, la coordinación de las obras, se trató de alcanzar considerando la cuenca hidráulica como unidad de estudio, según dispuso el Decreto-ley de 28 de mayo de 1926, que creó las Confederaciones Hidráulicas. Durante algún tiempo, se pensó que las Confederaciones, organismos autónomos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, habrían de convertirse en los verdaderos protagonistas de la política hidráulica, y en buena parte así ha sido.

Hasta el momento de la publicación del citado Decreto-ley de Confederaciones, en la política hidráulica española había predominado una concepción simplista, según la cual la atención del Estado se polarizaba en el embalse como obra esencial para el desarrollo del regadío. Pero sin tener apenas en cuenta el resto de los aprovechamientos derivables o sus implicaciones en toda la cuenca del curso fluvial en cuestión.

Así las cosas, a partir de la creación de las Confederaciones Hidrográficas –por influencia de Manuel Lorenzo Pardo por su iniciativa con la Confederación del Ebro— se dio un gran paso adelante al tomarse la cuenca fluvial de los mayores ríos de España como unidad de desarrollo. Partiendo del estudio conjunto de los problemas agrícolas, ganaderos, forestales, hidroeléctricos, e incluso industriales de la zona; y para asegurar esa visión de conjunto, se estableció la sindicación obligatoria de todos los agricultores e industriales incluidos en la cuenca de cada una de las Confederaciones.

Se dispuso que para la creación de cada Confederación sería necesario el voto positivo del 10 por 100 de la riqueza agrícola o industrial afectada, o por simple acuerdo de la Administración. Finalmente, para que su actuación fuese eficaz, las Confederaciones fueron dotadas de numerosas facultades públicas delegadas, entre ellas la de expropiar incluso derechos no territoriales.

El segundo de los objetivos de la política hidráulica de la dictadura –el deseo de una mayor efectividad de la obligación de puesta en riego— se tradujo en el Real Decreto de 7 de octubre de 1926, obligando a transformar en regadío las tierras que tuviesen carácter de aprovechables; concediéndose a tal fin anticipos y subvenciones, fijando un plazo de realización de veinte años, transcurrido el cual, de no haberse realizado las obras, podía procederse a la expropiación de las tierras.

Esa vertiente, de mayor capacidad de la política hidráulica de la Dictadura no llegó a ser tan efectiva. No sólo por el poco tiempo de que dispuso para ello, sino también porque las disposiciones legales referentes a la puesta en riego por los particulares no funcionaron, sobre todo, por la apatía interesada de los propietarios de las tierras regables.

Los latifundistas consideraron que el mejor medio para conservar sus tierras consistía en mantenerlas de secano, ya que la puesta en regadío, en un plazo más o menos breve, habría de comportar la incorporación de jornaleros, y la ulterior parcelación como medida necesariamente complementaria para obtener los máximos rendimientos de las nuevas tierras irrigadas.

Máxima productividad

En los años siguientes, los partidarios de la política hidráulica fueron perfilando más su actitud en busca de una política más integral, de máxima productividad; en suma, con una posición en línea con la actual política de colonización, dentro de la cual – ante la voluntaria apatía de los propietarios— el Estado construye los pantanos, los canales, las acequias, y dispone todo lo necesario hasta la puesta en riego. Esta nueva actitud se configuró durante la Segunda República con la publicación de la “Ley de Obras de Puesta en Riego” (OPER) de 13 de abril de 1932.

Aunque parcial en su aplicación la ley de OPER representa claramente Franco, el punto de partida de la política de colonización que luego siguió, pues en ella se venía a reconocer decididamente que no basta con las obras exclusivamente hidráulicas para que se realicen las necesarias transformaciones. Además de las obras de base, es preciso disponer de las obras secundarias de transformación (redes de riego y de drenaje), que no pueden dejares a merced de una iniciativa privada manifiestamente reacia o incapaz de ejecutarlas, como ya se ha visto.

Y además, de las obras secundarias de riego, eran precisos caminos, viviendas y toda una serie de trabajos adicionales. En ese sentido, la ley de OPER disponía que la puesta en riego habría de ser realizada por el Ministerio de Obras Públicas o por los propietarios o sindicatos, si así lo pidieran, en el plazo de tres años después de aprobarse el Plan. Ejecutadas las obras, se permitía al propietario continuar con sus tierras transformadas, con el compromiso de explotarles conforme a un plan racional y previo pago al Estado de la plusvalía y de su alícuota en las obras; caso de no retenerlas en esas condiciones, el Estado podía hacerse cargo de las tierras, pagando al propietario tan sólo su valor en secano, para luego buscar la mejor forma de cultivo.

Rendimiento por cuenca

Otra manifestación de la tendencia a plantear el problema de la puesta en riego en toda su complejidad y ya a escala nacional, la encontramos en el proyecto de Plan de Obras Hidráulicas de 1933, de Indalecio Prieto como Ministro de Obras Públicas, dirigido por el ya mencionado Manuel Lorenzo Pardo. Quien después de criticar la falta de sistema en los anteriores planes de obras hidráulicas, tomó como base del Plan de 1933 la idea de la descompensación existente en la relación entre el caudal de los ríos de las vertientes atlántica y mediterránea y los incrementos previsibles de rendimientos que se originan por el riego en cada una de ellas.

Los ríos de la vertiente atlántica, venía a decir Lorenzo Pardo, llevan más agua, pero ésta produce en sus tierras un incremento de los rendimientos menor que el obtenible con el riego en la vertiente mediterránea en la que, por el contrario, el aporte de los ríos es mucho más escaso.

De esta idea básica, partía para plantear la necesidad de transvasar agua de la vertiente atlántica a la mediterránea; el transvase podría hacerse mediante un canal que por la cota 1.000 recogiese parte de las aguas del Tajo y del Guadiana en los pantanos de Bolarque y Alarcón, respectivamente, para conducirlas, por el canal de Albacete, a las tierras de Murcia y Alicante, en las que –calculaba Lorenzo Pardo— podrían ponerse en regadío unas 238.000 hectáreas, aproximadamente.

La protesta de los regantes del Júcar, ante el temor de que se restase agua a su real acequia, que en un tramo de su recorrido había de ser utilizada para la realización del Plan, demoró la puesta en marcha de éste, que, finalmente, cayó en un olvido injustificado hasta casi el final del franquismo, cuando se inició el trasvase Tajo-Segura; para terminarlo en los primeros años del retorno a la democracia.

Ponemos así punto final, ma non troppo, al tema de la política hidráulica, al que volveremos un día.

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