El Gobierno ha aprobado una orden que obliga a renovar los contadores de agua con más de 12 años de antigüedad, algo que es responsabilidad del particular y que afecta a unos seis millones de usuarios, ya sean hogares o negocios. Para facilitar la asunción del gasto, las compañías de gestión de agua proponen incluir en la tarifa municipal una pequeña tasa que distribuya el coste en el tiempo
Millones de particulares están obligados, por orden gubernamental que entró en vigor el año pasado, a proceder en cinco años a la renovación de sus contadores de agua si tienen más de 12 de antigüedad. Una tarea que requiere asistencia técnica y que supone un gasto de entre 80 y 100 euros para aparatos domiciliarios estándar.
Para facilitar la asunción de esta responsabilidad individual y no cargar el bolsillo de los particulares con un gasto inmediato sobrevenido, las empresas de la gestión del ciclo urbano del agua responsables del servicio municipal están proponiendo un modelo que facilita la cuestión: incluir en la tarifa una pequeña tasa apenas perceptible, que alarga en el tiempo el pago diferido de la inversión.
Es responsabilidad de los ayuntamientos, como responsables últimos de la gestión del agua en los municipios, decidir si esta opción es la que aplican. Algo por lo que han apostado ya algunas localidades y que, en opinión generalizada, resulta la más apropiada.
Para entender la situación, se debe recordar que en febrero de 2020 se publicó la Orden ICT/155/2020, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida.
La orden entró en vigor el 24 de octubre de 2020, hace ya más de un año, y se aplica a todos los contadores de agua con más de 12 de antigüedad que estén instalados en viviendas y cuyo destino sea la contabilización del agua fría o caliente para uso residencial y comercial.
Se pretende con ello garantizar una lectura precisa, proteger a los consumidores y ahorrar agua.
La ordenación en vigor desde hace un año especifica que los contadores con más de 12 años deberán ser sustituidos por nuevos, no siendo posible su reparación. Sobre la orden gubernamental impera la Ley de Metrología de 2014, que fija multas de hasta 5.000 euros por “faltas leves”, como no tener los contadores actualizados.
De este modo, los propietarios de contadores divisionarios son responsables de cumplir con esta obligación. Hay, eso sí, un periodo de adaptación de cinco años. Y el marco legal permite delegar la responsabilidad en un gestor. La medida afecta a propietarios individuales, comunidades, comercios e industria ligera.
Es ahí donde entra la voluntad de servicio de las empresas de gestión del agua, que están ofreciendo una vía para que los particulares no tengan que asumir de inmediato el coste de la renovación del contador, y más en tiempos como los actuales, en los que el impacto de la pandemia y la subida del IPC han dañado la capacidad adquisitiva de las familias y los pequeños negocios.
En la situación actual, la orden, publicada en el BOE justo un mes antes de la pandemia, supone una carga extra sobre los ciudadanos. Se hace complicado exigir al usuario el cambio del contador desfasado.
Una solución razonable: la tarifa
Es por ese motivo que sería conveniente establecer una tarifa de conservación de contadores – extendida ya en muchos municipios – que facilite a los usuarios sus obligaciones y que, en definitiva, supondría que el gestor se haga cargo y asuma las operaciones y gestiones por delegación del usuario.
Cabe señalar, además, que las empresas de gestión de agua, ya sean públicas, privadas o mixtas, se encuentran en esta situación en un formato de facilitador, por una parte, y también, por otro, en un modo de policía obligada por orden gubernamental. Y es que, según dicta la orden del Gobierno, el servicio del agua tendrá que poner en conocimiento de la administración competente el incumplimiento del abonado en tanto propietario del contador.
En opinión unánime, se hace indispensable la implantación de una tarifa de conservación de contadores. Sería la mejor forma de velar por el interés de los abonados y del servicio, dada la complejidad de cumplir la tarea y asegurar una correcta instalación del aparato contador. Redundaría todo ello en una demora totalmente asumible del gasto en renovación tecnológica.La cuestión es que, en España, la gestión del agua es competencia municipal, y son más de 8.000 entidades las responsables de ella. Hay un margen de cinco años, desde 2020, para afrontar este tema que afecta a millones de titulares.
Abordar rápidamente lo que la normativa impone, confiando en el conocimiento técnico y la buena disposición de los gestores para afrontar esta oportuna renovación tecnológica, sería lo conveniente en beneficio de todos.
No merece la pena demorar hasta el último momento asuntos que pueden resolverse con soluciones probadas y existentes y pensadas en beneficio del particular, como es incluir en la tarifa un porcentaje destinado a diferir en años el desembolso requerido.
Según el XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020, presentado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), en España hay 21,6 millones de contadores de agua.
En relación a la telelectura, se aprecia un aumento significativo de esta técnica en todos los estratos de población, situándose como media en el 16,4%. En áreas metropolitanas el porcentaje de telelectura se sitúa en el 19,2%.
