Los responsables de Medio Ambiente de los 28 países de la Unión Europea han pactado una posición común para impulsar una normativa sobre la utilización de aguas residuales urbanas para el riego agrícola. Establecerá reglas estrictas con respecto a la calidad y la supervisión
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han adoptado una posición común para aprobar un reglamento comunitario que impulse la utilización de aguas residuales urbanas para el riego agrícola y, con ello, mejorar la disponibilidad de este recurso y fomentar su utilización eficiente.
Los Veintiocho han pactado su posición negociadora de cara a las conversaciones que deben comenzar con representantes del Parlamento Europeo para aprobar definitivamente la normativa.
Así, las reglas fijarán una serie de requisitos «estrictos» con respecto a la calidad del agua regenerada y a su supervisión, con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana y animal.
Los socios comunitarios han subrayado que dichos requisitos deben basarse en datos científicos recientes y han añadido una cláusula que obligaría a la Comisión Europea a evaluar la necesidad de revisar estos criterios siempre que existan nuevos estudios científicos y técnicos.
No obstante, cada Estado miembro «podrá decidir si la utilización de agua regenerada para el riego agrícola no es una solución adecuada en parte o la totalidad de su territorio».
Industria española
La ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en declaraciones a la prensa a la llegada al consejo, señaló que desde hace años España «tiene una industria muy potente, muy interesante y muy avanzada sobre reutilización de agua y ha ido ganando en eficiencia».
«Es importante que se establezcan estos estándares a nivel comunitario y que se desarrollen estas tecnologías, porque detrás podrán beneficiarse otros países de la cuenca sur del Mediterráneo o de otras zonas donde la seguridad alimentaria dependa del acceso a agua», apuntó Ribera.
España, en línea con el resto de países mediterráneos de la UE, reutiliza hasta un 40% de agua y dispone desde 2007 de un Real Decreto que lo regula. Por tanto, en principio sólo tendrá que acomodar su normativa al nuevo procedimiento administrativo europeo que se adopte, especialmente en materia «de monitorización y seguimiento», según fuentes diplomáticas.
