La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado en el Senado que seis de los nueve incumplimientos por saneamiento deficiente que el Tribunal de Justicia de la UE imputó a España en 2018 están ya «cerrados»
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha indicado en el Senado que ya se han resuelto seis de los nueve incumplimientos en materia de depuración y saneamiento de aguas residuales por los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una multa a España en junio de 2018 y confía que los tres que restan puedan solucionarse «en los próximos años».
Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por nueve aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE): Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este; estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas. Otras cuatro son responsabilidad de las Comunidades Autónomas: Alhaurín el Grande, Valle de Güimar, Coín e Isla Cristina. También estas dos últimas cumplen con lo requerido por la Comisión Europea.
Hasta la fecha se han abonado 12 millones de euros de la suma a tanto alzado y seis pagos semestrales de la multa coercitiva por un importe total de 59.725.687,35€. En total, 71.725.687,35€.El pasado mes de septiembre la Comisión Europea ha requerido el séptimo pago reduciendo la cifra semestral a los citados 3.130.872,85€. La sanción permanecerá -con las actualizaciones y rebajas pertinentes- hasta que la última aglomeración urbana de las cuatro pendientes se ajuste a los estándares y requisitos de calidad en la depuración de aguas residuales establecidos por la normativa comunitaria.
La vicepresidenta tercera explicaba este martes en la Cámara Alta, ante la pregunta del senador socialista Fernando Lastra Valdés las actuaciones desarrolladas «para solventar la situación creada en julio de 2018», en referencia a la sentencia que obligaba a España a pagar «la mayor multa de la historia de la UE» a este país, 11 millones cada semestre, por la mala gestión de aguas residuales.
«Al llegar al Gobierno, lo primero que nos encontramos fue una multa por ejecución de sentencia incumplida por un importe de casi 11 millones de euros cada seis meses en relación al incumplimiento de nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes«, ha recordado la ministra, para añadir que «afortunadamente, seis de estos expedientes están satisfactoriamente cerrados y en funcionamiento».
«Nos pusimos a trabajar intensamente, las obras hidráulicas no son sencillas«, ha destacado Ribera, y ha agradecido el esfuerzo a la dirección general del agua y de las conferencias hidrográficas, que ha contribuido a reducir la multa.
Ribera ha destacado además que confía en que los otros tres expedientes, «sobre los que no había absolutamente nada escrito», se solucionen en los próximos años, pues el Gobierno ha marcado el saneamiento y la depuración como «una de las grandes prioridades en el nuevo ciclo hidrológico», ha manifestado.
Aun así, ha reconocido que lo que se ha hecho hasta ahora es «insuficiente», pues «sigue habiendo quinientas aglomeraciones que no cumplen con toda la normativa en materia de saneamiento y depuración, doscientas de las cuales están en Andalucía».
Entre los esfuerzos del Gobierno central para favorecer la calidad de las aguas, Ribera ha subrayado que el nuevo ciclo de planificación, que cuenta con más de 7.000 millones de euros, abordará además de los actuales problemas los «nuevos desafíos en depuración», como la presencia de microplásticos o antibióticos, cuyos niveles están «muy por encima de los estándares que obliga la UE y que tenemos que revisar en nuestra presidencia».
De esta manera hacía alusión a la intención de la Comisión Europea de presentar este mes de octubre una propuesta de revisión de la Directiva de Depuración de Aguas residuales, Directiva TARU.
