Seopan reclama un modelo concesional que permita la colaboración público-privada

Seopan reclama un modelo concesional que permita la colaboración público-privada

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha informado de que la licitación pública creció un 68% en 2021. Denuncia que España sigue a la cola de Europa en inversión infraestructural y el bloqueo a la colaboración público-privada con el actual modelo concesional, al tiempo que pide medidas para amortiguar el alza de las materias primas


Pese a que en 2021 la licitación pública creció un 68%, hasta alcanzar los 23.647 millones de euros (un 23,4% superior al nivel pre covid de 2019), la cifra es un 8,7% inferior al máximo de 2009 según los datos del «Análisis del Sector Infraestructuras; Balance del 2021 y Previsiones para 2022» presentado este jueves por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

La contratación pública, por su parte, subió un 67,4%, hasta alcanzar los 12.022 millones de euros. Superó en sólo un 3,5% el nivel previo a la pandemia. Y es un 60% inferior al máximo de 2009. Por eso, y con relación a las bajas en contratación pública, Seopan considera que el registro “sigue siendo alarmante”, con un 19,2% de riesgo.

Julián Núñez, presidente de SEOPAN, ha destacado que teniendo en cuenta las previsiones de inversión de la CE para 2022-2023 se sigue ampliando la brecha inversora de España que lidera por la cola el ranking de la inversión pública total prevista en la UE, que en España en 2022/2023 es un 61% inferior a la media de las tres mayores economías europeas, resultando un -53%, -65% y -67% inferior a la Italia, Alemania y Francia respectivamente.

 

En términos de ratio inversor por habitante y superficie se obtiene para España 1.486 €/km2 y habitante, siendo el único estado miembro que obtiene una variación de inversión pública media anual negativa comparando las previsiones actuales con respecto a la media registrada en 1995-2021 .

En términos de ratio, la inversión pública española prevista en 2022/2023 es un 26.2%, 38.8% y 44,0% inferior a la prevista en Francia, Alemania e Italia respectivamente.

Núñez ha mostrado la preocupación del sector por el imparable aumento del coste de las principales materias primas de las constructoras, de manera que las previsiones en actividad de construcción para 2022 sin considerar desabastecimiento de materiales y partiendo de la estadística de producción en construcción nacional (demanda pública y privada) por subsectores de actividad (obra civil, edificación residencial y no residencial), se obtiene una previsión de incremento de actividad en 2022 del 3,9%.

Un mes de paralización por desabastecimiento implicaría una contracción de la producción anual del -3,8% de la actividad de 2021

Esta previsión es un 49% inferior a la del consenso económico nacional, demasiado optimista si se tienen en cuenta los plazos de inicio de actividad de la obra licitada y no contratada en 2021, y que muchos programas de fondos, a la fecha actual no tienen realizadas las convocatorias de 2021.

En caso de no adoptarse medidas que permitan la restitución de las condiciones de mercado para el suministro de materiales de construcción, dos semanas de paralización de la actividad por desabastecimiento implicarían la pérdida del crecimiento sectorial previsto para 2022. A partir de la tercera semana de desabastecimiento se produciría una reducción de actividad equivalente a 2.385 M€/semana. Un mes de paralización por desabastecimiento implicaría una contracción de la producción anual del -3,8% de la actividad de 2021.

En este sentido, Núñez ha explicado que el alza de precios de 2021 y este primer trimestre de 2022 no tiene precedentes: el acero corrugado subió un 21%; el aluminio lo hizo un 33%; el cobre ascendió un 22%; la madera se encareció un 32%; el petróleo, un 46%; el gasoil A subió un 26%; la electricidad de disparó un 584%, y el gas, un 278%.

Julián Núñez, quien urge medidas al Gobierno para garantizar el funcionamiento de la cadena de suministros, en plena huelga de parte del transporte pesado, y para rebajar el coste energético, “debido a que esta situación, lejos de resolverse, se ha agravado en el primer trimestre de 2022. harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021”, ha indicado Julián Núñez.

El presidente de Seopan también se ha referido a la necesidad de ampliar el mecanismo de revisión de precios en contratos de obra pública, incluido en el Real Decreto ley 3/2022 que será convalidado hoy en el Congreso. La medida de reequilibrio por el alza del precio de los materiales de construcción solo afecta a sobrecostes en 2021, por lo que no contempla proyectos licitados el año pasado ni las desviaciones que se producen en este arranque de 2022.

Nuevo modelo concesional para favorecer la colaboración público-privada

Julián Núñez ha denunciado la irrelevancia del actual modelo concesional de España que bloquea la colaboración público-privada para facilitar el avance en materia de inversión infraestructural.

Entre los hitos destacados por la patronal de las grades concesionarias se encuentra la ejecución de los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación 2022 – 2027 que alcanza los 26.418 millones de euros en medidas estructurales (inversiones) y de gestión; 19.806 M€ de inversión en 1.047 actuaciones que superan los 5 M€/actuación.

De estas inversiones previstas  7.724 millones de euros serán para obras titularidad de la Administración General del Estado, el 39%,  7.328 M€ para obras de titularidad de las CCAA, el 37% y 4.754 M€ de titularidad de entes locales, el 23%.

En lo que se refiere al catálogo concesional sobre infraestructuras prioritarias, Seopan ha identificado un conjunto de inversiones prioritarias que representan cerca de 49.000 millones de euros de inversión inicial, con el rango a considerar de tasa de descuento de proyecto antes de impuestos, ello en función de la transferencia de riesgos a realizar al sector privado, plazo de concesión, canon anual a soportar, en su caso, por el concedente público, e ingresos extrapresupuestarios para las Administraciones públicas vinculados al canon.

La patronal ha puesto como ejemplo cómo implementar un plan de inversión inicial de 6.600 millones de euros S/IVA mediante concesión para promover proyectos de depuración y saneamiento con plazo medio de 25 años y tasa de descuento entre el 8% y 12%, implicaría un canon anual medio para las Administraciones Públicas de 600 millones de euros, que de acuerdo a la Directiva marco se deberá repercutir íntegramente a sus usuarios.

Para ello proponen al Gobierno la reactivación del modelo concesional en el que el plazo máximo de cualquier concesión que supere los 5 años de duración esté determinado por la LCSP por el periodo de recuperación de la inversión, cuya tasa de descuento define el RD 55/2017 como la tasa equivalente a la del rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años en los últimos 6 meses, incrementada en un diferencial de 200 puntos básicos.

Ello implica utilizar una tasa equivalente al 2,70% muy inferior a la rentabilidad actual del capital requerida por un inversor, que en España se sitúa en el entorno del 7,4%, en línea a la de otras economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Noruega, y ello a pesar de que nuestra prima de riesgo de mercado es 100 pb superior a la de dichos países.

Se ha elevado al Gobierno una propuesta para modificar el cálculo de dicha tasa de descuento que debe estar referida a la tasa libre de riesgo a 30 años en lugar de a 10 al tratarse de modelos de inversión que operan en el largo plazo e incorporar un diferencial equivalente a la prima de mercado de España, que se debería actualizar periódicamente, en sustitución del diferencial de 200 pb recogido en el RD 55/2017.

Saneamiento y depuración entre las inversiones prioritarias para el sector

Seopan ha elaborado un informe para la Administración en el que identifica las inversiones más urgentes detectadas para cumplir la Agenda 2030, que representan más de  243.000 millones de euros repartidos en 23.825 millones de euros en Agua y Medioambiente, que permitirían cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la CE en depuración y tratamiento de residuos, 58.322 millones de euros en infraestructuras de transporte para garantizar una movilidad sostenible y segura, recuperar inversiones en infraestructuras de transporte público, actuar en la red viaria convencional para reducir la fatalidad e invertir en la red ferroviaria convencional y en estaciones de transporte intermodal para promover el transporte ferroviario de mercancías.

Destacan también 134.118 millones de euros para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en materia de eficiencia energética, energía renovable, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura de recarga para garantizar la movilidad eléctrica, 21.400 millones de euros en infraestructuras de salud para reforzar la capacidad de nuestro sistema hospitalario e igualar nuestra capacidad asistencial al ratio medio de la OCDE y 6.000 millones de euros en creación de infraestructura verde en entornos urbanos.

«Las subvenciones enfocadas a la creación de infraestructura por valor de 1.802 millones de euros en materia de depuración, saneamiento, reutilización, inundaciones y protección costa son insuficientes para garantizar el cumplimiento del tercer ciclo de planificación hidrológica»
En lo que se refiere a las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas el informe de Seopan valora las inversiones previstas por el Ministerio de transición Ecológica en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, concretamente las previstas en el componente 5 de Preservación del litoral y recursos hídricos que incorpora varias componentes con subvenciones enfocadas a la creación de infraestructura por valor de 1.802 millones de euros en materia de depuración, saneamiento, reutilización, inundaciones y protección costa, siendo insuficientes para garantizar el cumplimiento del tercer ciclo de planificación hidrológica que prevé mas de 26.000 millones de euros de inversiones en 2022/2027.

Núñez ha insistido en que esta inversión insuficiente supone que se estaría confiando en los fondos de cohesión del nuevo plan plurianual para resolver el déficit inversor, renunciando con ello a la inmediatez del PRTR y subvenciones.

Igualmente considera insuficientes las subvenciones para cubrir el gap inversor en infraestructuras de Plantas de tratamiento Mecánico Biológico (1.304 M€) y de Valorización Energética (5.218 M€) y cumplir la Directiva de tratamiento de residuos las previstas en el componente 12 de Política Industrial España 2030 Economía circular.



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