Tras el éxito de la reciente Operación Mizu, que ha paralizado 1.500 extracciones de agual ilegales, conocemos de la mano del Seprona las claves de esta intervención y el incremento que han sufrido en los últimos años los delitos medioambientales en España, los más lucrativos tras el tráfico de drogas y la falsificación
El hecho de que España, en su condición de país mediterráneo esté sometido a un elevado estrés hídrico, con regiones donde la escasez de agua convive con el desarrollo de los cultivos de regadío, ha propiciado un incremento de los delitos relacionados con la usurpación, defraudación y sustración de agua.
Los últimos días el Seprona ha ocupado muchos espacios en los medios de comunicación, por el desarrollo de la “Operación Mizu” que durante cinco meses se ha dedicado a controlar e inspeccionar instalaciones de extracción de recursos hídrico. Pero son más los delitos contra la naturaleza que persigue el Instituto Armado por ser los terceros más lucrativos tras el tráfico de drogas y la falsificación.
La sargento de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Ana Prieto Rego destaca en una entrevista concedida a El Ágora que “los delitos contra la naturaleza en España son rentables, por el bajo riesgo que implican y la laxitud de las penas, por eso según los datos de Interpol en nuestro país los delitos medio ambientales ocupan el tercer lugar de los más lucrativos por detrás del tráfico de drogas o la falsificación”.
La sargento Prieto Rego ha explicado que por la situación geográfica de España, el país está expuesto a «condiciones medio ambientales sobresalientes, especialmente en lo referente a la escasez de los recursos hídricos y los incendios«.
Para la sargento del Instituto Armado estos delitos ambientales son muy lucrativos en España, «porque implican un bajo riesgo para el delincuente, por la dificultad de demostrar los delitos contra el entorno o los recursos o la laxitud de las penas impuestas».
Sin embargo, el contexto de cambio climático y la cada vez mayor concienciación social en aras a proteger la naturaleza ha permitido un importante desarrollo normativo, tanto traspuesto desde la Unión Europea como en la propia evolución de la normativa nacional y autonómica o local.
«Los delitos contra el medio ambiente son los terceros más lucrativos del mundo»
Aún así, los delitos relacionados con el medio ambiente ocupan la tercera posición en la lista de los delitos «más lucrativos del mundo», sólo por detrás del tráfico de drogas y la falsificación de documentos, e incluso «por delante de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos», afirma Prieto Rego.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), los delitos medioambientales han aumentado exponencialmente en los últimos años, con un crecimiento de hasta varios dígitos amparado por un marco regulatorio insuficiente y una tipificación y sanción de los delitos que, en muchos casos, es administrativa en vez de penal.
Además, la focalización de recursos de investigación policial y judicial en otros ámbitos como el tráfico de drogas y/o de personas, así como la consideración de los delitos ambientales como de bajo riesgo en comparación con otras tipologías delictuales, han facilitado el surgimiento de organizaciones criminales especializadas en minería ilegal, deforestación y tráfico de especies protegidas, entre otros.
La Operación Mizu es un ejemplo de la situación hídrica que atraviesa España. La escasez de agua y el desarrollo del regadío han multiplicado los delitos relacionados con el agua. Por ello, el Seprona ha puesto el foco en el control y la inspección de las extracciones hídricas.
Operación Mizu
Prieto ha destacado que durante los cinco meses en los que se ha desarrollado la operación en todo el territorio nacional se han realizado 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de aguas.
El Seprona ha formulado 2.198 infracciones, la mayoría administrativas, catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas, pero también a la normativa sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio.
Concretamente, ha precisado la sargento Prieto Rego, carencia de autorización, cambios no permitidos en el uso del suelo, ausencia de contadores, sobreexplotacion de los recursos hídricos o falta de medidas de seguridad.
Pero también delitos con responsabilidad penal como la sustracción o defraudación de agua y atentados contra los recursos naturales y medio ambientales.
La operación ha permitido localizar 1.410 pozos y 47 balsas de regadío ilegales en una campaña de inspecciones que se ha saldado con 107 personas investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua.
En este sentido, desde el Seprona destacan como uno de los delitos más frecuentes la perforación de pozos para la captación de agua subterránea, una actividad ilegal que ha dado lugar a múltiples perforaciones por toda la geografía española.
Pozos que, a su vez, conllevan un riesgo importante para personas y animales una vez abandonada la actividad, resalta Prieto-Rego.
La Operación Mizu, desarrollada en el marco del Proyecto Life Guardianes de la Naturaleza, ha permitido tener una visión general del problema de los pozos ilegales en España, algo que no ocurre en otros países de nuestro entorno.
Una de las conclusiones es que el mayor número de infracciones detectadas no se ha producido en regiones con mayor estrés hídrico.
De hecho , en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil la provincia que más infracciones ha acumulado ha sido Valladolid (con 266), seguida de Málaga (175), Murcia (131) y Badajoz (122).
Esto hará que el Seprona se plantee nuevas operaciones similares a Mizu aplicadas en todo el territorio, apunta la sargento Ana Prieto-Rego, que insiste en que el tema del “agua, en tanto que recurso imprescindible para la vida y el desarrollo, junto con los incendios forestales serán elementos donde se acentuarán aún más los impactos del cambio climático y hay que protegerlos”.
Seprona: 32 años protegiendo la Naturaleza
El Seprona, la primera policía judicial en defensa el medio ambiente, que cumple 32 años de servicio en la protección de la naturaleza, también lleva a cabo medidas dirigidas contra el cambio climático» y en los últimos diez años se han incentivado «iniciativas contra las emisiones y las sustancias que agotan la capa de ozono, entre otras”.
La misión del Seprona desde su creación en 1988 es velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza.
A día de hoy cuenta con casi dos mil miembros que, además de su responsabilidad en la protección del entorno natural, de su flora y fauna, también participa en campañas de concienciación, actividades de protección, infracciones administrativas y en la investigación de actividades criminales medioambientales.
El Servicio lucha además contra vertidos y contaminación del medio ambiente, el comercio ilegal de especies protegidas, actividades cinegéticas y de pesca irregulares, defensa de los espacios naturales, la prevención, investigación y extinción de incendios.
