El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha localizado 1.410 pozos y 47 balsas de regadío ilegales en una campaña de inspecciones que se ha saldado con 107 personas investigadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua
La Dirección General de la Guardia Civil ha informado de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha procedido a la detención e investigación de 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua.
Estas detenciones se producen en el marco de la operación Mizu, encaminada a vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y los superficiales dentro de las actuaciones del Proyecto Life Guardianes de la Naturaleza en que el cuerpo armado participa como socio beneficiario.
Durante los cinco meses en los que se ha desarrollado la operación se han realizado 1.800 inspecciones para la localización de pozos ilegales e investigación de las extracciones ilícitas de aguas.
El Seprona ha formulado 2.198 infracciones, la mayoría catalogadas como incumplimientos a la normativa sobre aguas, pero también a la normativa sobre minas y urbanismo y ordenación del territorio.
La Guardia Civil recuerda que “la reciente aceleración del cambio climático, junto con el exponencial cambio de cultivos que se vienen produciendo en determinadas zonas, acompañado de una subida generalizada de las temperaturas, especialmente en el Mediterráneo, ha dado paso a una sobreexplotación del recurso hídrico fundamental para la vida, el agua”.
Uno de los métodos más usados recientemente es la perforación de pozos para la captación de agua subterránea, una actividad ilegal que ha dado lugar a múltiples perforaciones por toda la geografía española.
Pozos que, a su vez, conllevan un riesgo importante para personas y animales una vez abandonada la actividad, resalta el Seprona.
Entre las actuaciones realizadas, destaca la del acuífero del Parque Nacional de Doñana, donde se detectaron 28 excavaciones y 37 pozos ilegales.
En el curso de la operación, que aún se encuentra abierta, se ha procedido a la investigación de 13 personas jurídicas y 16 personas físicas.
Mientras, en Lucena del Puerto (Huelva), agentes del Seprona, con el apoyo de otras unidades de la Guardia Civil y del personal de la Agrupación de Reserva y Seguridad, procedieron a la clausura de 77 pozos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , todo ello a raíz de unas acciones iniciadas en 2012 que dieron lugar a una de las investigaciones más importantes llevadas a cabo contra la extracción ilegal de aguas.
En Murcia, el Seprona finalizó una operación que llevaba desarrollando desde 2017 y localizó y precintó 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares.
Muchas de las desalobradoras se encontraban en el interior de zulos camuflados en el subsuelo para evitar su detección, y otras incluso estaban instaladas sobre remolques de vehículos.
Los pozos ilegales una amenaza para los recursos hídricos
La operación Mizu se enmarca dentro de las específicas para la reducción de delitos contra la fauna y destrucción de hábitat, así como para el esclarecimiento de la responsabilidad penal en este tipo de delitos, recuerda la Guardia Civil.
Son actuaciones previstas por el proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental, financiado por la Unión Europea, y en el cual el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil participa como socio beneficiario.
Tras realizar una encuesta en 2017, el Ministerio de Medio Ambiente concluyó que en España hay más de un millón de prospecciones que se hicieron en busca de agua, la mayoría sin precintar, una cifra que sigue aumentando a medida que pasan los años.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil calculan que en cada provincia se cavan entre veinte y treinta pozos cada mes.
