Una subida de siete céntimos cubriría la inversión del agua urbana

Una subida tarifaria de siete céntimos cubriría la necesidad de inversión del agua urbana

Garantizar la sostenibilidad del ciclo integral del agua en España requiere unas inversiones anuales cercanas a los 2.900 millones de euros, casi el doble de las cantidades invertidas en los últimos años. Para afrontarlas el sector apunta a que es necesario un incremento de siete céntimos de euro los 1.000 litros, el 60% más que la factura que pagamos los consumidores, que hoy es la más barata de Europa


Los niveles actuales de inversión en el ciclo integral del agua urbana resultan claramente insuficientes para afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sector, como son la renovación de unas redes cada vez más obsoletas o los más exigentes requerimientos regulatorios en materia de depuración, potabilización y de calidad del agua.

Según se desprende del informe Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, realizado por la consultora PriceWaterhouseCoopers para la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de empresas gestoras de los servicios de agua urbana (AGA), las necesidades de inversión en el ciclo del agua se estiman en 2.900 millones de euros al año.

AEAS estima las necesidades de inversión anuales en el ciclo urbano del agua en 4.900 millones de euros para la próxima década, lo que supondría doblar el nivel de inversión anual medio similar al periodo anterior

El informe trata de buscar soluciones que permitan abordar el déficit de inversión que arrastra el ciclo del agua en España que oscila entre el 70% y el 80% de las necesidades.

A raíz de la crisis de inversión del sector se han visto reducidos notablemente los recursos financieros desde los 3.800 millones de euros anuales de media que estuvieron disponibles entre 2003 y 2008 a los 1.700 millones de euros entre 2012 y 2016.

La principal causa de esta caída es una menor inversión por parte de las administraciones públicas, consecuencia a su vez de las restricciones presupuestarias y las menores trasferencias europeas.

Esta caída ha llevado a que los niveles de inversión de España hayan pasado del 0,36% del Producto Interior Bruto (PIB), por encima de la media europea en 2007; al 0,14% del PIB en 2014 un 45% menos que la media de los países europeos.

Estos niveles tan bajos de inversión afectan negativamente a la gestión del ciclo en forma de incrementos de los costes de operación y mantenimiento, un mayor deterioro de las infraestructuras y dificultades para introducir los necesarios avances tecnológicos ya existentes en la industria.

Estas carencias se traducen en un incremento de los costes operativos y de mantenimiento que casi doblan los valores europeos en términos de gasto por kilómetros de red.

En términos medioambientales se traduce en un estancamiento en las pérdidas de agua, que en España llegan al 25% del consumo total, la calidad de la depuración que en nuestro país incumple los objetivos legales establecidos y queda en el 38%, los niveles de stress hídrico que superan el 50% de media, la disponibilidad de agua o la obsolescencia de la red que supera los 30 años de antigüedad.

Las patronales del sector del agua urbana estiman que las necesidades de inversión anuales se sitúan en 4.900 millones de euros: el doble de los destinados en los dos últimos años. De esta cantidad 1.900 millones de euros se contemplan en los Planes de Cuenca pendientes de ejecutar. Otros 2.200 millones de euros para las necesidades de renovación de las redes de distribución y alcantarillado; 500 millones de euros en inversiones de carácter operativo y otros 300 millones de euros para cumplir con la legislación en calidad de los recursos hídricos.

El informe señala que la vía de financiación más factible para financiar estas inversiones necesarias es una subida escalonada de las tarifas.

El peso del recibo del agua en la renta familiar española es del 0,9%, muy por debajo del 3% fijado por Naciones Unidas para garantizar el derecho de acceso al agua

A pesar de la dispersión tarifaria, España cuenta con uno de los precios más bajos del agua en Europa casi un 45% más barata que la media comunitaria.

Así, frente a los 2,2 euros por metro cúbico que pagamos los españoles en países como Francia, Reino Unido o Alemania pagan entre 3 y 4 euros el metro cúbico.

Además, el esfuerzo que hacemos los españoles para pagar la factura del agua en función de la renta media apenas llega al 0,9% de la renta anual familiar, esto representa un índice de esfuerzo muy por debajo de lo que hacemos para pagar el teléfono o la electricidad en España.

Esta diferencia entre las tarifas del agua españolas y las de otros países es que aquí no repercutimos la recuperación de costes que establece la Directiva Marco del Agua (DMA) ni la financiación de las inversiones o costes operativos, y de ahí el margen que proporcionan las tarifas para cubrir esos 2.900 millones de euros de inversiones necesarias al año en el ciclo del agua.

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Según el informe de PWC para AEAS para cubrir las inversiones necesarias en los próximos 10 años la factura del agua tendría que incrementarse un 60% de 2,2 euros el metro cúbico a los 3,62 euros por metros cúbico, lo que supone apenas 7 céntimos anuales por cada mil consumidos.

Esta tarifa se equipara con los niveles medios de la Unión Europea ( 3,5€/m3) y la subida no comprometería el principio de asequibilidad del agua establecido por la ONU en el 3% de la renta disponible de un hogar, ya que hoy nos situamos en el 0,9%.

Los expertos apuntan, además, que esta vía de financiación es compatible con cualquiera de los modelos de gestión existentes en España ( públicos, mixtos o privados).

El informe recoge otras medidas a medio y largo plazo para garantizar la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental del ciclo urbano urbano del agua como un marco regulatorio que garantice la recuperación de costes de las cuotas del agua en inversiones infraestructurales, incentivos para iniciativas supramunicipales que puedan afrontar estas necesidades del servicio del agua, la creación de un Fondo Nacional de Financiación para estas infraestructuras o la figura de un organismo regulador independiente.



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