Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial despertaron en la comunidad internacional un sentimiento de indignación y rechazo que, más tarde, cimentaría los pilares de lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se trata un documento que marcó un hito dentro de la historia de los derechos humanos al establecerse por primera vez “aquellos derechos inalienables para cualquier persona, independientemente de las condiciones tangibles e intangibles que manifestase”.

De hecho, tal fue la repercusión del acontecimiento que, desde 1948, la ONU decidió recordar cada 10 de diciembre como el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, una jornada que, tras 72 años de vida, este 2020 cobra un especial significado al quedar muchos de los derechos que realza pendientes de un hilo debido a la pandemia de coronavirus.

“La crisis de la COVID-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada, y otras brechas en la protección de los derechos humanos”, declara la organización internacional.

Para la ONU, solo las medidas destinadas a cerrar estas brechas y la promoción de los derechos humanos pueden garantizar la plena recuperación y reconstrucción de “un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible” tras la pandemia. Esto es porque los derechos humanos se presentan como la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y estos, a su vez, como el motor que estimulan los derechos humanos básicos.

Sin embargo, no se nos puede olvidar que el combustible de toda esta ecuación reside nada más y nada menos que en el agua y el saneamiento, al ser dos elementos considerados desde el 2010 como “esenciales para la realización de todos los derechos humanos y, sobre todo, poder garantizar una vida digna”, tras la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU.

En este sentido, tan solo hace falta ver los fuertes vínculos que existen entre el ODS 6, dedicado al agua y el saneamiento, con el resto de los objetivos de la Agenda 2030 para comprobar la verdadera relevancia de estos dos derechos humanos tan básicos. En especial, este año ha quedado más de manifiesto la sinergia con el ODS 3, relativo a la salud humana, tras quedar patente la efectividad del agua y el saneamiento de calidad como herramientas de prevención frente al coronavirus.

Sin embargo, que estos dos elementos sean catalogados a la altura de los derechos humanos no es sinónimo de que estén garantizados en muchas partes del mundo ya que, según el informe sobre el cumplimiento de los ODS 2020, aún quedan unas 2.200 millones de personas que carecen de agua potable gestionada de forma segura, y aproximadamente 4.200 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento.

No obstante, y a pesar de la urgencia que presentan las cifras, la ONU señala que en los últimos años se han llevado a cabo importantes progresos que, por ejemplo, han impulsado a que un 10% más de población mundial goce de agua potable en los últimos 17 años.

Avances que no hubiesen sido posible sin los esfuerzos coordinados de un sector, el del agua, que, aunque invisible, se sitúa a la vanguardia en la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, gracias al trabajo continuo con la sociedad civil y, en concreto, con las asociaciones no gubernamentales.

“Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 ha habido un llamamiento para una mayor participación pública de cara a la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. La sociedad civil es vista cada vez más como un actor clave en este proceso, complementando la labor de los actores estatales y las organizaciones intergubernamentales”, informa la ONU.

Dentro de esta creciente esfera de colaboración, el tercer sector ha iniciado infinidad de proyectos encaminados a salvaguardar el derecho al agua potable y el saneamiento. Es el caso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una ONG que, en vista de las importantes amenazas que sufrían los niños, en 2019 decidió centrarse en cinco áreas clave: agua, saneamiento e higiene; reducción del riesgo de desastres; entornos urbanos y sostenibilidad ambiental, con el fin de lograr lo que ellos denominan “un ambiente seguro”.

“En 2019, UNICEF llevó a cabo iniciativas encaminadas a lograr un ambiente seguro y limpio para los niños en 145 países con un gasto de 1.120 millones de dólares”, expresa la ONG en su informe anual del 2019.

Asimismo, esta misma organización promovió en Sudan, en materia hídrica, un nuevo enfoque para aprovechar las cuencas receptoras de agua de lluvia a nivel del suelo y en otros 27 países, la ONG encargó controles independientes para probar la sostenibilidad de los sistemas de agua, cuyos resultados se están utilizando para mejorar el resto de los programas.

Por otro lado, impulsó un plan de acción para eliminar la defecación al aire libre en 26 países con altas cargas de morbilidad, como es el caso de Nigeria, donde, gracias a los esfuerzos de la ONG, 4.781 comunidades pudieron detener el año pasado esta práctica insalubre.

Latinoamérica ha sido tradicionalmente otra de las regiones donde más programas se han impulsado de cara a hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento, y es que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el acceso al agua segura y de calidad en Latinoamérica y el Caribe está por debajo del 80%, mientras los servicios de saneamiento óptimos no llegan todavía ni al 50% de los ciudadanos”.

Así, por ejemplo, UNICEF y la Fundación Aquae han apostado por un intenso modelo de colaboración y cooperación público-privada para impulsar, desde 2014, proyectos encaminados a garantizar agua y saneamiento a más de 25 comunidades rurales de la Amazonía peruana, reduciendo asimismo las altas tasas de desnutrición infantil.

“La letrina es importante para todo. Con ella nos enfermamos menos, las casas están más limpias, y hasta nos organizamos mejor. Antes, en las asambleas de la comunidad, algunos se marchaban para hacer sus cosas, y ya no volvían. Ahora siempre vuelven”, señala Wilfredo, fundador de la comunidad shipiba de Bena Gema, una de las beneficiadas por este proyecto.

En Perú solo el 70,5% de la población que vive en zonas rurales tiene acceso al agua potable, mientras que la cobertura de saneamiento alcanza solo a un 23%: “Apenas el 10% de los niños y niñas indígenas de 3 a 5 años tienen acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas”, señala la Fundación.

Por ese motivo, ambas organizaciones decidieron poner en marcha un proyecto que se ha ido extendiendo por distintas comunidades, y que ha dotado de instalaciones seguras a los casi 7.000 habitantes regionales. “La gente de otras comunidades viene aquí para ver nuestra letrina”, comenta con orgullo el jefe de Bena Gema. “Todos quieren una como la nuestra. Ahora nuestro objetivo es que cada familia en el pueblo tenga una”, añade.

Manos Unidas es otra de esas ONGs que se esfuerzan por garantizar el derecho al agua y saneamiento de calidad. En concreto, durante el 2019 llevaron a cabo 36 nuevos proyectos que recibieron parte de los más de 1.500.000 euros invertidos por la organización: “En total, se beneficiaron más de 130.000 personas durante aquel periodo de tiempo”, señala Manos Unidas.

Uno de sus proyectos más relevantes radicó en la instalación de 100 sistemas familiares de purificación de agua de lluvia en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonia ecuatoriana. Según explica la ONG, en aquel lugar, las petroleras contaminaron cada palmo de agua, negando este derecho a sus habitantes desde hace más de tres décadas.

12.000 kilómetros hacia el este, en África, iniciaron en el 2018 un proyecto por valor de 54.000 euros en el condado de Narok, en el sur de Kenia, con el que construyeron letrinas separadas por sexos y sistemas de recogida y abastecimiento de agua potable.

Según confirma la ONG, la iniciativa apoya a 1.359 alumnos y al profesorado de tres escuelas rurales e, indirectamente, a 1.000 personas más: “Nuestro objetivo es que las niñas vayan a la escuela de forma segura y terminen sus estudios. La mejora de las condiciones sanitarias y el acceso al agua potable, curiosamente, es la estrategia para lograr esta meta”, señalan.

Sin embargo, el trabajo de campo no es el único camino que eligen estas organizaciones. Water.org, por ejemplo, se presenta como una organización mundial sin ánimo de lucro que ayuda a las personas a acceder al agua y al saneamiento a través de financiamiento asequible, como lo son “los pequeños préstamos”, tal y como explican.

Alice, una mujer de Kenia, es una de las muchas personas que han recibido ayuda de esta organización. En su caso, Alice cada día debía andar varios kilómetros en busca de agua con la que alimentar a su familia, plantas y ganado. En las estaciones secas, se las ingeniaba para recolectarla de la lluvia y, en el peor de los casos, se veía obligada a pagar 60 dólares al mes a un transportista para que le entregase 600 litros de agua.

Water.org se dio cuenta de la necesidad de Alice y le proporcionó un pequeño préstamo de 20 dólares mensuales para costear un depósito de 8.000 litros de agua para no depender de nadie más y tener un abastecimiento más que suficiente durante todo el año.

“Alice no solo ahorra 40 dólares al mes, sino que ha logrado encontrar una vía para disponer de agua con la que cultivar y beber durante todo el año. Sin el agua, es posible que ahora no tuvieran ni plantas ni animales en su casa”, comenta wáter.org.

Si bien se tratan de casos de éxito, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF advierten que esta guerra no se puede ganar con acciones aisladas y que es necesario que los gobiernos de todo el mundo comiencen a demostrar su liderazgo para acelerar no solo la ejecución de nuevos proyectos, sino la inversión necesaria para llevarlos a cabo.

Asimismo, argumentan que tampoco hay que dejar de lado al sector privado, sino estrechar los lazos con las empresas de los sectores implicados para allanar el camino hacia el cumplimiento del ODS, en un alarde por demostrar nuestra implicación con ese objetivo número 17 sobre alianzas.

“Es totalmente posible conseguir grandes avances en materia de agua y saneamiento en unos pocos años, siempre y cuando la sociedad civil, las empresas privadas y los gobiernos se unan y cooperen en favor de un objetivo común”, aclara la ONU.