Según un informe especial que publica el Tribunal de Cuentas Europeo, las políticas europeas actuales no pueden garantizar el uso sostenible del agua por parte de los agricultores, por lo que es necesario un nuevo enfoque que privilegie la eficiencia con técnicas como la reutilización
Sin mejorar la eficiencia de los recursos hídricos, es imposible tener una política agraria sostenible. Esto se debe a que los agricultores son grandes consumidores de agua dulce: una cuarta parte de la captación de aguas en la Unión Europea (UE) corresponde al sector de las actividades agrícolas, cuya actividad repercute tanto en la cantidad de agua como en su calidad a través por ejemplo, de la contaminación causada por abonos y plaguicidas. A pesar de esta situación, actualmente la política agrícola de la UE fomenta y, con demasiada frecuencia, apoya un mayor uso de agua, pero no más eficiente, según un informe especial que publica el Tribunal de Cuentas Europeo esta semana.
«El agua es un recurso limitado, y el futuro de la agricultura de la UE depende en gran medida de que los agricultores la utilicen de manera eficiente y sostenible» afirma Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Sin embargo, hasta la fecha, las políticas de la UE no han contribuido suficientemente a la reducción del impacto de la agricultura en los recursos hídricos», asegura esta analista, que considera que aunque la Directiva Marco del Agua (DMA) actual establece garantías contra el uso no sostenible del agua, el empeño de los Estados miembros de conceder numerosas exenciones a la agricultura al permitir la captación de aguas dificulta la aplicación de este principio.
Los auditores constataron que se conceden con gran generosidad a los agricultores estas exenciones, incluso en regiones con estrés hídrico, mientras que algunas autoridades nacionales apenas imponen sanciones cuando detectan usos ilícitos de agua. Y es que, pese a que la DMA también exige a los Estados miembros que asuman el principio de «quien contamina paga», el agua sigue siendo más barata si se utiliza para la agricultura, y muchos Estados miembros todavía no aplican a este sector el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua como lo aplican en otros sectores. En este sentido, los auditores señalan que a los agricultores no se les factura el volumen real de agua que utilizan.
Sin embargo, el mayor punto negro según el Tribunal de Cuentas Europeo se encuentra en las ayudas que proporciona la UE en virtud de la PAC, que a pesar de estar destinadas a los agricultores no están supeditadas al cumplimiento de las obligaciones que fomentan el uso eficiente del agua. De hecho, algunas de estas ayudas se conceden a cultivos intensivos en agua, como el arroz, los frutos de cáscara y las frutas y hortalizas, incluso en zonas con estrés hídrico. Además, los auditores constatan que el mecanismo de condicionalidad de la PAC (vinculación entre los pagos y determinadas obligaciones medioambientales) apenas tiene repercusión. Esto se debe a que los requisitos no son aplicables a todos los agricultores y, en cualquier caso, los Estados miembros no llevan a cabo controles suficientes ni comprobaciones adecuadas para disuadir realmente del uso no sostenible del agua.
La PAC, además de otorgar pagos directos, financia inversiones de los agricultores y prácticas agrícolas, tales como las medidas de retención del agua, que pueden tener un impacto positivo
en el uso del agua, pero los agricultores no suelen aprovechar esta posibilidad, y los programas de desarrollo rural raramente apoyan las infraestructuras de reutilización del agua. La modernización de los sistemas de riego existentes tampoco implica siempre un ahorro general de agua, ya que el agua ahorrada puede redirigirse a otros usos, como, por ejemplo, cultivos más intensivos en agua o el riego de una superficie mayor. Asimismo, la instalación de nuevas infraestructuras de riego que amplíen la zona de regadío probablemente incremente la presión sobre los recursos de agua dulce.
Apostar por la reutilización
En general, los auditores afirman que, sin duda, la UE ha financiado explotaciones y proyectos agrícolas perjudiciales para el uso sostenible del agua a través de la PAC, pero apunta que este mecanismo se puede reformar para privilegiar una mayor eficiencia en los recursos hídricos. En mayo de 2020, la UE adoptó un Reglamento sobre la reutilización de las aguas residuales para el riego agrícola en el
que se establecen una serie de requisitos mínimos de calidad y control del agua, gestión del riesgo y transparencia, y será aplicable a partir de 2023. De acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión el Reglamento permitirá reutilizar más del 50% del volumen total de agua disponible teóricamente para el riego procedente de estaciones depuradoras de aguas residuales en la UE y evitar más del 5% de la captación directa de masas de agua y aguas subterráneas, lo que se traducirá en una reducción del estrés hídrico global superior al 5%.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que la PAC puede financiar infraestructuras de depuración de aguas para la reutilización del agua residual con fines de riego. El informe avanza el ejemplo de Chipre, donde los fondos de desarrollo rural se utilizaron para financiar un proyecto de grandes dimensiones que consiste en la construcción de un depósito de agua de 500.000 m³ para almacenar el excedente de agua regenerada y utilizarla en la agricultura durante el verano, así como una red de distribución primaria y secundaria de 20 km que abarca 1.700 hectáreas.
En cualquier caso, las peticiones de esta autoridad europea coinciden en gran medida con la estrategia que se está adoptando en España, que debido a su alto estrés hídrico lleva años siendo el líder europeo en reutilización del agua. Según los datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), nuestro país reutiliza más de 400 hectómetros cúbicos de agua al año, lo que supone aproximadamente el 7% del agua residual tratada. Aun así, el sector considera que existe todavía un alto margen de actuación en cuestiones de reutilización, una idea que se ve ahora respaldada por este nuevo informe.
