El Tribunal Supremo considera fraude de ley el sistema CONGIAC - GIACSA - EL ÁGORA DIARIO

El Tribunal Supremo considera fraude de ley el sistema CONGIAC – GIACSA

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJC que considera fraude de ley el sistema CONGIAC – GIACSA. La decisión compromete la continuidad de esta adjudicación de servicios ya que no respeta la libre competencia y utiliza ilegalmente el sistema de adjudicación directa. El Ayuntamiento de Collbató deberá decidir ahora un nuevo sistema de gestión que cumpla con la ley


Nuevo revés judicial para el Consorcio para la Gestión Integral de Aguas de Cataluña (CONGIAC) y para el Ayuntamiento de Collbató que confirma la ilegalidad de este sistema de adjudicación de servicios.

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Collbató y el CONGIAC-GIACSA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 3661/2020, que considera que el sistema CONGIAC-GIACSA constituye un fraude de ley .

Con esta decisión del Tribunal Supremo, la sentencia del TSJC deviene firme y ahora Collbató debe ejecutarla con un nuevo sistema de gestión del servicio de agua que cumpla la ley. Además, queda absolutamente comprometida la continuidad del sistema CONGIAC-GIACSA.

El CONGIAC es un ente público que agrupa varios ayuntamientos para la gestión del ciclo del agua a través de la empresa GIACSA. Esta empresa está formada por el propio Consorcio y el resto de accionistas son Aguas de Manresa, Aguas de Mataró, Aguas del Prat, Reus Servicios Municipales, y la Empresa Municipal de Aguas de Vilafranca.

La sentencia del TSJC de 21 de septiembre de 2020, relativa a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Collbató de la forma de gestión directa del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del municipio, su adhesión al CONGIAC y el encargo de la gestión del servicio a GIACSA, concluía que el CONGIAC no es una modalidad válida de gestión asociada del servicio público del agua. Se trata de un instrumento fraudulento que sirve a los municipios con empresa pública de agua (Manresa, Reus, Villafranca, etc.) para extender sus servicios más allá del ámbito que les es propio y así convertirse en proveedores de los municipios pequeños, que son clientes.

La sentencia también señalaba que no se podía considerar un encargo de gestión, ya que “se debe realizar a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la Administración, condición que no se da a GIACSA como sociedad mercantil pública sujeto a derecho privado “.

Finalmente, la sentencia determinaba que GIACSA no puede ser medio propio de los ayuntamientos adheridos al CONGIAC por varios motivos. En primer lugar, porque los ayuntamientos no participan en su accionariado ni tampoco tienen un control análogo sobre GIACSA como el que ejercen sobre sus propios servicios internos. En segundo lugar, porque la percepción de un beneficio industrial por parte de GIACSA es incompatible con su condición de medio propio. En tercer lugar, porque GIACSA no presta sus servicios a todos los miembros del CONGIAC, sino sólo a algunos. Y, finalmente, porque GIACSA no dispone de medios para prestar el servicio, sino que ejerce como intermediario de sus accionistas que son las empresas públicas municipales, les facilita encargos e ignora la obligación de los ayuntamientos de convocar licitaciones y de las empresas de concurre -hay, lo que vulnera la normativa de competencia.

De hecho, a raíz de la sentencia del TSJC, el CONGIAC, Collbató y otros 11 municipios (San Lorenzo, Olost, Sant Antoni de Vilamajor, Montornès, Tremp, Bellpuig, Llanars, Camprodon, Figaró-Montmany, Olèrdola y Campdevànol) trataron de subsanar todas las situaciones irregulares y las graves ilegalidades constatadas. Estas enmiendas iban en dos líneas: en primer lugar, los ayuntamientos que inicialmente habían decidido asociarse al consorcio CONGIAC y encomendar el servicio a GIACSA (sociedad del consorcio) delegaron la competencia de agua en el Consorcio, para que fuera este lo que decidiera la mejor forma de gestión y quien encomendara a GIACSA el servicio después de haber demostrado en la memoria económica correspondiente que GIACSA era la forma de gestión más sostenible y eficiente. En segundo lugar, dado que la ley exige que la entidad local debe tener el control sobre el medio propio, el Consorcio pasó a tener el 51% del capital de su empresa GIACSA, y todos los ayuntamientos el mismo número de votos , con la idea de demostrar que hay una situación de control conjunto sobre GIACSA que permitiría considerarla un medio propio del consorcio.

Pero, a pesar de estos esfuerzos, la realidad es que el CONGIAC continúa no siendo una forma de gestión asociada legal o válida en tanto que sus miembros siguen no teniendo un interés común. Asimismo, la delegación de competencias no sería efectiva en los términos exigidos por el Tribunal Europeo de Justicia, ya que es condicionada a que la gestión del servicio sea efectuada por GIACSA. Además, GIACSA tampoco constituye un medio propio de CONGIAC, pues aunque el CONGIAC haya incrementado su participación en el capital de la empresa GIACSA para justificar un posible control análogo sobre la empresa, sigue sin disponer de medios materiales para ejecutar los encargos. Estos encargos continúan prestándose materialmente por las sociedades municipales de los municipios de mayor población. Y sigue recibiendo una retribución como contraprestación de la realización del servicio.

Por tanto, se trata de medidas insuficientes que lo único que hacen es burlar la sentencia del TSJC y que no regularizan la situación de ilegalidad en que está operando el Consorcio CONGIAC y su empresa GIACSA. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Collbató deberá ejecutar la sentencia y optar por un modelo de gestión del servicio de agua que cumpla con el ordenamiento jurídico y, especialmente, con la normativa de competencia.


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