UGT pide al Gobierno conservar los empleos del sector del agua 

UGT pide al Gobierno conservar los empleos del sector del agua 

En una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, la central sindical pone en valor la respuesta que los trabajadores del agua están dando durante la crisis provocada por el coronavirus y reclama que el ciclo integral del agua tenga derecho a recuperar el equilibrio económico del que dependen 40.000 empleos directos


El sindicato UGT ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que pide medidas estructurales que permitan al sector del ciclo integral del agua recuperarse tras la pandemia del coronavirus y conservar los empleos.

Según señala la central sindical en un comunicado, hay que tener en cuenta que el sector supone 40.000 empleos directos, que llegan a los 60.000 con indirectos en toda España. En el sindicato se tiene la sensación de que en las medidas de urgencia aprobadas por el Ejecutivo no se ha considerado los efectos económicos que la crisis sanitaria está teniendo sobre el sector y sus consecuencias sobre el empleo.

Según la UGT, desde que empezó la crisis del coronavirus los trabajadores y trabajadoras del agua se han adaptado con responsabilidad y compromiso a las drásticas nuevas circunstancias de prestación del servicio para garantizar el suministro durante estas semanas de confinamiento. Entre otras medidas, se ha optado por alternativas como el teletrabajo cuando ha sido posible, se han ampliado turnos y organizado equipos de trabajo que, “siguiendo los protocolos sanitarios, han salvaguardado el servicio y algunas de las infraestructuras esenciales de forma presencial”, recuerda la organización sindical.

El sindicato advierte también en la carta de una importante caída del consumo a causa del parón en la industria y el turismo, grandes consumidores de agua. Esto ha inquietado particularmente por el temor a que “un importante número de empresas de los dos ámbitos [públicas y privadas] ya han anunciado la posibilidad de  aplicar descuelgues del convenio colectivo de aplicación, así como de expedientes de regulación temporal de empleo”.

La carta remitida por el sindicato está firmada por el responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT), Pedro Hojas, que reivindica que los trabajadores “han mostrado su capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, para minimizar” el impacto del Covid-19 a través de teletrabajo, ampliación de turnos y creación de equipos para preservar presencialmente infraestructuras esenciales.

Para evitar estas consecuencias UGT plantea en su carta al Gobierno reformar el artículo 34.4 del decreto 8/2020 de medidas socioeconómicas urgentes ante el coronavirus, alegando textualmente que el texto niega al sector el derecho al equilibrio económico, poniendo en riesgo las condiciones y la estabilidad laboral de muchos empleados “que, ante esta medida, se sienten de segunda”.

El artículo 34.4 del Real Decreto

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.

El sindicato UGT considera que el actual redactado del real decreto impide que la emergencia sanitaria “se considere, como prevé la actual legislación, como una situación de fuerza mayor”, por lo que las empresas deberán asumir pérdidas durante más de un año hasta normalizarse la actividad económica, con los consiguientes riesgos para el empleo.

Por eso pide a Ribera modificar la normativa para evitar la regulación del empleo en el sector: así, reclama que “se excluya expresamente” a las empresas del ciclo integral del agua de la posibilidad de que apliquen ERTE a sus trabajadores, alegando que es un sector fundamental.

Pedro Hojas explica que la sociedad no lo entendería y que UGT no puede permitir que la pandemia conlleve recortes de empleo o de condiciones laborales para un sector que “está luchando día a día contra el Covid-19”.

Otra de las cuestiones que señala UGT FICA es que el ciclo integral del agua es uno de los motores hacia una transición ecológica justa y para la recuperación industrial y el mantenimiento del empleo en otros muchos sectores. “Todos los servicios del ciclo integral revierten directamente en los municipios y constituyen un factor de equilibrio presupuestario para las corporaciones locales, además de generar una actividad muy importante en el ámbito municipal”, apunta el sindicato.

La eficacia del sector del agua durante la pandemia

Si hay algo que ha quedado claro en estas semanas de confinamiento en casa por el coronavirus y de estado de alarma ante la emergencia sanitaria provocada por la epidemia es la eficiencia y la universalidad de los servicios públicos esenciales.

Decenas de millones de ciudadanos permanecen en sus casas, teletrabajando o resistiendo a la situación de extrema urgencia que estamos viviendo, sin que la energía, la recogida de basuras o el abastecimiento de agua potable haya dejado de funcionar.

Esto es algo que se debe agradecer a la eficiencia, compromiso y capacidad de respuesta de los responsables de garantizar estos servicios. Empresas públicas y privadas y sus trabajadores, y las administraciones responsables, en un ejemplo mayúsculo de colaboración público-privada, llevan semanas dando lo mejor de sí mismos para garantizar el suministro de servicios básicos a la población.

Las compañías de agua han puesto en marcha importantes esfuerzos logísticos y organizativos, como explicaban en nuestras páginas estos días Santiago Lafuente, director de Aqualia en España y Rubén Díaz, director de Operaciones de Suez Spain.



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