El proyecto de Ley de Ciencia aprobado por el Consejo de Ministros pretende alcanzar el 1,25% del PIB en inversión pública en 2030 y espera completar el objetivo europeo de un 3% del PIB para ciencia e innovación gracias a la inversión privada
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de la Ciencia que busca reforzar la carrera profesional investigadora en España, dotando de mayor estabilidad al personal investigador, reduciendo las trabas administrativas y favoreciendo la transferencia del conocimiento. Además, la nueva norma pondrá el foco en la igualdad, priorizando la «igualdad de oportunidades» de las mujeres en el acceso a una carrera científica, según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Por primera vez, se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB (ahora está en el 0,58 %) en inversión pública para 2030. El objetivo europeo es que la financiación para ciencia, tecnología e innovación sea del 3% del PIB para 2030 y desde Ciencia «aspiramos a que con la inversión privada, podamos llegar al 3% en 2030».
Con una partida presupuestaria sin precedentes, 3.842 millones de euros de los fondos europeos, la futura norma buscar reformular el sistema para reparar el debilitamiento que el sistema científico viene sufriendo desde la crisis económica de 2008. El Ministerio estima que solo en el periodo de 2011 a 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores, forzando la fuga de cerebros de un gran número de personas que se vieron obligadas a buscar una salida a otros países.
El texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y pasará a continuación el trámite parlamentario en Congreso y Senado, donde el Ejecutivo espera recabar «el máximo de los consensos». La ministra ha explicado que la ley recoge el sentir del y sector y subrayó el carácter participativo de la nueva ley, con la presentación de más de 4.000 comentarios por parte de asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual.
A raíz de estas contribuciones, se han incluido novedades a última hora, como que la evaluación de la actividad investigadora pasará a extenderse a un período de cinco años y podrá computar en la retribución salarial. Estas condiciones se extenderán a todo el sistema público de ciencia y universidades, y los investigadores podrán presentar méritos alcanzados en el extranjero, una reivindicación fundamental de los científicos emigrados.
Según destacó Morant la nueva ley, «viene a reparar los fallos» en el sistema de I+D+I, y a «saldar la deuda histórica con las personas que innovan». Asimismo, contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.
Transferencia del conocimiento
Un eje sobre el que se asienta la iniciativa es el relativo a la transferencia de conocimiento, «especialmente perjudicada por la composición de un tejido productivo en su inmensa mayoría constituido por empresas pequeñas, poco intensivas en competencias tecnológicas», señaló Morán. Y es que, según destaca la exposición de motivos, la inversión privada en I+D de las empresas españolas dista 20 puntos de la que realiza el sector público.
En definitiva, y según indica el documento, el panorama de transferencia de conocimiento (patentes, derechos de propiedad intelectual, spin-offs, acuerdos de colaboración, etc.) es «claramente mejorable». Por ello se refuerzan los vínculos bidireccionales entre la ciencia y el ecosistema empresarial, proporcionando incentivos a los investigadores o suprimiendo los obstáculos para realizar transferencia de conocimiento.
