Se celebra hoy el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una efeméride creada en 1998 para comunicar la importancia de tratar de forma óptima los recursos energéticos. Es evidente que un simple criterio de rendimiento económico obliga a ahorrar para reducir el gasto en un insumo tan costoso. Pero el cambio climático ha añadido una razón de peso más: puesto que la producción de energía sigue empleando tecnologías que generan emisiones de CO2 –en España el año pasado el 40% de la generación eléctrica provino de fuentes sucias-, no basta solo con promover las fuentes renovables, sino que también hay que reducir el consumo para evitar que la atmósfera siga calentándose.
Ganar en eficiencia es también una cuestión especialmente estratégica para España. Tenemos una dependencia energética del exterior cercana al 80%. Es una de las tasas más altas de la UE y está un 20% por encima de la media, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. En el caso del gas natural, fuente clave para la generación eléctrica y la calefacción de los hogares, estamos vinculados a Argelia, de donde llegan más de la mitad de las importaciones, y después a Nigeria y Qatar.
A nivel económico, esa dependencia es un lastre para nuestro país. En 2018 España registró un déficit en su balanza comercial de 34.353 millones de euros. Para hacerse una idea, ese mismo año importamos productos energéticos por valor de 47.713 millones, que supusieron el 15% del total de nuestras importaciones. A la vista de este dato, está claro que mejorar nuestra soberanía energética equilibraría la balanza y podría incluso hacerla positiva. ¿Cómo conseguirlo?
El origen de la electricidad en España
El ciclo combinado de gas, con un 21,9 % del total, ha sido la tecnología que más aportó al mix de generación, seguida de la nuclear (21,2 %), la eólica (20,6 %), la cogeneración (11,4 %) y la hidráulica (9 %). Detrás quedó el carbón que, con el 5 % del total de generación nacional se anotó la menor participación de esta tecnología desde que Red Eléctrica tiene registros. La solar superó al carbón, que ya llegó hasta un récord de 5,5 % de la generación eléctrica del país, repartidos en un 3,5% para la solar fotovoltaica y en un 2 % para la solar térmica.
La vivienda, un sumidero de energía
Si hay un ámbito donde resulta fácil disminuir el gasto es la vivienda, dado su gran peso en el consumo total de energía en España. Es en los hogares donde nuestro país emplea el 20% de la energía total que consume cada año, según las estadísticas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por comparación, el combustible empleado en el vehículo privado supone el 15% del total del consumo energético español: quemamos más energía en casa que en el coche.
Para el IDAE, las viviendas son “un depredador de energía”, según dice textualmente su Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios. Y esto es así porque buena parte del parque de viviendas español es antiguo o está mal construido y no cuenta con aislamiento adecuado para evitar las fugas de energía. “La antigüedad del parque de viviendas español influye en gran medida en el despilfarro energético: más de la mitad supera los 40 años de edad”, dice el IDAE.
La mejora del aislamiento térmico de los edificios puede suponer ahorros energéticos, económicos y de emisiones de dióxido de carbono del 30%, por un menor consumo de energía en la instalación”, afirma el organismo público. Para ello, explica el IDAE, hay que aislar térmicamente la vivienda y lograr que los elementos en contacto con el exterior aumenten su resistencia al paso del calor, lo que se consigue incorporando materiales aislantes en muros exteriores, cubiertas, suelos, tabiques y huecos.
Las fugas de energía, al desnudo
Hay un sencillo aparato que permite visualizar una realidad sangrante. Caminar por cualquier ciudad española con una cámara termográfica en la mano ayuda a comprobar de golpe cómo a muchos españoles se les va la calefacción y el dinero literalmente por la ventana o por los tabiques de su casa.
Este aparato capta las emisiones de infrarrojos y mide con ello la temperatura exterior de cualquier cuerpo. Como se ve en la imagen superior, los colores azules indican frío y los amarillos y rojos calor en una escala gradual.
El código cromático puede ser engañoso. Los azules revelan que la pared está fría en su parte exterior. Y eso quiere decir que está bien aislada. Las bajas temperaturas se quedan afuera, pero el calor de dentro no está saliendo a la calle. Son las partes en amarillo y rojo realmente las que están mal pensadas, como es el caso de algunos tabiques exteriores y las ventanas, diseñadas sin el sistema de rotura de puente térmico.
En este tipo de viviendas, el calor de la calefacción atraviesa los muros por falta de aislamiento y sale a la calle. El inquilino está pagando una factura energética más alta de lo necesario para calentar su hogar, porque buena parte de la energía fluye hacia el exterior de su casa y no se queda en el interior.
Muchas viviendas españolas son un agujero negro de energía. La falta de aislamiento hace que resulte mucho más difícil mantener una temperatura de confort en el interior, ya sea calor en invierno o fresco en verano.
Porque no todo es calefacción, sino también refrigeración. De hecho, las pautas de uso energético en España están cambiando. Los informes de consumo anuales que elabora Red Eléctrica en España muestran que los picos de máxima demanda de energía han ido variando en nuestro país. Si hace décadas los récords anuales de demanda instantánea de electricidad tenían lugar en los meses de invierno, ahora estas jornadas de máxima necesidad de abastecimiento se están desplazando al verano.
Inviernos más benignos y veranos más tórridos junto al auge de los aires acondicionados están provocando este cambio de hábitos. ¿Pero cómo se puede refrigerar una casa que transmite la energía a chorros por las paredes? Pues gastando más dinero y generando más emisiones de efecto invernadero, explican los expertos.
Invertir en rehabilitación de viviendas
¿Cuántas casas hay en España que podrían mejorar su eficiencia energética? La respuesta es millones. ¿Cuántas se mejoran cada año? Unas 25.000. Los expertos defienden que se debería multiplicar la cifra por 10 para ponerse al día con las exigencias climáticas y económicas.
Un informe de referencia en la rehabilitación energética de edificios es el elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), un equipo de investigación impulsado por Green Building Council España y Fundación Conama y compuesto por especialistas en arquitectura, energía y urbanismo. El GTR ha elaborado estudios exhaustivos sobre la situación de la rehabilitación de viviendas con el apoyo del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y diversas comunidades autónomas.
“El envejecido parque de viviendas español tiene millones de edificios residenciales construidos con estándares de aislamiento desfasados y que elevan la factura energética de quienes los habitan”, afirma uno de sus trabajos recientes.
¿Cuántas viviendas se rehabilitan?
«Una de las principales características del parque residencial estatal es su antigüedad, ya que el 54% es anterior a 1980. La fecha de 1980 es significativa, tanto porque es el momento en el que resultan obligatorias las primeras medidas de aislamiento térmico en los edificios, cuanto porque agrupa los edificios con una antigüedad suficiente para considerar oportuna una rehabilitación”, afirma el GTR.
Es la cifra que ofrece el informe Diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas, elaborado por el grupo de estudio multidisplinar.
Andalucía, Cataluña, Valencia, Castilla y León y Madrid tienen el 56 % de las viviendas anteriores a 1980, las diseñadas sin criterios de eficiencia energética
Pero las cifras en bruto admiten matices. Las comunidades citadas son también algunas de las más pobladas de España. El informe cruza los datos demográficos con los de viviendas construidas para hacer una estadística más exacta: la de autonomías que mantienen una proporción de viviendas de esa antigüedad superior a la que le debería corresponder en relación al número de edificios y de población que la habita: ahí se llevan la palma Cataluña, el País Vasco, Madrid y Aragón.
En este aspecto, destaca especialmente el parque residencial del País Vasco, que se diferencia como el más antiguo (con el 68,79% anterior a 1980), seguido por el de Cataluña (61,76% anterior a 1980), Aragón (58,42%) y Madrid (58,22%).
Sin duda, el País Vasco, Cataluña y Madrid, que fueron el polo de atracción de la emigración interior durante el desarrollo industrial tras la Guerra Civil, pagan ahora el coste energético de las viviendas construidas a toda prisa para albergar a la población de aluvión. La entrada de Aragón en la estadística tiene que ver con la atracción centrípeta que ejerció Zaragoza sobre el territorio rural aragonés. Hoy en día, la capital maña alberga a más del 50% de la comunidad autónoma.
La normativa ayuda desde hace unos años
España no instauró unas normas básicas de eficiencia energética para edificios hasta 1980. Por eso, los edificios previos a esa fecha constituyen el agujero negro de la eficiencia energética en el parque de viviendas del país. Un sumidero de dinero y una fuente de emisiones constante. El parque inmobiliario de los años 50, 60 y 70, el momento de la gran urbanización de nuestro país, está hecho con estándares del siglo pasado, con criterios de energía abundante y barata.
Las normativas sobre eficiencia en vivienda fueron mejorando desde 1980 y, en 2006, el Gobierno aprobó un nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) más exigente. Esta vez no solo pedía medidas pasivas, es decir, un diseño pensado para evitar fugas, sino también medidas activas. En concreto, obligaba a todo residencial de nueva construcción a instalar placas solares térmicas, que ayudan a calentar el agua sanitaria y los circuitos de calefacción.
De nuevo España llegaba tarde. Cuando entró en vigor ese nuevo código técnico de la edificación buena parte de los cientos de miles de inmuebles construidos durante el boom inmobiliario de fin de siglo ya estaban levantados. Esas viviendas se entregaron con estándares más altos que las de los 80, pero sin obligación de tener un sistema de retorno energético tan sencillo como las placas termosolares en las azoteas, que solo empezaron a ocupar los tejados a partir de 2007.
Actualmente, la norma de referencia es la Directiva de Eficiencia Energética aprobada por la UE en 2012 y que fija objetivos a los países. Al trasponer la norma comunitaria, España implantó la exigencia de que cada edificio cuente con certificados de eficiencia energética (CEE). Estos deberían ser mostrados en todos los actos de transmisión o arrendamiento de viviendas y en los proyectos de nueva planta, explican los investigadores del GTR.
Además, el Estado ha implantado la obligación de realizar un Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) que incorpora una valoración de su rendimiento energético. Por su parte, las comunidades autónomas mantienen la vigencia de los Informes de Inspección Técnica de los Edificios (ITE), que deben incluir tanto el informe de evaluación como el energético. Es una especie de ITV, como la que pasan los automóviles para seguir rodando, pero a la que los usuarios españoles de viviendas no están muy acostumbrados a prestar atención, lamentan los especialistas.
Hace décadas los récords anuales de demanda instantánea de electricidad tenían lugar en los meses de invierno, ahora estas jornadasse están desplazando al verano
De hecho, es una cuestión de sentido común. Cuando alguien compra un coche suele preguntar cuánto consume, pero no está acostumbrado a hacer lo mismo cuando adquiere o arrienda una vivienda. Sin embargo, el resultado es el mismo. Mes a mes, y dependiendo de la eficiencia del producto adquirido, se pagará más o menos para alimentarlo de energía. Y las casas tienen más periodo de uso que los vehículos.
Según datos de la comparadora de seguros Acierto, cada unidad familiar puede ahorrar 2.000 euros al año tomando medidas de eficiencia en el hogar como aislar bien la vivienda, usar electrodomésticos de bajo consumo, lavar la ropa a 40 grados en lugar de a 60, ajustar la temperatura del frigorífico, instalar aireadores de grifos y duchas y optar por bombillas de bajo consumo.
En España falta instaurar, en primer lugar, una conciencia social sobre hasta qué punto el diseño de una vivienda puede ser una carga para el bolsillo del usuario. Y además se requiere implantar una política de Estado que aborde un frente absolutamente necesario para combatir el cambio climático, mejorar la economía de los ciudadanos, modular la balanza exterior del país y ganar en soberanía energética y seguridad, explican los especialistas en este campo.
Colaboración público-privada
En ese sentido, la colaboración entre actores diversos, públicos y privados, es totalmente necesaria, pues se antoja el modo más eficaz de abordar inversiones de gran calado y cuyos retornos, muy beneficiosos, tardan años en alcanzarse.
“Tenemos que reconocer que la rehabilitación de edificios en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. Desde el sector público se ha considerado tradicionalmente que la rehabilitación es una actividad de interés privado, derivada del deber de conservación que la legislación vincula al de propiedad, y por el que se ha velado muy tímidamente desde las administraciones. El resultado está a la vista. El ritmo rehabilitador es muy escaso y de seguir así no podremos cumplir con los compromisos adquiridos con Europa”, afirma Albert Cuchí, profesor de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Catalunya y coordinador de los informes del GTR.
Desde hace años, numerosos actores abogan por poner en marcha una Estrategia de Rehabilitación estatal dotada con recursos procedentes de los Ministerios de Fomento y de Transición Energética, con la participación de las comunidades autónomas y que tenga como fin principal empoderar a los municipios para que estos, desde la proximidad y el conocimiento de la realidad urbana, impulsen procesos de rehabilitación energética apoyando a las comunidades de propietarios.
Apostando por una estrategia que aúne voluntades, la empresa financiera Greenwards Partnerts presentaba ayer una propuesta para movilizar capitales públicos y privados hacia la rehabilitación energética de edificios. “Es imposible que las cuentas públicas financien los 40.000 millones de euros que se necesitarán en España en los próximos 10 años para conseguir los objetivos de eficiencia energética en edificios que ha acordado la Unión Europea. Es imprescindible y urgente hacer las modificaciones normativas que faciliten el flujo de la inversión privada hacia estos proyectos”, afirmaba Eduardo Brunet, CEO de Greenward Partners.
La compañía de inversiones verdes ha elaborado junto al despacho Pérez-Llorca una propuesta de reforma legislativa para crear el marco que facilite el acceso del capital privado a proyectos de rehabilitación energética de edificios. Su propuesta es crear productos financieros que cumplan con las necesidades de inversores y propietarios.
Es un modelo similar al que ya ha movilizado 7.000 millones de dólares en el mercado de EEUU y que permite suministrar la financiación previa necesaria para que las comunidades de vecinos puedan realizar reformas cuyo coste recuperarán con los ahorros en consumo de los años posteriores.
El peligro de la exclusión social
Sistemas de cooperación entre actores como este permitirían no solo movilizar capitales, sino también solucionar algunos de aspectos más dañinos de la falta de eficiencia energética de las viviendas. Habitualmente, quienes ocupan los edificios más antiguos son personas de avanzada edad o de recursos bajos. Son precisamente el tipo de ciudadano que no dispone de recursos para invertir en mejoras. Como consecuencia de ello, padecen peores condiciones de confort y tienen que arrostrar una factura energética más cara por metro cuadrado que aquéllos que disfrutan de hogares más modernos. Se califica de pobreza energética la situación de los ciudadanos en esta condición. La transición energética debe tener en cuenta estas circunstancias para que sea también un cambio justo desde el punto de vista social.
Un estudio elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales señala que hay un 21% de la población española que aborda costes excesivos o innecesarios en el abastecimiento energético de su hogar precisamente por ocupar viviendas anticuadas y de bajo valor inmobiliario.
Por entrañable que pueda parecer visitar al abuelo y sentarse a la mesa camilla con él junto al brasero, la escena no muestra más que una situación de posible exclusión social y de ineficacia en el uso de los recursos. Y con el cambio climático de por medio.
