La movilidad sostenible en España sigue con el freno de mano - EL ÁGORA DIARIO

La movilidad sostenible en España sigue con el freno de mano

La patronal del automóvil advierte de que el escaso desarrollo de infraestructuras de recarga mantiene a España en la últimas posiciones europeas en cuanto a electrificación, aunque también hay importantes disparidades según la comunidad autónoma


El futuro de la movilidad pasa por los coches eléctricos, pero en España aún no estamos preparados para esa transición. Esa es la principal conclusión del informe trimestral de la patronal del automóvil, ANFAC, que valora tanto la penetración de los coches eléctricos como de infraestructuras de recarga en todo el país. Esto significa que la carrera por alcanzar la movilidad eléctrica completa en Europa en treinta años, objetivo declarado del Green New Deal, arranca con España en el furgón trasero en cuanto a movilidad sostenible.

Según el Barómetro de Electro-movilidad elaborado por ANFAC, la demanda de vehículos electrificados en el primer trimestre del año aumentó, pero España sigue sin establecerse como uno de los referentes en cuanto a parque de vehículos electrificado en Europa. Más bien al revés: la penetración del coche eléctrico crece a un ritmo mayor en casi todos los países del entorno europeo. Los mayores ejemplos en este sentido son Noruega y Holanda, que tienen programas concretos de apoyo a la compra de este tipo de vehículos y llevan años aumentando progresivamente la cuota de coches eléctricos en la media nacional.

Pero el verdadero problema parece estar en la creación de una red fiable de puntos de recarga. España se mantiene a la cola de Europa en el indicador de penetración de este tipo de infraestructuras, vitales para que el coche eléctrico sea una opción viable tanto en carretera como en las grandes urbes. Según el barómetro, la extensión de los puntos de recarga ha registrado únicamente una décima de crecimiento respecto al trimestre anterior, lo que nos hace mirar de lejos a pioneros de la electrificación como Noruega, pero que también sitúa España a rebufo de países de nuestro entorno como Francia o Portugal.

Actualmente, España cuenta con más de 7.600 puntos de recarga públicos repartidos por todo el territorio, cifra que se revela insuficiente para poder abastecer la demanda futura que prevé el propio Gobierno. Según lo especificado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico, el objetivo es alcanzar los tres millones de vehículos electrificados de aquí a 2030. Las estimaciones actuales cifran que éstos suman actualmente algo más de 70.000 unidades, un dato que evidencia el enorme reto por delante.

Según ANFAC, para mantener la senda de la electrificación y garantizar la confianza de los usuarios, “es necesario realizar un plan de inversión orientado al desarrollo de las infraestructuras de recarga, siguiendo el ejemplo que se ha tomado en otros países como Reino Unido, Italia o Alemania”. Para lo patronal del automóvil, es imprescindible que las autoridades lancen más medidas de apoyo al desarrollo de estas infraestructuras, tanto en vías interurbanas como urbanas. También piden simplificar los trámites administrativos o la obligatoriedad de la interoperabilidad entre distintos puntos de recarga y modelos de automóvil, con el objetivo de facilitar que el sector privado pueda colaborar en la instalación de los mismos.

Distintas velocidades

Más allá del retraso evidente de la movilidad sostenible en España con respecto al resto de Europa, el otro gran problema de la electrificación del automóvil es las distintas velocidades que llevan las comunidades autónomas, que tienen competencias propias en el desarrollo de las infraestructuras necesarias. Como es lógico, tanto por nivel de renta como por urbanización, Madrid y Cataluña continúan encabezando el ranking nacional. Después aparecen Islas Baleares y Castilla-La Mancha, dos regiones que junto a Cantabria son las que más han aumentado en la penetración de vehículo electrificado en el último trimestre.

Pero la desigualdades en cuanto a infraestructuras de recarga son enormes. En general, Los puntos existentes en la actualidad distan mucho del objetivo mínimo de 110.000 puntos de recarga para 2025 y 340.000 para 2030, que son los hitos que establece el Informe ANFAC Automoción 2020-40 para conseguir las cuotas de mercado de vehículo eléctrico necesarias para la descarbonización del transporte. Pero si se analiza el reparto por regiones, la brecha crece: mientras que en Cataluña hay más de 2.500 puntos de recarga pública, en Madrid, con tan solo un millón menos de habitantes, hay tan solo 900.

En algunas regiones la situación es aún peor. En Galicia, apenas cuentan con 200 puntos de recarga para una población de casi 3 millones, mientras que el País Vasco, con menos habitantes, cuentan con casi 300. Las peores paradas, en cualquier caso, son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen una decena de infraestructuras de recarga entre las dos.

La Ley de Cambio Climático no permitirá la matriculación de vehículos emisores de CO2 a partir de 2040.

Estas disparidades dependen de cómo enfoquen esta problemática cada comunidad autónoma. De hecho, la propia ANFAC señala que los planes propios y las ayudas fiscales de distintas regiones han demostrado ser un buen impulso a la electro movilidad. Por ejemplo, en Cantabria y País Vasco hay planes autonómicos de adquisición de vehículos eficientes, con ayudas a los coches eléctricos y los híbridos enchufables.Y en Navarra o Castilla y León, existen diferentes formas de fiscalidad favorable a la movilidad sostenible, con deducciones fiscales para los que hagan la transición a un vehículo más ecológico.

Quizás la respuesta a esta enorme disparidad entre regiones y al suspenso de España en infraestructuras de recarga se encuentre la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé aprobar “en breve plazo”. Este plan, ha indicado en el Congreso, incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a largo plazo y también “a lo largo de toda la cadena de valor”, con el fin de “posibilitar una rápida recuperación” y “ayudar a realizar más rápidamente la transición a vehículos más sostenibles y limpios”.

Un sector clave

La automoción es sin duda un sector clave para la industria nacional, ya que tiene un peso del 11,2% en el PIB y emplea a 2,5 millones de personas. Sin embargo, su viabilidad ha sido duramente golpeada por la crisis del coronavirus, como demuestra la reciente decisión de Nissan de cerrar su histórica fábrica de Barcelona. A las perspectivas económicas negativas se suma un parón de la producción durante la fase más aguda de la pandemia y, sobre todo, un hundimiento de la demanda que solo en el mes de marzo supuso el 69,3%.

Actualmente, los vehículos de combustión interna siguen copando la industria nacional, ya que suponen el 91% de los vehículos fabricados en España. Por eso es tan necesaria una política activa por parte del Gobierno y las comunidades autónomas que permita avanzar en la transición ecológica hacia la movilidad sostenible, también en la producción. La Unión Europea ya se ha puesto manos a la obra: desde enero de este año, el total de CO2 que emita la media de los coches vendidos por cada marca no debe exceder los 95 gramos por kilómetro. Cada gramo de dióxido de carbono de más supondrá una multa, una norma que hace que las marcas ya prevean sanciones millonarias.

La industria del automóvil en España tiene importantes retos de transformación por delante.

Por ahora, el plan MOVES que preparaba el Gobierno puede ser una pieza clave. Aunque por el momento el proyecto se ha visto retrasado porque el Ministerio de Industria prepara en paralelo un plan de rescate para la industria de la automoción que en teoría englobará a toda la cadena de valor, MOVES supondría un impulso desde el Estado a la movilidad eléctrica y alternativa. Las previsiones hablan de una dotación presupuestaria de 65 millones de euros y ayudas de hasta 5.500 euros a la compra de coches eléctricos.

A las subvenciones recogidas en esta plan se podrán acoger personas físicas y jurídicas, así como autónomos, comunidades de propietarios y el sector público, mientras que su gestión correrá a cargo de las comunidades autónomas en coordinación con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Un primer paso para permitir equiparar los precios de la movilidad eléctrica y hacerlos más accesibles: según la Asociación Empresarial para la Movilidad Eléctrica (Aedive), el elevado precio de adquisición de estos coches “hace que, de momento, no sea una opción de movilidad apta para todos los bolsillos, lo que frena su popularización”.

A la espera de que los planes estatales ayuden a salir a España de la cola de Europa en cuanto a electrificación, lo único que parece claro es que el futuro del automóvil en España será eléctrico o no será. Y queda mucho trabajo por hacer para conseguir una movilidad sostenible.



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