El Grupo Español para el Crecimiento Verde es el primer lobby ambiental formado por empresas. En esta COP25, el sector privado asegura que es «parte del problema, pero también parte de la solución» y aboga por una transición justa
Uno de los principales mensajes de esta COP25 es que la colaboración entre los diferentes sectores va a ser clave si se quieren cumplir los objetivos de reducción de emisiones. Organizaciones internacionales, administraciones, empresas, banca y sociedad civil se necesitan unos a otros para poder elevar la ambición climática y hacer frente al mayor reto que ha conocido la humanidad.
“Somos parte del problema, pero también parte de la solución”, ha asegurado este miércoles Mariluz Castilla, secretaria general del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Esta asociación, que agrupa a más de la mitad de empresas del IBEX35, es el primer lobby verde de origen empresarial que existe en España y ha estado muy presente en esta COP25, ya sea a través de sus principales socios (Ferrovial, Iberdrola, Acciona, BBVA…) o organizando eventos como el de este martes.
En la charla, titulada Crecimiento verde, colaboración público privada y transición justa para acelerar la descarbonización han participado Gonzalo Sáenz de Miera, director de comunicación de Iberdrola, Federico Ramos, director de desarrollo de Suez, Víctor Viñuales, director ejecutivo de Ecodes, Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y Sandra González, directora de banca responsable de Caixabank.
Todos los ponentes han coincidido en que la situación actual es radicalmente mejor a la de hace una década, sobre todo en materia de concienciación. «Esto ha cambiado mucho desde 2012. Tener bancos involucrados entonces era impensable y ahora es normal. Pero aún nos queda aterrizar esto de verdad a la gestión, al día a día», ha explicado Ramos, que fue secretario de estado de Medio Ambiente en el primer Gobierno de Mariano Rajoy.
Ese es el principal escollo: pasar de las palabras a los actos. «No estamos avanzando porque no hay políticas suficientes, que son las que transforman la sociedad. Hay que crear una cultura de cooperación efectiva«, ha lanzado Sáenz de Miera.
Transversalidad ideológica
Para lograr que las políticas ambientales sean efectivas y justas, muchos de los representantes han coincidido en la necesidad de dotar de transversalidad ideológica a las medidas de lucha contra el cambio climático. «Hay que reducir la carga ideológica en este tema. Es un mensaje muy obvio, pero todos tenemos que empujar juntos. Si metemos demasiada carga ideológica, corremos el riesgo de que haya gente que se sienta perdedora en este proceso«, ha advertido Mariano González.
«Europa ha demostrado que el tema climático no puede ser ideológico: el actual proyecto, muy centrado en la transición ecológica, está liderado por una conservadora que ha elegido a un socialista como segundo de a bordo. No hay espacio para sectarismos«, ha añadido Sáenz de Miera.
«En nuestro país tenemos un problema con la colaboración público-privada, porque en todos los sectores hay demasiadas dosis de soberbia y sectarismo. No existe suficiente cultura de cooperación. Hay un enfoque posicional que se basa en el ‘yo con estos no hablo’, en las líneas rojas», ha opinado por su parte Viñuales. El líder de Ecodes cree que es necesario pensar en términos médicos y aplicar «una multiterapia al paciente, porque se ha agravado el diagnóstico». Y, para ello, «los diferentes sectores, como por supuesto las empresas, tienen que salir de la atonía y pasar a la acción.»
Esa necesidad de pasar rápido a la acción también ha sido enfatizada por Sandra González, representante de la banca de inversión. «En el sector financiero hay fondos, hay liquidez yhay tipos de interés muy bajos. Y a pesar de esto, los clientes aún así dirigen sus fondos hacia otro tipo de activos no relacionados con tecnologías sostenibles. Tenemos que cambiar esa tendencia y actuar urgentemente porque esas inversiones van a durar muchos años», ha advertido.
Para González, hacen falta más compromisos como el que ha firmado una parte de la banca española para alinear sus fondos con los objetivos del Acuerdo de París. Pero ha recordado que el sector financiero solo es un «canalizador» y que las normas deben ser fijadas desde fuera.
Una fórmula, según ha indicado Ramos, sería ser más exigentes en los pliegos públicos e incluir obligaciones de sostenibilidad para las empresas, para asegurar que la colaboración público-privada tenga seguridad jurídica y transparencia administrativa. «La administración debería retar más a las empresas y apretar en las licitaciones y solicitudes de fondos. Hay demasiadas inercias y frenos a la contratación», ha opinado.
