Carrera a contrarreloj en Glasgow para cerrar la COP26

No es buena señal cuando al anunciar acuerdos concretos en la línea de reducción de emisiones de CO₂ sobresalen y llaman más la atención las ausencias que las presencias. Ésta es la sensación generalizada a pocos días e incluso horas de que se cierre oficialmente la COP26 de Glasgow, con negociaciones a contrarreloj para intentar con un texto que satisfaga a todos esta cumbre climática. Especialmente tras una jornada que ha estado protagonizada por el pacto de más de una treintena de países y algunas de las principales compañías automovilísticas para eliminar los coches de combustión fósil de sus cadenas de producción en 2035.

Aunque el acuerdo supone un avance en un mundo, el del transporte, que urge descarbonizar, muchos de los grandes productores de vehículos, tanto países como compañías de automoción, no están presentes en él, lo cual indica la fragilidad de esta acción y, lo que es peor, su falta de realismo. Para tener efectividad, es imprescindible que estén países como Estados Unidos, China, o Japón, dado que representan la mayor parte del mercado mundial tanto de fabricación de vehículos como de componentes, otra de las grandes industrias ausentes. Y en el caso de algunos de los países firmantes, lo han hecho con la condición de que se apruebe una línea específica de financiación proveniente de otros países para poderse permitir un cambio tan radical del modelo de movilidad de corto y largo radio.

Además, por si fuera poco, se pretende conseguir este objetivo sin haber tenido en cuenta dos elementos capitales: por un lado, la inclusión a medio plazo del transporte en los mecanismos de comercio de derechos de emisión de CO₂ y, por otro lado, la posibilidad de ampliar el catálogo de ‘energías de transición’ las cuales, con una tecnología de combustión adecuada, puede lograrse una reducción rápida de emisiones prácticamente hasta llegar al ‘net zero’ que se persigue si sólo se contabilizan las emisiones directas de los vehículos. He aquí la otra gran discusión de final de la primera semana de COP sobre si contabilizar todas las emisiones de la cadena de valor o no.

En el primero de los aspectos, es evidente la enorme dificultad de aplicar el principio de “el que contamina paga” en dos sectores vitales para la economía como son el transporte (responsable del 16,2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, de las cuales la gran mayoría provienen del sector del transporte terrestre, un 11,9%) y la edificación (17,5% del total de emisiones). Pero al mismo tiempo, de mantener más tiempo estos sectores “libres” de tener que adquirir créditos de carbono, se perpetuaría una discriminación y unas reglas del juego distintas según qué sector.

Por tanto, existe un dilema difícil de resolver: incluir en el sistema de derechos de carbono al transporte y la edificación, sin soluciones tecnológicamente eficientes y maduras (como sí ocurre en otros sectores dentro del régimen de comercio de derechos de emisión como la generación eléctrica o una parte sustancial de la industria), supondrá un elevado coste para los consumidores y para las empresas.

El segundo de los puntos, relativo a la ausencia de las energías de transición, revela hasta qué punto la declaración está bastante alejada de la realidad, dado el estadio de desarrollo de la tecnología para movilidad eléctrica (no tanto en los automóviles sino muy especialmente en las infraestructuras de recarga y en el origen de la electricidad, no vaya a ser que provenga de quemar combustibles fósiles) y la ausencia de las soluciones de transición como los biocombustibles de segunda generación, donde sí está avanzando el transporte aéreo o marítimo (responsables del 1,9% y 1,7% de las emisiones totales, respectivamente).

Mensajes comunes y discrepancias

La discusión ha llegado a un punto en el que es importante remarcar los mensajes comunes como también los puntos discrepantes por cada actor participante. En este sentido, la jornada del martes 9 fue la más elocuente a este respecto. Al mismo tiempo que el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, asumía el rol de “echar la bronca” a los participantes de la COP26 por la dificultad de alcanzar los objetivos propuestos con las medidas hasta la fecha pactadas, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba la reactivación no sólo de las inversiones en energía nuclear sino incluso de construir nuevas centrales, algo que va diametralmente en contra del discurso puramente ‘verde’ de Timmermans.

Una posición como la francesa choca frontalmente con varios de los puntos destacados en el borrador de declaración conjunta publicado hace unas horas y que corre un riesgo elevado de quedarse en un acuerdo de mínimos sin desarrollar o concretar lo más importante que es el acuerdo sobre los fondos climáticos tanto de países como de instituciones financieras.

En este sentido, pesa (y mucho) el dilema de países tanto desarrollados como emergentes que tienen sobre la reconversión de los sectores que más contribuyen a su PIB sin disponer todavía de alternativas suficientemente realistas y robustas, y al mismo tiempo con un plan de mitigación de los costes sobre los colectivos más vulnerables de la sociedad.

A estas alturas de semana, incluso suponiendo que se alargue la cumbre unos días más después del cierre previsto, es difícil llegar a acuerdos globales que sean algo más que una intención o un par de medidas muy concretas. Quizá haya que ir pensando en acuerdos parciales entre países y sectores que para la próxima COP27 se puedan ir entrelazando y dando sentido entre sí.