Aunque gran parte de esta COP26 de Glasgow parece enfocada en la cuestión de la financiación de la acción climática, que ha sido también el tema principal de este miércoles, también hay importante discusiones sobre un tema clave: qué se considera exactamente verde
En el tercer día de trabajo oficial de la COP26 y tal como marcaba la agenda oficial de la presidencia, se ha hablado y mucho de cómo financiar las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos climáticos. Desde primera hora de la mañana, las delegaciones de varios países, inversores institucionales y entidades financieras, de la mano del exgobernador del BoE Mark Carney, han anunciado nuevos paquetes de financiación mediante dos tipos de fórmulas: por un lado, acuerdos entre países desarrollados y emergentes para financiar políticas climáticas en estos últimos y, por otro lado, políticas y estándares comunes de financiación de proyectos de inversión en función de su contribución a la lucha contra el cambio climático y su potencial «verde».
En el primero de los casos, destaca el acuerdo entre la Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos con Sudáfrica para conceder subvenciones, créditos blandos y otras fórmulas financieras por un importe de 8.500 millones de dólares que impulsen una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 3-5 años, especialmente en fuentes de energía como el carbón (actualmente su sistema energético depende en un 77% del carbón).
Este tipo de partenariado entre países no será la única vez que se vea en esta COP26 en los próximos días, ya que es la petición unánime de los países emergentes, los cuales buscan ayuda de los países desarrollados para cumplir con las metas impuestas tras el Acuerdo de París en 2015.
En el segundo de los casos, el acuerdo de 450 entidades financieras para destinar 130.000 millones de dólares en créditos y facilidades financieras para proyectos ‘verdes’ (casi el doble de lo comprometido hace escasamente unos meses), supone un punto de partida para una mayor participación del capital privado, el cual esperaba (y sigue esperando) una mayor concreción regulatoria que permita dar seguridad jurídica a las inversiones y, específicamente en el caso de los bancos, unos requerimientos de capital y solvencia ajustados a los riesgos que sin duda este tipo de inversiones tiene.
De no ajustarse los criterios aplicados por los supervisores bancarios, los bancos no tendrían incentivos a dar este tipo de préstamos, ya que les supondría tener que dotar más provisiones para cumplir con los buffers regulatorios. Por ello, es importante la voz de los bancos centrales y organismos reguladores que tienen en su mano rediseñar las reglas para dar cabida a una extensión masiva de este tipo de “financiación verde”.
Una disputa clave
El acuerdo de las entidades financieras es un punto de partida, y no un final, ya que ahora se está produciendo una de las más importantes disputas de los próximos meses: a qué se le puede llamar “inversión verde” y a qué no. La Unión Europea (la cual, para lo bueno y para lo malo, va con un notable adelanto con respecto a otras zonas geográficas en materia de cambio climático) está diseñando la denominada “Taxonomía de Finanzas Sostenibles”, la cual en el fondo pretende definir qué tipo de inversiones pueden considerarse como sostenibles, cuáles son los requerimientos que deben cumplir y, de ahí, cómo se evalúa el peso “verde” a la hora de determinar las condiciones financieras de las operaciones: plazos, costes financieros, métodos de amortización, capitalización…
Se trata, al igual que la claridad en los fondos disponibles, de dar seguridad jurídica a qué es “verde” y qué no lo es, ya que hasta la fecha no hay una distinción perfectamente clara. Éste es el punto nuclear de las discusiones, las cuales no se van a resolver durante la COP26, ni probablemente se resuelvan en los próximos meses. Concretamente, en el caso de Europa, hay serias discrepancias sobre qué puede considerarse “verde”, hasta el punto de que a finales del año pasado, la Comisión Europea tuvo que retirar su propuesta antes de someterla al Parlamento y al Consejo por la amenaza de veto de diez Estados Miembros.
En aquella primera propuesta se excluyeron como energías sostenibles desde la nuclear hasta la cogeneración de residuos, pasando por el gas, el tratamiento de las aguas residuales, los hidrógenos que no son “verdes” o los biocombustibles de primera y segunda generación, entre otros; algo inaceptable para una mayoría de países europeos que, o bien son productores, o tienen riqueza natural basada en estas fuentes primarias.
Ahora, en el segundo intento, se ha filtrado desde la Comisión un borrador de Taxonomía (publicado en el día de hoy por Euractiv) donde sí se incluyen energías como la nuclear o el gas, considerando este último como una energía de transición. Este concepto será uno de los asuntos relevantes de discusión mañana jueves 4, en el cual la agenda presidencial pondrá el foco sobre la energía.
Pero también será otra cuestión fundamental para el viernes 5 a la hora de abordar el papel del sector LULUCF (uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y sector forestal) y su potencial de absorción de emisiones de CO2: cómo será reconocido su papel en el mecanismo de derechos de emisión, a qué precio y si esto será considerada o no una inversión “verde”.
