Estamos demasiado acostumbrados en las instituciones internacionales a vivir intensas madrugadas de negociaciones cuando los plazos se echan encima para llegar a acuerdos. Es lo que sucede en las últimas horas antes del cierre teórico de la COP26 en Glasgow, fijado por el presidente Sharma a las 18 horas (no sería ni la primera ni la última COP que acaba el sábado o incluso el domingo, como fue el caso de Madrid en 2019). La presidencia británica (con el propio primer ministro Johnson a la cabeza) no quiere pasar a la Historia por ser la organización más ejecutiva de los últimos años, pero parece que no ha conseguido consiguió cerrar acuerdo alguno medianamente importante para cumplir con los objetivos fijados en los Acuerdos de París de 2015.
El miedo a no poder mostrar ante la opinión pública avances notables con respecto a la COP25 ha motivado la presentación de un documento de conclusiones y acuerdos menos ambicioso que el primer borrador circulado. Tomando en consideración los elementos sobre los que pivota todo el trabajo de las últimas dos semanas (financiación verde, desincentivo de los combustibles fósiles, estándares comunes de derechos de emisión de CO2 y revisión del catálogo de medidas de mitigación y reparación de los ecosistemas afectados por el cambio climático), se ha construido un documento donde probablemente todo lo que cabe esperarse de él es ser ‘edulcorado’ para lograr sumar los apoyos de los países más díscolos.
Tristemente en este borrador de posible acuerdo no hay una sola referencia clara al agua y su papel imprescindible tanto en la mitigación y adaptación al cambio climático como para la reconversión de los diferentes sectores señalados como tareas pendientes para los próximos años: transporte, edificación, agroalimentación o turismo, entre otros. Aparecen alusiones vagas a aspectos cercanos al agua, pero sin darle ni la importancia estratégica que tiene, ni tampoco como última oportunidad de darle al agua un lugar preeminente del que ha carecido durante la Cumbre.
Tanto por la falta de contundencia a la hora de concretar calendarios y acciones como por las ausencias, el texto que se termine de cerrar dejará muchos cabos sueltos, salvo que los países desarrollados estén dispuestos a ceder a las pretensiones de los emergentes (entre ellos, China e India) de que la mayor parte de la financiación salga de sus bolsillos. Lo cual parece improbable ya que supone un perjuicio notable en términos de competitividad de sus exportaciones, aumento de los costes financieros para la economía real (encarecimiento de los créditos a la economía real por la desviación de recursos hacia estos países) y, finalmente, incrementos de los precios (generación de inflación estructural).
Sin embargo, al mismo tiempo, los países desarrollados tienen en su mano exigir a los emergentes un suministro estable de materias primas críticas para el desarrollo de tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Es el caso de los minerales imprescindibles para la producción de baterías, componentes para el transporte o fabricación de tecnología para energías renovables, entre otros. Si los emergentes necesitan más recursos para hacer viable su ‘transición verde’, los países financiadores netos son dependientes de un número cada vez más reducido de países que usan las materias primas como elemento de poder y presión frente al mundo (sin ir más lejos, el caso de Rusia o Argelia con el suministro a Europa de gas natural).
Establecer puentes
Esta contraprestación está implícita en los acuerdos anunciados por Reino Unido con su órbita de influencia (la Commonwealth), con países aliados tradicionales o de varios europeos con otros emergentes (por ejemplo, el que establece la prohibición de fabricar coches de combustión en 2035), en tanto en cuanto no se contempla en una buena parte de los países europeos abrir nuevas actividades mineras que permitan explotar recursos minerales críticos para la electrificación de la economía. Por ello, establecer puentes para asegurar el suministro en estas cadenas de producción es esencial, más aún cuando una parte no pequeña de la escalada inflacionista actual se debe a interrupciones en las cadenas de suministros causadas por los países de origen de la materia prima.
Sea que los emergentes tengan que ver ‘el dinero encima de la mesa’ como dice Boris Johnson o que los desarrollados vean un mayor grado de compromiso por parte de los emergentes, quedan múltiples interrogantes que afectan a la política económica, los planes de las empresas y las entidades financieras. Los avances parciales en algunas materias ayudan, pero no despejan el horizonte de medio plazo, siendo cada vez menos aceptable por la ciudadanía y algunos gobiernos de los países desarrollados los costes indirectos (y también directos) de la reconversión energética.
El golpe encima de la mesa de Francia, que anunciaba la reactivación no sólo de las inversiones en energía nuclear sino incluso de construir nuevas centrales, algo que va diametralmente en contra del discurso puramente ‘verde’ de la Comisión Europea, puede enseñar el camino a otros socios comunitarios como podría ser el caso de España. La presencia española, aunque muy escasa e irregular, ha tenido ciertos momentos de relevancia especialmente en esta segunda semana. Es fundamental apoyar el último borrador de taxonomía para diversificar las fuentes de energía que son consideradas ‘verdes’ y la creación de mercados comunes de carbono, lo cual es activamente defendido por el Ministerio de Transición Ecológica y su titular, Teresa Ribera, mediadora de última hora para intentar salvar los muebles en esta COP26.
