Cuando las palabras importan

El COVID 19 ha afectado de lleno a la sociedad española y a la economía nacional que es sin duda donde queden las mayores secuelas más allá de la muerte.

Hoy contamos ya con más de 12.409 contagiados y 500 fallecidos en toda España, una cifra que probablemente no refleje la realidad epidemiológica, puesto que hace días que no se realizan test de confirmación a los pacientes sospechosos, que sólo en Madrid serían más de 20.000, según reconoce el Ministerio de Sanidad.

Parece que el desbordamiento del sistema sanitario y, quizá la falta de tests de diagnóstico, no permitieron desarrollar esa herramienta de diagnosis sistemática que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que tan buenos resultados ha dado en Corea del Sur y en Alemania o China para vencer al virus.

Será la semana que viene cuando en España se generalice la realización de las pruebas, según ha indicado el coordinador sanitario Fernando Simón.

Por terminar la descripción del avance del coronavirus y a pesar de que en solo 24 horas se han producido cerca de 150 fallecimientos, hay que decir que la letalidad promedio en España es del 4%, sube al 7% en Madrid por el crecimiento de los contagios que han pasado del 25% al 17,7% en las últimas 24 horas.

Pero más allá de las consecuencias sanitarias, que hoy por hoy son la prioridad, como no podía ser de otra forma, el coronavirus ha impactado de lleno en la economía, tanto en la macro como en la micro.

No es hora de echar la vista atrás sino de mirar al futuro, y tratar de movilizar todos los recursos al alcance, públicos o privados, para arrojar algo de luz a ese túnel negro hacia el que nos ha empujado el COVID-19.

Un plan de 200.000 millones, el 20% de la riqueza nacional

Se avecinan “días duros” y quedan semanas complicadas por delante, ha iniciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su comparecencia tras el Consejo de Ministros “denso y largo” del que ha salido el segundo paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto en la actividad de la crisis del coronavirus.

200.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados, una cantidad similar al 20% del PIB. “Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha añadido Sánchez.

Otros 17.000 millones es dinero para apoyar a los colectivos que van a sufrir el golpe, ha apuntado Sánchez, y el resto se completará con recursos privados en lo que será la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España.

Se ha aprobado una moratoria en el pago de hipotecas para mitigar el impacto del frenazo económico y la fuerte destrucción de empleo como consecuencia de la propagación de la pandemia y la declaración del Estado de alarma y el confinamiento.

También se ha adoptado la garantía de prestación de suministros fundamentales a las familias más afectadas por la crisis. Esto implica que a este colectivo no se le podrán cortar mientras dure la situación de alarma el acceso a la electricidad, gas, agua e incluso telecomunicaciones.

Se flexibilizan las condiciones de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTES) con el fin de que tras la crisis se recuperen esos trabajadores y para ello se protege de OPAS hostiles de capital extranjero a empresas de sectores estratégicos, que son las principales empleadoras del país y que más ruido harían si empezasen a despedir de forma desordenada.

Habrá subsidio de desempleo para aquellos españoles que pierdan su trabajo por esta circunstancia, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo requerido y se facilitará la liquidez a las empresas con avales estatales y ayudas a la digitalización para favorecer el teletrabajo.

Y a la ciencia, para que avance la investigación en tratamientos y vacunas contra el COVID-19, se han destinado 30 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de Salud Carlos III.

Sánchez ha insistido en que son medias muy excepcionales y un gran esfuerzo económico que necesitará el compromiso de todas las fuerzas políticas para aprobar uno presupuestos que soporten un Plan Nacional de Recuperación cuando todo esto pase.

Palabras huecas

En la sociedad se palpa el miedo, tanto a la enfermedad como a las secuelas socioeconómicas ya que, a pesar del colchón para amortiguar la caída, para las familias españolas el futuro no se adivina muy esperanzador.

Bien están las medidas sociales para ayudar a sobrevivir a todos los que pierdan parte o todo su trabajo, bien están esas moratorias en las hipotecas, pero ¿y en los alquileres?, bueno va esa prestación por desempleo y esa insistencia en la temporalidad de los cierres y los despidos.

Plausible la prohibición de los desahucios en estas circunstancias.

Bien está que se reitere expresamente, como ya sucedía por ley, la prohibición de cortar por impago los suministros esenciales como el agua, la luz o el gas a colectivos vulnerables. No hacía falta “intervenir” para garantizar ni alardear con el lenguaje del poder que te confiere el estado de Alarma para apaciguar al sector empresarial.

Eso sí, con una de cal y otra de arena, “yo te protejo de OPAS hostiles de capital extranjero y a cambio aportas los recursos privados que necesito para alcanzar ese paquete de 200.000 millones que ofrezco a la Nación para capear el temporal”.

Aterrizar las medidas

El Gobierno desde arriba ve la situación macroeconómica y establece las medidas que considera en términos generales, pero son los entes autonómicos y locales los que a pie de terreno reclaman soluciones concretas y urgentes para cubrir necesidades tan básicas como garantizar la comida a esos niños de familias con rentas Mínimas de Inclusión.

Lejos de complejos y ante el problema de esos niños la Comunidad de Madrid no dudó en pedir ayuda y encontrarla en Telepizza y Rodilla que, a partir de mañana, con un día de retraso por las reticencias del Ministerio de Sanidad, empezarán a repartir durante la cuarentena, en la que los centros escolares permanecen cerrados, menús a 11.500 niños de la región con pocos recursos.

El consejero de Educación de la Comunidad, Enrique Ossorio, ha confirmado que Sanidad «ha accedido» a que, a partir de mañana, miércoles, se puedan comenzar a distribuir los menús que han preparado estas cadenas de comida rápida para los menores que se beneficiaban de un precio reducido en el comedor escolar por pertenecer a familias con pocos recursos.

El Gobierno madrileño estaba a la espera de la comunicación oficial de Sanidad para poder comenzar con la iniciativa, que estaba previsto que se iniciara este martes a las 12.00 horas.

Ante las críticas por esta alianza, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que «ni los ayuntamientos, ni la hostelería, ni las empresas de distribución» pueden hacer llegar 11.500 comidas de menús variados «cada día» a los escolares, por lo que habría que «agradecer su ayuda» a Telepizza y Rodilla.

Desde Telepizza han explicado que la Consejería de Educación les planteó poder ayudar a que las familias que perciben la Renta Mínima de Inserción pudieran seguir haciendo uso de la beca de comedor pese al cierre de los centros escolares. Por ello, la empresa decidió poner a disposición de la Comunidad sus 97 tiendas.

No es el único ejemplo de colaboración pública-privada en estos tiempos de crisis para dar solución a cada dificultad. También ha sido la Comunidad de Madrid la que ha buscado salida a la saturación de los teléfonos de emergencia del Servicio Madrileño de la Salud en la iniciativa privada.

Todo empezó a raíz de una información acerca de la herramienta digital con la que Corea del Sur soslayó este problema y a partir de ahí, se pidió colaboración, a la que se prestaron un grupo de empresas de forma desinteresada para el desarrollo de la aplicación digital.

El modelo es una app a la coreana que permite contrastar síntomas, preparar una cita para el test y ayudar luego con el tratamiento a seguir sin colapsar líneas telefónicas. La primera versión de la aplicación, cuyo nombre aún no ha trascendido, estará disponible a partir de mediados de esta semana en Madrid.

Para el resto de España podrá estar a punto a principios de la semana próxima. La labor corre a cargo de los equipos de desarrollo y diseño de CARTO, ForceManager y Mendesaltaren, tres empresas tecnológicas españolas, con el apoyo de las corporaciones Telefónica, Ferrovial, Google y Goggo.

El Gobierno, a través de la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha asumido la coordinación del proyecto para asegurar su funcionamiento en todo el territorio nacional.

Y para esto, igual que para la donación de 45 camas y colchones para el hospital de Alcalá de Henares o la puesta a disposición de la sanidad madrileña de los recursos sanitarios privados o la cesión de hoteles para su medicalización de forma voluntaria no hizo falta la “intervención” sino la apelación a la colaboración pública-privada ante una emergencia que requiere primero salvar vidas y luego mostrar los colores.

Porque intervención, nacionalización, prohibición, centralización, son palabras propias de un lenguaje ideológico que alejan la solidaridad y el compromiso de cada uno de los agentes sociales y empresariales de un país que, si por algo se caracteriza es por tener la capacidad de pensar en todos cuando la ocasión lo requiere.