La saturación de los servicios funerarios y las cifras de licencias de enterramiento reportadas por los registros civiles difuminan el dibujo de una pandemia que requiere de hiperrrealidad para atajarla y que ha llevado a España a convertirse en el país con más muertes por millón de habitantes por Covid-19
Si hay una imagen que no hemos visto de la pandemia del COVID-19 es la de la muerte que cada día representamos con un número, hoy 13.055 fallecidos en total en España desde que empezara esta crisis sanitaria.
Un dato escalofriante que algunos ya ven pequeño a tenor de la saturación de los servicios funerarios.
Madrid, con 5.136 fallecidos oficiales ha quintuplicado el número de defunciones que se tramitan en el registro civil y en Castilla La-Mancha aumentaron las licencias de enterramiento de marzo en un 49%.
El Registro Civil de Madrid se encuentra colapsado desde hace varios días por el exceso de defunciones, que se han multiplicado por cinco en la capital. Lo normal es que en Madrid haya una media de 60 a 80 muertes pero en la actualidad hay entre 300 y 350 cada día.
Esto ha llevado a la autoridad sanitaria de la comunidad madrileña a habilitar tres morgues provisionales, en las pistas de hielo de Majadahonda y Madrid y el edificio de la Ciudad de la Justicia.
No son pocas las voces que hablan de una “cierta ocultación de la realidad” y apuntan a una minimización de las cifras de muertes para amortiguar el impacto psicosocial de la pandemia. Así lo hizo el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, la pasada semana en un video difundido por el partido extremeño, en el que se refirió a lo que él considera una «estrategia» que explicaría situaciones como las que se producen en Extremadura, donde «no puede ser que mueran tantos mayores en las residencias y sean tan pocos los que estén dando positivo».
Unas acusaciones desmentidas inmediatamente por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que las calificó como «muy graves».
Sin embargo, sin apuntar hacia ninguna intencionalidad en el desfase de la cifra de muertes provocadas por el COVID19, esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado que las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región con motivo de la situación originada por la pandemia del COVID-19, ascendían a 1.921 firmadas con sospechas de coronavirus durante el mes de marzo, 1.213 más muertes que los 708 fallecidos oficiales registrados por la estadística ofrecida por el Ministerio de Sanidad con respecto a la Comunidad Autónoma al cierre del mes del año.
El número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha en marzo de 2020 aumenta un 96,3%
En un comunicado, el TSJCM explica que estas actuaciones de conteo se inician a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
Del total de 3.319 fallecimientos gestionados en los registros castellanomanchegos en marzo, en 1.921 licencias de enterramiento, el 57,9%, se recoge como causa del fallecimiento COVID o sospecha compatible con COVID, referenciando como sospecha aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa. Máxime a la vista del incremento sustancial de licencias respecto a la media de años anteriores.
En el caso de Cuenca, hasta 308 personas han sido enterradas, 185 con posibilidad de estar afectadas por COVID-19; ante una cifra que el Ministerio colocaba en solo 64; y en Guadalajara hasta 222 fallecidos enterrados eran sospechosos de coronavirus de entre los 337 enterrados, pese a que Sanidad calculaba el 31 de marzo que eran 97.
Por último, la Consejería de Sanidad difundía el 31 de marzo el dato de que 181 toledanos habían fallecido debido al coronavirus, pero de las 725 licencias de enterramiento expedidas, 338 eran casos sospechosos.
Con estos datos, el 41,2% de los fallecidos en Albacete durante el mes de marzo presentaban síntomas compatibles con el COVID-19; tasa que se va al 73,3% en Ciudad Real; al 60,1% en Cuenca; al 65,9% en Guadalajara; y al 46,6% en Toledo.
Del mismo modo, Albacete y Ciudad Real son las provincias que más incremento de enterramientos ha experimentado en el tercer mes del año, con repuntes cercanos al 147% en ambos casos.
En Cuenca, por su parte, han sido enterradas casi un 48,8% más de personas que el pasado año; en Guadalajara un 92,6%; y en Toledo un 39,2% más.
Atendiendo solo a las capitales de provincia, Toledo ha sido la más castigada, ya que el incremento de enterramientos se ha colocado en un 627%; seguida de Guadalajara (+427%); Albacete (+419%); Ciudad Real (+360%); y Cuenca (+315%).
Todas estas circunstancias llevaron a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia a solicitar información a los jueces encargados de los Registros Civiles de Castilla-La Mancha sobre las licencias de enterramiento expedidas.
Estas actuaciones se han desarrollado, por un lado, en el marco del Protocolo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales durante el estado de alarma y sus servicios esenciales, entre los que figuran las actuaciones del Registro Civil, y por otro lado, en ejercicio de las funciones inspectoras que corresponden a la Presidencia sobre los Registros Civiles de Castilla-La Mancha.
Estas diligencias del TSJCLM coinciden con el documento difundido hoy en twiter con una nueva instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en la que solicita a los registros civiles de toda España reportar a diario no sólo el número de defunciones registradas y licencias de inhumación tramitadas, sino el lugar del deceso y las causas indicadas en el certificado de defunción.
12. Me llega algo importante. Una nueva instrucción a los registros de España, con fecha de ayer 4 de abril, firmada por Sofia Puente Santiago, la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de Justicia, sobre la falta de datos precisos actualizados de defunciones. pic.twitter.com/VNZz2hW20K
— Matthew Bennett (@matthewbennett) April 5, 2020
El objetivo de esta instrucción evidencia la necesidad de la Autoridad sanitaria de contar con datos objetivos en tiempo real para tener una foto bien definida de la pandemia en España para poder adoptar las decisiones futuras a tenor de como avance la situación, ahora que estamos más cerca del escenario de contención y de la apertura o no del confinamiento y el estado de Alarma decretado el 14 de marzo.
A esto le unimos que en España podría haber ya siete millones de personas, el 15% de la población, que habrían sido infectadas por el coronavirus, según calcula un equipo del Imperial College de Londres que colabora con la Organización Mundial de la Salud en la modelización de la pandemia. Una cifra muy alejada de los 135.000 casos confirmados oficialmente por Sanidad.
España es ya el país con más muertes por millón de habitantes por Covid-19 con más de 263
Según este informe, España sería el país europeo con más afectados por un amplio margen, seguida por Italia: 5,9 millones de casos, un 9,8% de la población.
Es posible que el propio mando único al frente de la gestión de la pandemia sea consciente de que la capacidad de diagnosticar no ha sido la deseable, especialmente dado el elevado porcentaje de contagiados asintomáticos, el 30% en términos generales.
Además, según los estudios realizados en China durante la crisis en Wuham, hasta cuatro de cada cinco infectados por el coronavirus no padecerían síntomas, pero sí contagian el virus.
La tardanza en la llegada de los test de diagnóstico, que hasta los próximos días no podrán generalizarse, ha distorsionado el control del avance del coronavirus dada su capacidad de contagio durante el periodo de incubación, los pacientes asintomáticos y los leves que están siendo tratados en sus domicilios sin que aparezcan reflejados en las estadísticas.
Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, ya explicó a este periódico que sería necesario tener un diagnóstico masivo para que el reflejo epidemiológico y la realidad sanitaria encajaran, primero para poder aprender de la pandemia, prevenir futuras pandemias y establecer las medidas de contención y remisión de la enfermedad que tenemos por delante.
Quizá en esa apertura paulatina del confinamiento, serán los test, PCR o cualquier forma cierta de diagnóstico permita asegurar que todo aquel que esté “limpio” o “inmunizado” pueda retornar a la actividad y comenzar a revitalizar la economía.
Primero sanitarios, y personal de actividades estratégicas y después el resto y así se entiende la posibilidad, avanzada este domingo por Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos, de confinar a los contagiados asintomáticos por COVID-19, eso sí, voluntaria.
Y al resto un certificado de inocuidad a modo de salvoconducto eso sí, cuidado con los test que utilizamos que para obtener esos “pasaportes” los test tienen que ser serológicos como aconsejan los expertos si queremos volver a ser libres dentro y fuera del país.
