Japón, de ejemplo mundial a país en alerta por el coronavirus

Japón, de ejemplo mundial a país en alerta por el coronavirus

Japón parecía haber logrado contener el coronavirus sin recurrir al confinamiento obligatorio de la población, pero una explosión reciente en el número de casos ha obligado a decretar el estado de alarma y amenaza el sistema sanitario y la economía del país


Japón era, hasta hace dos semanas, un ejemplo mundial en la lucha contra el coronavirus. En marzo, la estrategia nipona era una excepción alabada por líderes políticos y sanitarios: a pesar de ser el segundo país tras China en confirmar contagios, las medidas tomadas por el Gobierno fueron poco restrictivas con la población general y la situación parecía controlada gracias a un buen seguimiento de los posibles infectados. Sin embargo, el número de casos comenzó a crecer pronunciadamente a principios de este mes, lo que obligó al primer ministro, Shinzo Abe, a decretar el estado de alerta el pasado siete de abril. Ahora, su sistema sanitario amenaza con colapsar y su economía, la tercera más importante a nivel mundial, podría entrar en recesión.

Este martes, Japón contaba 11.135 casos y 263 fallecidos, cifras que no son altas si tenemos en cuenta la enorme población de la isla, de 126 millones de habitantes. Pero lo que preocupa no es tanto el número total de casos sino la explosión de la curva, cuya pendiente se ha ido inclinando hacia arriba según avanzaban los días.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? El 15 de febrero, casi un mes antes de que la pandemia estallara en Europa, había 60 contagiados, pero el Gobierno optó por una estrategia de perfil bajo: no se impulsaron las cuarentenas y el país continuó con una normalidad relativa. Aunque se cerraron los colegios y se aconsejó a la población evitar las aglomeraciones, las tiendas permanecieron abiertas y prácticamente nada impedía a los japoneses seguir con sus rutinas. La única razón por la que Japón se abrió paso en los titulares internacionales fue la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, a la que el Ejecutivo se resistió hasta el último momento.

En ese momento, la estrategia del Gobierno nipón pasaba por localizar a los infectados y aislarlos para así contener la propagación del coronavirus. Además, y aunque la población cuenta con factores de riesgo para la expansión del coronavirus, como una alta densidad de población o el mayor porcentaje mundial de mayores de 65 años -suponen el 28% del censo-, desde Japón se incidía en que la cultura del país permitía un mayor distanciamiento social. Por ejemplo, la forma de saludar no incluye contacto físico y las mascarillas son habituales, como en otros países asiáticos, desde hace años.

Sin embargo, a comienzos de abril, el número de casos comenzó a explotar. Japón pasó de tener menos de 100 contagiados diarios a moverse en el medio millar de nuevos positivos al día en cuestión de un par de semanas. Una de las posibles explicaciones a esta subida es la gran cantidad de fiestas primaverales que se celebraron el fin de semana del 22 de marzo, cuando los nipones celebran la floración de los cerezos, un árbol de gran importancia religiosa y cultural en el país. Quince días después de esas celebraciones, que confirmaron que los eventos multitudinarios no llegaron a desaparecer a pesar de las recomendaciones del Gobierno, Abe declaraba el estado de alerta.

Una reacción tardía

Japón
La fiesta de los cerezos, que congrega a miles de personas, podría explicar en parte la explosión de casos en Japón.

Muy pronto, se pasó de las alabanzas a la moderación del Gobierno a las críticas por haber llegado tarde. Los médicos llevan ya semanas criticando la falta de equipo de protección, lo que sugiere que Japón no se había preparado bien para luchar contra el virus, a pesar de haber sido el segundo país fuera de China en registrar una infección. Pero, sobre todo, se critica a Shinzo Abe por no haber introducido restricciones para enfrentar el brote antes por temor a que pudieran dañar la economía. De hecho, su Gobierno ha discutido en varias ocasiones con el gobernador de Tokio, que quería que se introdujeran medidas más duras más rápidamente.

Tampoco en el lado sanitario se han tomado al parecer las mejores decisiones. Kenji Shibuya, director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King’s College de Londres, había advertido en una entrevista a la BBC de que las pruebas para localizar la COVID-19 estaban “muy por detrás de otros países”, por lo que “una explosión del brote” estaba entre lo previsible. Japón realizó el mes pasado solo el 16% del número de pruebas PCR que hizo Corea del Sur, según datos de la Universidad de Oxford.

El Gobierno japonés consideraba de hecho que el testeo masivo de la población coreano, el único sistema que ha servido hasta ahora para contener brotes en gran medida, era un “desperdicio de recursos”, ya que consideraba que con su estrategia de control y aislamiento de infectados se lograba lo mismo de forma más económica. Además, las pruebas se realizaban hasta ahora los centros de salud locales, no a nivel del gobierno nacional, por mucho que la mayoría de estas instalaciones no estuvieran equipadas para realizar pruebas a gran escala.

Por supuesto, el miedo al colapso sanitario ha hecho reaccionar al Gobierno. Abe indicó este pasado fin de semana que el gobierno estaba cambiando su política de pruebas, que a partir de ahora contará con el apoyo gubernamental mediante la construcción de centros de testeo masivo. Es aún pronto para saber si el cambio de estrategia dará resultado a corto plazo: las asociaciones médicas de emergencia han emitido una declaración conjunta advirtiendo que “ya se está sintiendo el colapso del sistema médico de emergencia”.

Sin confinamiento obligatorio

Japón
El uso de mascarillas en época de epidemias está muy extendido en la cultura japonesa.

En cualquier caso, Japón tendrá que hacer frente a “la peor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, en palabras de Abe, sin poder obligar a su población a confinarse. Y es que, a diferencia de otros países, el Gobierno japonés no puede ordenar a sus ciudadanos el confinamiento ni desplegar a las autoridades para hacerlo cumplir. La explicación se encuentra, precisamente en esa guerra en la que Japón se rindió a los aliados tras sufrir sendas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.

Hasta 1947, el país nipón se regía por la Constitución Meiji, que ofrecía amplios poderes al emperador y su Gobierno para cancelar libertades en caso de conflicto. La experiencia imperial de comienzos de siglo, con la que llegaron a controlar gran parte de Asia en el punto álgido de su expansión bélica, se convirtió muy pronto en motivo de vergüenza nacional. Eso, sumado a la influencia estadounidense que al final de la guerra dominaba por completo la reconstrucción japonesa, produjo una nueva Constitución en la que los derechos humanos y las libertades ciudadanas son intocables por el Gobierno.

Por eso, la emergencia sanitaria emitida por Shinzo Abe solo recomienda a los japoneses mantenerse en casa y sugiere una lista de establecimientos que podrían ser cerrados, como centros de entretenimiento o comercio. Los gobernadores locales pueden decidir si respaldar o no las clausuras temporales, pero en cualquier caso no se puede obligar a una empresa a cerrar o a un ciudadano a quedarse en su casa. Como mucho, si alguna empresa o institución incumple las directrices, las autoridades podrían hacer públicos los nombres de sus responsables con el objetivo de forzarlos a obedecer mediante la humillación pública. Incluso se les puede enviar una directiva firmada por el primer ministro, pero no hay obligación legal de obedecer.

Eso sí, la propia cultura de los japoneses ante las enfermedades y la autoridad, arraigada mucho tiempo atrás de la actual pandemia, juega a favor de los nipones. Los propios ciudadanos cumplen automáticamente normas de protección a la comunidad cuando están enfermos, lo que hace del confinamiento obligatorio algo a priori innecesario porque cualquier persona con síntomas se recluye en su propia casa. Además, la obediencia a la autoridad también está muy arraigada en la cultura y se considera que incumplir lo que piden las autoridades es un motivo de vergüenza y deshonor.

Habrá que ver si la responsabilidad social basta para frenar uno de los mayores desafíos sanitarios de la historia de Japón. Eso sí, frente al posible impacto económico e la crisis, el gobierno de Abe tratará de amortiguar lo daños con una inyección récord de algo más de mil millones de dólares, ya que sectores esenciales del país, como la pesca, están contra las cuerdas. Los analistas calculan que más de un millón de personas podrían perder su trabajo, lo que supondría unos daños muy superiores a los de la crisis de 2008.



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