Portugal intenta vencer el coronavirus con responsabilidad ciudadana

Portugal empieza a sentir los efectos de la crisis del coronavirus. Pero, por ahora, sigue apostando por la responsabilidad de su población en vez de imponer restricciones masivas al movimiento. El Gobierno portugués decretó el jueves pasado el estado de emergencia, pero hasta el momento no se está decidiendo a aplicarlo: la cuarentena es voluntaria menos para las personas que vengan de fuera del país o las que hayan estado en contacto con contagiados.

Aunque el número de casos de coronavirus sigue creciendo, los responsables de salud portugueses consideran que las medidas actuales están siendo suficientes para que la subida de la curva de contagios sea todavía manejable para su sistema de salud. Hasta este lunes, Portugal registró 2.060 casos de infección, 460 más que el domingo  -una variación del 29%- y se registraron 23 muertes, nueve más que el día anterior.

La región norte -en torno a la ciudad de Oporto– es la que tiene más infecciones, con un total de 1.007 casos (y nueve muertes), 182 más que el domingo. La región de Lisboa y el valle del Tajo tiene 737 casos de infección y ocho muertes y, en el Centro, hay 238 pacientes diagnosticados con coronavirus y cinco muertes registradas. En el Algarve, hay 42 casos y una muerte; en Alentejo, hay cinco casos confirmados. Las Azores tienen 11 casos y nueve Madeira. Lo que más preocupa es que ya hay 165 médicos, enfermeras y asistentes sanitarios infectados, lo que supone el 8% del total de enfermos por coronavirus en el país.

A pesar de estas variaciones al alza, el Gobierno luso es optimista. «La población ha cumplido tan bien las recomendaciones que no es preciso un cuadro sancionador», declaró el jueves el primer ministro socialista, António Costa. De hecho, el estado de emergencia fue propuesto por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, una estrategia a la que accedió el Gobierno para no crear un conflicto institucional en plena pandemia.

El estado de emergencia en Portugal, que es aplicado por primera vez desde el inicio de la democracia en 1976, permite tomar medidas muy similares a las del estado de alarma español: centraliza toda la toma de decisiones en el Gobierno, al que otorga el poder de movilizar al Ejército para labores de seguridad, restringir el libre movimiento de la población, intervenir precios de productos básicos y reclutar a trabajadores públicos y privados para fabricar productos estratégicos.

Pero por ahora, ninguna de esas medidas más radicales han sido impuestas, salvo en las islas de Madeira donde sí se ha decidido una cuarentena general y se han cancelado la mayoría de los vuelos de entrada a petición del presidente regional.

Distancia social voluntaria

La apelación de Costa al recogimiento voluntario parece estar dando sus frutos. Las principales ciudades de Portugal, donde se concentran la mayoría de los casos de coronavirus, han amanecido desiertas estos últimos días. Supermercados, tiendas de alimentación y farmacias, junto con otros comercios de primera necesidad, son los únicos establecimientos que siguen abiertos, pero las distancias de un metro o más entre personas son ya la nueva normalidad. En muchas tiendas, solo dejan entrar de uno en uno a los clientes.

Eso sí, a los grupos de riesgo, sobre todo la población anciana si se les ha impuesto limitación. El Gobierno ha pedido a los más mayores y a aquellos con enfermedades crónicas que solo salgan a la calle «en circunstancias excepcionales«, entre las que está, a diferencia de España, pasear por motivos de salud o acompañar a los nietos. Cada vez que estas personas salgan a la calle sin un motivo válido, «la policía las reconducirá a su domicilio». Pero todo, sin multas. Costa considera que un cuadro sancionador, «sería un insulto al civismo demostrado por los portugueses».

El hecho de que el contagio se haya extendido a todas las regiones de Portugal sin excepción y el aumento de las víctimas en los últimos días parecen haber convencido a prácticamente toda la población de que los avisos de las autoridades hay que tomarlos en serio, por lo que no ha sido necesario pasar a las medidas punitivas.

Es más, desde la declaración del estado de emergencia el crecimiento de la tasa de contagios ha pasado de estar en torno al 40% a acercarse al 20%, lo que muestra el éxito por el momento de la estrategia portuguesa. Según ha explicado Costa, el Gobierno quiere priorizar un objetivo doble: preservar la salud de los ciudadanos y mantener en marcha la economía con la menor distorsión posible. En cualquier caso, se ha creado un gabinete de crisis ex profeso que continuará adoptando medidas en función del desarrollo de la epidemia.

Solo hay una excepción a esta apuesta por la responsabilidad individual. Las personas que hayan dado positivo y estén sometidas a aislamiento o vigilancia y «no respeten las normas establecidas» estarán incurriendo en un delito de desobediencia y sufrirán las consecuencias.