El sector inmobiliario pide al Gobierno más concreción en la desescalada

Comprar o alquilar una casa ha sido una operación imposible durante el confinamiento. Las limitaciones a la movilidad hacían imposible trámites tan imprescindibles como visitar viviendas, por lo que el mercado inmobiliario ha estado casi totalmente paralizado durante los últimos dos meses. Una situación difícil de encajar en el sector, sobre todo para las agencias que viven de su labor de intermediación en la compra-venta de casas. 

Sin embargo, la incertidumbre continúa en el desescalada. A pesar de que la compra y venta de casas es un motor evidente de la reactivación económica y que su trabajo resulta esencial en la búsqueda de soluciones habitacionales que el consumidor viene demandando con carácter de urgencia y necesidad en el estado de alarma, el sector de la intermediación inmobiliaria ha sido una de las actividades olvidadas por el Gobierno. 

Tal y como denuncian asociaciones sectoriales como la madrileña AMADEI, en las diferentes órdenes ministeriales en las que se legisla la desescalada no ha habido ningún tipo de instrucción concreta respecto a la actividad. “El sector empresarial ha sido un poco abandonado en la gestión de esta crisis, pero nuestro caso es especial. En todos los reales decretos que se han sacado a lo largo de la pandemia nunca se ha hecho mención a las actividades inmobiliarias. Estamos en un limbo”, asegura Jesús Martínez Caja, secretario general ejecutivo de esta Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias.

Martínez recuerda que la intermediación inmobiliaria no está bien regulada, ya que no existe ninguna ley que evite el intrusismo en su profesión y la poca legislación existente depende de las comunidades y no es obligatoria. Pero considera que esto no justifica el abandono del sector inmobiliario a lo largo de la crisis del coronavirus. 

“En las provincias que ya están en fase 1, se están visitando casas, pero no había ninguna alusión a esta actividad en la orden ministerial. Nos hemos ido al monte, ya que por analogía a otras actividades similares hemos entendido que se permitían las visitas a viviendas”, explica Martínez. 

Miedo a los cierres

La inseguridad jurídica que ha caracterizado la actividad inmobiliaria en el confinamiento y desescalada se suma a un momento de crisis económica que se teme que pueda golpear duramente a las agencias inmobiliarias. Según el portal especializado Donpiso, muchas agencias pasarán serias dificultades para mantener la rentabilidad de sus negocios, sobre todo, entre aquellas con escaso pulmón financiero y pocas capacidades para competir en un mercado más reducido y complicado.

Como consecuencia de ello, «podrían desaparecer entre 10.000 y 15.000 agencias inmobiliarias en el mercado nacional de las casi 55.300 que hay activas ahora mismo, lo que supondría un aumento del desempleo en el sector de hasta un 25%, afectando a más de 35.000 profesionales», lamenta Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso, en el blog especializado de la empresa.

El 80% de los intermediarios del inmobiliario son microempresas con pocos trabajadores y capital, por lo que el temor a los cierres masivos es real. «Hay miedo a que muchas empresas queden tan golpeadas tras la inactividad que algunas no abran», corrobora Martínez, que destaca que, aunque desde la semana pasada muchas agencias podían abrir por cita previa, la mayoría han preferido no hacerlo. «Preferimos estar cerrados hasta que no nos dejen salir a la calle con seguridad. Hay reticencia, conservadurismo, prudencia e incluso resquemor a la hora de abrir», sentencia.

Según Bermúdez, para poder paliar los efectos de esta crisis en el sector inmobiliario, «el Gobierno debería orientar sus políticas de ayuda a proteger el tejido productivo con la inyección sin paliativos de liquidez para el mantenimiento a ultranza de las empresas». Un instrumento importante para ello será el incremento de la deuda pública, que según diferentes estimaciones podría situarse por encima del 110% del PIB, aunque  las medidas de política monetaria y fiscal del BCE también pueden ser determinantes. 

Dudas con los precios

Lo que aún no está nada claro es cómo puede afectar esta crisis del sector a los precios de la vivienda. Martínez considera que aún es muy prematuro predecir cómo se van a comportar: «La tendencia es una desescalada también en los precios, pero en un porcentaje mínimo a lo que es el valor real de los mismos. Además, habrá importantes variaciones por territorios». 

Lo que parece claro es que, una vez finalice el periodo de parálisis, este año verá una bajada abrupta de transacciones (de entre el 25% y 35% según diferentes estudios especializados) y otra no tan fuerte, pero importante, de precios de compraventa, algo en lo que coinciden todos los analistas.

En estas semanas, distintos informes ya hablan sin tapujos de una caída de precios inmobiliarios que van del 6% (Bankinter) al 17% que pronostica la consultora AIS Group en un escenario de más lenta recuperación. Una horquilla ancha que refleja la incertidumbre respecto a cuándo se va a poder volver a la «normalidad» en lo inmobiliario, en función de la evolución de la pandemia y de la aparición o no de nuevos brotes del virus que se traduzcan en confinamientos.

Según Donpiso, la disminución de la demanda se va a dar sobre todo en inmuebles del segmento de precios medio y medio–bajo, ya que es previsible que la peor situación económica de sus compradores potenciales dificulte las ventas. En el resto, las estimaciones hablan de una caída de demanda «por hibernación», y una vuelta al mercado «con una negociación seguramente agresiva».

En cuanto al mercado del alquiler, en principio la COVID-19 no tendrá un gran impacto en los arrendamientos tradicionales, aunque sí perjudicará sobremanera al alquiler turístico y al mercado de segundas residencias, que según Donpiso podría sufrir caídas en ventas de hasta el 30% y una reducción de precios de entre un 15% y 20%.