El Gobierno regula la «nueva normalidad» sin medidas ambientales

La «nueva normalidad» está muy cerca de convertirse en realidad, aunque por ahora no sabemos si será verde. El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, el real decreto ley que «sentará las bases que regirán en la nueva normalidad», una vez finalice el estado de alarma el 21 de junio. Las medidas que se incluyen en la normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, legislan de forma general sobre movilidad o protección individual y estarán vigentes hasta que exista una vacuna o un tratamiento muy efectivo contra la COVID-19 y el Ejecutivo declare acabada la emergencia sanitaria.

Eso sí, a pesar de las llamadas de políticos y sociedad civil a arrancar una «reconstrucción verde», por el momento no hay rastro de medidas ambientales en la realidad inmediatamente posterior a la pandemia. Una falta de previsión que podría tener consecuencias perversas, como han podido comprobar en China, donde la relajación de las medidas para combatir el virus ha provocado que los niveles de contaminación sean incluso superiores a los de un año antes, según un estudio publicado la semana pasada.

Y es que, en lo que respecta a la movilidad, cuando llegue el 21 de junio se acabarán las restricciones al movimiento entre provincias y los ciudadanos podrán volver a circular libremente en vehículos privados o transporte público. Sin embargo, el miedo al contagio ya ha lastrado la red del transporte público en la desescalada, que no se ha recuperado tan bien como el coche y sigue todavía lejos de las cifras de pasajeros de antes del confinamiento. Esto implica que, al no existir por ahora un plan de fomento de las bicicletas similar al que ha implementado Francia o algunas ciudades de Italia, es previsible que el fin de las limitaciones se traduzca en un aumento del tráfico rodado, sobre todo en las grandes urbes.

En cualquier caso, los operadores de trenes, autobuses o aviones «deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda», aunque las recomendaciones de distancia de seguridad entre asientos probablemente limiten el número de pasajeros que puedan ir dentro. Además, el decreto ley incluye también la obligación de que los servicios de transporte en común conserven la información de contacto de todos los pasajeros hasta un mínimo de cuatro semanas después del viaje por si fuera necesario «realizar la trazabilidad de contactos».

A pesar de esta previsible alza de la movilidad y la falta de planes concretos para evitar un aumento enorme de la polución o la contaminación acústica, aún puede haber concreción por parte de las comunidades autonómas y ayuntamientos, que a partir de la fase 3 ya han recuperado la mayoría de las competencias propias que habían sido centralizadas con la declaración del estado de alarma. En este sentido, algunas ciudades como Barcelona o Valencia ya han llevado a cabo una ampliación temporal de pistas ciclables y vías peatonales, un movimiento que podrían seguir otras urbes para limitar la contaminación en la nueva normalidad.

El único apartado donde si hay una regulación específica, aunque no provenga de este decreto en concreto, es en los residuos. El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que es necesario recuperar paulatinamente la práctica habitual en materia de gestión de residuos, aunque con cierto grado de flexibilidad para que las autoridades competentes adecuen las medidas a la evolución de la situación. La nueva normativa recupera, entre otras cosas, la separación manual del contenido de las bolsas de la fracción resto con el fin de minimizar los volúmenes destinados a vertedero o incineración y siempre que se disponga de los medios de protección adecuados.

Mascarillas obligatorias

En términos generales, la obligatoriedad del uso de mascarillas y de medidas de higiene seguirán vigentes en el periodo de la «nueva normalidad» siempre que no se garantice la distancia interpersonal. Estos abarca el transporte en común pero también los entornos de trabajo y establecimientos comerciales, que tendrán que contar con ciertas medidas de prevención como la organización de turnos para evitar aglomeraciones.

Eso sí, para asegurar el cumplimiento de estas medidas, las comunidades autónomas deberán garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de mascarillas quirúrgicas, geles hidiroalcohólicos y otros productos necesarios para la protección de la salud. Además, como ya ocurre ahora, están exentos de llevar mascarillas los menores de 6 años y las personas con enfermedades o algún tipo de dependencia que impidan su uso, además de en los casos en los que no pueda llevarse por motivos de fuerza mayor o en el deporte individual al aire libre.

Por otro lado, el real decreto exige a las autonomías garantías de capacidad de camas y de realización de test PCR. «El sistema sanitario deberá garantizar la capacidad para responder ante incrementos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de casos. Para ello debe disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes, y de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes», señala el BOE.

Las limitaciones de aforo a la restauración o los centros de ocio dependerán también de las comunidades autonómas, una falta de concreción de la nueva normalidad que también se puede observar en el sector educativo y laboral, donde la normativa es muy general. En el decreto ley se hace referencia a que tanto las administraciones educativas como las empresas tienen que asegurar que se cumplan «las normas de desinfección, prevencióvn y acondicionamiento» en centros de trabajo o colegios. También deberá asegurarse la adopción de las «medidas organizativas» para que no se produzcan aglomeraciones en la entrada o en la salida y se mantenga en todo momento la distancia de seguridad.