El estado de alarma por el coronavirus deja España en condiciones de servicios mínimos

Se acabó la guerra relámpago. Ahora llega el asedio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado el estado de alarma para toda España, lo que significa importantes restricciones al libre movimiento, cierre masivo de comercios y la concentración de todas las competencias autonómicas y locales en el Estado central. Mientras se espera a las consecuencias de estas drásticas medidas, el coronavirus continúa su invasión imparable: el número de fallecidos asciende ya a 288, 152 personas más en 24 horas, y los contagiados se han elevado a 7.753, unos 2.000 más que el día previo. Hay 382 enfermos en la UCI, aunque  también 517 altas hospitalarias.

Madrid, epicentro de la pandemia, parece una ciudad fantasma. Y el resto de ciudades españolas no ofrecen una estampa diferente. La decisión del Gobierno de poner en cuarentena a todo el país ha impuesto condiciones muy restrictivas para salir a la calle. Solo se podrá para ir a trabajar, comprar comida y productos de primera necesidad, acudir a centros sanitarios y auxiliar a personas dependientes o vulnerables. Solo tiendas de alimentación, farmacias, quioscos, estancos, tintorerías y gasolineras seguirán abiertos. El ataque del virus obliga a todo el mundo a quedarse en su casa.

Si hace justo una semana el Gobierno autorizó que se celebrara una manifestación feminista que llenó las calles de personas, esta vez las ciudades y carreteras han sido tomadas por las fuerzas del orden. Policías y guardias civiles empiezan a hacer controles en la calle para hacer cumplir la cuarentena. Hasta el Ejército, imprescindible en cualquier guerra, ha comenzado a inspeccionar grandes ciudades. La Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada para evitar aglomeraciones en puntos nodales como estaciones de tren y autobús.

Aunque, esta vez, las armas no servirán de nada contra un enemigo invisible al que solo se puede hacer frente con una resistencia numantina. Por ahora, todos los españoles tendrán que quedarse 15 días en sus casas salvo por razones de fuerza mayor, prorrogables con el permiso del Congreso. Lo que comenzó en España como una crisis localizada, con epicentros en Madrid y Vitoria, ha derivado en un cierre total.

Todas las funciones

En tiempos de guerra, el Gobierno concentra la toma de decisiones en el menor número posible de gente para agilizar la gestión. Eso es exactamente lo que hizo Sánchez el sábado por la noche: anunciar que, con el estado de alarma, toda la autoridad quedaba concentrada en el Gobierno central.

Todas las fuerzas policiales autonómicas y locales quedan entonces bajo el mando del ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska. Además, otros tres ministerios conforman el núcleo duro de la gestión de la crisis: Sanidad, Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Fomento), que asumirán las competencias delegadas a las comunidades autónomas. El mando general sobre el resto de áreas, desde el resto de los gabinetes ministeriales hasta la última concejalía, quedan subordinadas al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Aunque el president de la Generalitat, Quim Torra, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, criticaron lo que llamaron una «invasión de competencias», el resto de presidentes autonómicos cerraron filas con el Gobierno. Eso sí, las críticas arreciaron por las demoras que hubo en la jornada del sábado hasta que se declaró el estado de alarma. El Consejo de Ministros, con presencia de un Pablo Iglesias al que se suponía en cuarentena, estuvo deliberando durante más de siete horas.

En el corazón del problema, el paquete económico que prepara el Gobierno para este martes. Porque esta guerra contra el virus va a tener importantes secuelas para empresas y trabajadores que ya piden medidas como suspensiones temporales de contrato, liquidez para sociedades y prestaciones para las familias afectadas.

La UE ya habla de «crecimiento cero» e incluso recesión para la zona euro este año, porque el parón de actividad implica una caída brutal de la oferta y la demanda que va a tener importantes consecuencias económicas. Aunque también confían en que haya un rebote cuando se supere la crisis, la incertidumbre en torno a la duración de la pandemia augura una semana difícil para los mercados.

Frenar la curva

La parte más importante de la lucha contra el coronavirus, según han repetido expertos y autoridades hasta la saciedad, es frenar la curva. Es decir, bajar lo suficiente el ritmo de los contagios para que no colapse la sanidad y podamos ganar tiempo hasta que la ciencia encuentre paliativos e incluso una vacuna a la enfermedad.

El coronavirus está en crecimiento exponencial en España. Los casos han pasado de dos a 100 en una semana, de 100 a 1.000 la siguiente y de 1.000 a 4.000 en cuatro días. En general, los casos han crecido a un ritmo parecido al de Italia y Corea del Sur, aunque la tendencia del fin de semana hace que ahora las supere ligeramente.

Esos dos países suponen una especie de visión del futuro de la invasión, ya que van justo 10 días por delante y ofrecen dos alternativas. Mientras que en Italia las infecciones siguen acelerándose, en el país asiático se están frenando. En cualquier caso, hasta dentro de unos días o quizás semanas, indican las autoridades sanitarias, no se podrán empezar a ver los efectos de la cuarentena general en la curva de contagios.

Por ahora, Sanidad ya ha centralizado toda la gestión de la salud, pública y privada, en un mando único y ha anunciado una contratación masiva de médicos residentes. Hasta ahora se han hecho más de 30.000 test en toda España, aunque Cataluña y Madrid han dejado de hacer pruebas a los casos leves.

Una larga cuarentena

Aunque el estado de alarma se ha decretado durante 15 días, es bastante probable, vista la experiencia china, que sea necesario prorrogarlo. Allí entrará en juego el Congreso de los Diputados, sin actividad estas semanas, donde la coalición de Gobierno no tiene la mayoría suficiente para aprobarlo por sí sola.

Aunque el líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado muy crítico con la gestión de Sánchez y ha cargado contra «la incapacidad de acción» del presidente, también ha garantizado su apoyo al decreto de alarma, por lo que la continuidad de la lucha vuelve a depender de la unidad del bando defensor.

Por ahora, los españoles tendrán que acostumbrarse a una vida muy diferente. Salir a la calle sin una buena razón será motivo de castigo: el incumplimiento de las medidas del estado de alarma por el coronavirus puede acarrear desde multas de 100 euros hasta penas de prisión y las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes son a partir de ahora «agentes de la autoridad», podrán dar órdenes a la población civil.

La única solución será atrincherarse en casa y esperar a que pase el asedio, un enclaustramiento que convierte a cada hogar español en una suerte de Gran Hermano sin cámaras. Mientras la economía mundial se adentra en lo desconocido, en China empiezan a ver la luz al final del túnel. El número de contagios desciende paulatinamente y ya no son considerados el epicentro de la pandemia por la OMS. Ahora, con la lucha contra el clima y otras importantes prioridades postergadas, le toca luchar al resto de planeta.