La reapertura de los centros infantiles está a la vuelta de la esquina y, a pesar de la aparente coordinación, muchas asociaciones se quejan de la importante falta de información y protocolos suministrados por el gobierno para asegurar la “correcta vuelta a las aulas”
Una de las primeras decisiones que se tomaron durante la maduración de la pandemia en nuestro país versó en el cierre de los centros educativos. Esta decisión se estipuló en base a que estas entidades podían funcionar como foco de contagio debido a que en ellos se concentraba un gran número de personas, entre ellos niños y adolescentes, potenciales vectores de transmisión.
“Se estimó necesario limitar el contacto muy estrecho de la población pediátrica en sus lugares de educación, debido al alto riesgo de infección y transmisión durante la crisis”, señala la Asociación Española de Pediatría (AEP).
Sin embargo, y contra todo pronóstico, a principios de este mes el gobierno consideró necesario que, para la consolidación de la nueva normalidad, los centros de educación infantil, entre otros, abriesen de nuevo sus puertas a partir de la segunda fase del desconfinamiento (25 de mayo). Eso sí, sin especificar las condiciones de vuelta.
Por supuesto, las críticas no tardaron en llegar por parte de todos los agentes involucrados, que resaltaron la “falta de comunicación, información y empatía de un gobierno decidido a no tener en cuenta ninguno de los aspectos necesarios para la correcta apertura de estos centros”.De hecho, y tras una serie de reuniones, las Comunidades Autónomas, guardianes de la última palabra, decidieron oponerse a las indicaciones del gobierno central y rechazaron la idea de abrir los centros públicos de sus territorios a los menores de 6 años, quedando en el aire el destino de las entidades privadas y concertadas.
A falta de unos pocos días para que arranque la segunda fase de la desescalada, las incógnitas continúan en el aire.
“Estamos a la espera de que las autoridades, tanto sanitarias como de educación, nos den indicaciones de cómo se puede realizar la apertura, a pesar de que nosotros estamos solicitando estas indicaciones desde el mismo día en que el Gobierno anunció la apertura de los centros para el día 25 de mayo”, argumenta al El Ágora Ignacio Grimá, presidente de la Sectorial de Educación Infantil de ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada).
“En caso de abrir no sabemos en qué condiciones ni con qué ratios”, añade Ignacio Grimá. En este sentido, otras asociaciones como Fenacein denuncian la necesidad de establecer límites de aforo teniendo en cuenta los metros cuadrados y espacios de las aulas y no someterlo a una condición, que en este caso es de 15 niños o menos por aula. Además, reclaman la urgente necesidad de establecer protocolos claros y asumibles de inmediato.
“Es imprescindible tener garantías para salvaguardar la salud de los niños y trabajadores dentro de los centros. Para ello, es necesario establecer medidas acordes con el sector”, detallan desde Fenacein.
Las Pautas de la AEP
En vista de este escenario, la Asociación Española de Pediatría se ha manifestado en favor de la reapertura “cuanto antes” de los centros educativos mitigar el gran impacto que está sufriendo el sector y, sobre todo, la educación de los niños.
No obstante, ha señalado que esta reapertura debe ser “paulatina, progresiva y basada en distintos grupos de edad” grupos de edad:
Según su criterio, las escuelas de educación infantil (de 0 a 6 años) son las áreas de máximo riesgo por la enorme dificultad de cumplir las medidas de aislamiento, sobre todo, por el estrecho contacto que existe constantemente entre el alumnado y el profesorado. Por ello, su recomendación es “que no se incorporen las escuelas infantiles, en la medida de lo posible, hasta el control total de la epidemia”.
El segundo grupo más vulnerable son aquellos que comprenden edades de entre 6 a 12 años, por ello recomiendan que la apertura se realice de forma gradual, reduciendo el tiempo presencial en la medida de lo posible, y bajo unas estrictas normas de higiene.
“Este periodo es igualmente crítico, como el de las escuelas infantiles para prever ayudas sociales para la conciliación”, añaden.
Los alumnos que cursan una educación secundaria son los menos vulnerables, pero no exentos de peligro debido a que “ya han asimilado la responsabilidad de las medidas sanitarias para evitar el virus”. Por ello, priorizan su entrada en los centros educativos, siempre y cuando se flexibilice su escolarización con clases presenciales y virtuales.
En medio de todo este caos se encuentran los profesores, que contemplan la reapertura con mucha preocupación.
“Me parece una auténtica barbaridad y no me entra en la cabeza. Esta medida la he recibido como algo caótico”, nos comenta Gema de Pablo, profesora de infantil. A ella y a muchas otras les preocupan las condiciones de apertura que afirma que no han sido barajadas con los centros educativos.
“En nuestro centro hemos hecho un sondeo y hemos descubierto que muchos de los padres tienen miedo de esta reapertura. Tampoco se los ha tenido en cuenta”
Otro de los inconvenientes que la docente ve en esta reapertura es el posible retroceso en la enseñanza de los niños. Tal y como nos explican otros profesores, como Alberto Ramos, los centros infantiles son mucho más que edificios donde los niños aprenden conceptos, sino que sin lugares donde asimilan normas, valores y, en definitiva, se instruyen para una vida en sociedad.
“Nosotros trabajamos en corros, con mucho contacto y compartiendo el material. No creo que sea producente decir ahora a los niños que no compartan el material sus cosas con sus semejantes porque eso entraría en conflicto con todo lo que los hemos estado enseñando hasta ahora. Pero esto es uno de los muchos motivos por los que no se deberían abrir los centros ahora”.
Un cúmulo de incógnitas
El cierre inesperado de las escuelas, privadas en este caso, ha supuesto un duro golpe para el sector ya que, como explica Ignacio Grimá, detrás la de la mayoría de estos centros hay familias o pequeñas empresas que no están siendo capaces de recibir el impacto.
“La falta de ingresos de estos meses está suponiendo, ya no solo ERTES, sino el cierre de muchos centros y el consiguiente despido de profesionales”, destaca.
Desde Fenacein reclaman que este fenómeno es motivo más que suficiente para que el gobierno planifique con las administraciones autonómicas un plan económico, basado en ayudas, para que las escuelas puedan seguir abriendo sus puertas. Sin embargo, en muchos territorios no se ha contemplado esta opción, lo que está acarreando el cierre definitivo de los centros.
“El cierre de estos centros no solo supone un problema empresarial, sino que desembocará en un problema social al desaparecer una buena parte de la oferta educativa de nuestro país”, recuerdan desde Fenacein.
«ACADE viene denunciando desde hace años la proliferación de estos centros que acogen a niños tan pequeños sin ningún tipo de control por parte de las administraciones autonómicas»
“Existen muchos centros que se publicitan y actúan de forma ilegal como escuelas infantiles sin contar con la autorización educativa de la Consejería, y por tanto no cumplen las normativas ni protocolos de prevención sanitarios, ni educativos, ni de prevención de riesgos que sí deben cumplir las escuelas infantiles autorizadas”, enfatiza Ignacio Grimá.
“Nosotros hemos solicitado responsabilidad a las consejerías para que velen por el cuidado y salud de la infancia y para que exijan el estricto cumplimiento de la normativa que regula la enseñanza infantil, especialmente de 0 a 3 años”.
Ante este mar de incógnitas, muchos centros privados están optando por echar el cierre temporal “a pesar de no ingresar nada y tener que soportar los gastos fijos”, como está ocurriendo en Extremadura, donde prefieren apostar por la salud de las personas.
“Son igualmente contradictorias las declaraciones de la Consejera de Educación sobre el cierre de centros públicos y la libre apertura de centros privados. Nosotros estamos en la misma situación y si abriésemos estaríamos poniendo en peligro la salud de nuestros alumnos, sus familias y el personal del centro”, detallan desde la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (ACEIGEX).
¿Qué pasa con la conciliación?
Uno de los grandes problemas derivados por cierre de los centros ha sido la imposibilidad de los padres por conciliar su vida laboral con la familiar. Al no poder dejar sus niños en los centros, muchos de ellos se ven obligados a recluirlos en casa, en los mejor de los casos, con ellos mientras teletrabajan.No obstante, surge otra de las muchas incógnitas: ¿qué pasa si ningún adulto se puede quedar a su cargo? ¿Los abuelos, una población de riesgo, se deberán hacer cargo de los niños, que son potenciales vectores?
Una de las propuestas del gobierno era dar prioridad a aquellas familias que tenían problemas de conciliación, pero en vista de que muchos centros cerrarán y los privados, por medidas de seguridad, no podrán atender a la demanda ¿qué ocurrirá con los niños?
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos lleva reclamando, tanto al gobierno estatal como a los autonómicos, respuestas para estos interrogantes, así como medidas que aseguren la conciliación.
“Con objetivo de mejorar la conciliación, reclamamos medidas como la flexibilización de los horarios laborables, fomentar el teletrabajo o apoyo a los centros educativos infantiles”, destacan en un comunicado.
Sin embargo, señalan que, como viene siendo de costumbre dentro de este contexto, las autoridades competentes no se están manifestando al respecto.
