El profesor Ramón Tamames repasa las claves a tener en cuenta por la nueva Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se pondrá en marcha en el Congreso de los Diputados y hace hincapié en la necesidad de contar con el sector privado de la economía para que la crisis no se prolongue más de lo imprescindible
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SUMARIO: 1. SANIDAD.- 2. ECONOMÍA.- Situación básica.- Medidas ya adoptadas.- Método a seguir: escenarios y presupuestos.- 3. ESTADO DE BIENESTAR.- 4. UNIÓN EUROPEA.- El Banco Central Europeo.- Otras posibles fuentes de financiación para la Reconstrucción Nacional.- 5. FINAL.
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Es difícil un análisis que pretenda ser global, y al mismo tiempo detallado, sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia que estamos atravesando por el coronavirus. En ese sentido, en nuestra exposición seguimos la cuatricromía planteada en el Congreso de los Diputados con ocasión de constituirse la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, el 7 de mayo de 2020.
El origen de la Comisión parlamentaria radica en el pacto que hubo entre el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición a fines de abril de 2020. En la idea de proponer soluciones a cuatro grupos de problemas relacionados con la pandemia: Sanidad, Economía, estado de bienestar, y Unión Europea. Y aunque es cierto que en la propuesta inicial había una quinta cuestión –consecuencias políticas de la pandemia—, esa porción no se incluyó en el acuerdo. Seguramente por estimarse del lado del Gobierno que una comisión parlamentaria debe investigar soluciones; dejando aparte las consecuencias políticas, se supone, para debatirlas en el hemiciclo y no en Comisión. Lo cual no obsta para ver discutible la idea esbozada por Patxi López –Presidente de la Comisión de referencia— de que no debe pretenderse controlar al Gobierno desde esa Comisión; cuando, ciertamente, el control del Ejecutivo es una de las funciones básicas del Parlamento.
En cualquier caso y siguiendo las cuatro secciones mentadas, analizaremos la situación y los posibles ajustes a realizar.
1. SANIDAD
En el planteamiento que hacemos aquí, la Sanidad no puede tener un trato extenso, por corresponder, principalmente, a los expertos en epidemiología. Y más en concreto a quienes conocen –en la medida que ello es posible, con cualquier clase de incertidumbres—, los orígenes, evolución, y posible persistencia de la pandemia; menguando, gradualmente, pero no desapareciendo sin más.
A ese respecto, está claro que sin una visión adecuada de los términos de salud pública, y de su incidencia sobre la actividad económica y social, será difícil contar con un repertorio completo de recursos para resolver los problemas, a partir de las cinco fases, de cero a cuatro. Con lo cual se intenta sistematizar –en España, como análogamente se ha hecho, mejor o peor, en otros países—, el proceso de normalización, a partir de la invasión microbiana que tanto ha incidido en todo. En la idea básica de que el aplanamiento de las curvas principales (muertes y personas en UCI) marcan una tendencia a la normalización, con otras variables a tener en cuenta, pero sin definirse un futuro nítido y cierto (véase gráfico adjunto).
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (ABC, 12.V.2020)
De ahí que quepa recomendar a las autoridades, y primero de todo a la referida Comisión del Congreso de los Diputados, que haya una investigación completa desde el punto de vista sanitario de lo sucedido desde el principio hasta el presente. Con las consideraciones indispensables y sin escatimarse medios y experiencias, y teniendo en cuenta observaciones expertas; incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de las críticas que ha recibido.
También debe suscitarse el enjuiciamiento de por qué el domingo 8 de marzo se autorizaron manifestaciones políticas masivas en toda España, que originaron, sin duda, muchos miles de contagios. E igualmente, es preciso investigar el tema de las residencias de personas mayores, con su elevadísima mortalidad. Todo ello, para explicar cómo y por qué España se sitúa en la parte más alta (sólo después de Bélgica) en el número de fallecidos por millón de habitantes; que actualmente es de 553 (26.000 ÷ 47 millones, 11.V.2020). Hay que explicar por qué ese guarismo, tan elevado, cuando se suponía que el Sistema Nacional de Salud tenía tan estimadas prestaciones.
2. ECONOMÍA
El análisis económico que aquí hacemos se basa en una serie de macromagnitudes, comenzando por el más expresivo, el PIB, habiéndose calculado ya oficialmente que en el primer trimestre de 2020 se contrajo en un 5 por 100. Lo cual hace muy posible que la contracción total en el año 2020 sea del tenor de no menos del 15 por 100; por la implicación de sectores importantes muy duramente afectados, como turismo, hostelería, y multitud de otros servicios. Con una expectativa de recuperación que va a depender, en gran parte, de la política económica que está aplicándose ya, y la que seguirá.
Situación económica básica
Entre las previsiones más relevantes hechas hasta mayo por el Gobierno de la Nación, se ha calculado que los ingresos públicos (incluida la Seguridad Social) se reducirán en 25.700 millones de euros, un 5,4 por ciento sobre 2019, cuando fueron de 471.000 millones de euros. Ello se debe a la falta de actividad de parte de la economía durante el confinamiento del estado de alarma.
Por el contrario, hay una fuerte expansión del gasto público previsible para 2020, hasta en un 35 por 100 del PIB estimado de 2019. En otras palabras, el gasto se dispararía hasta unos 627.300 millones de euros. Con un déficit de ingresos/pagos del 31,14 por 100 (una cifra expresiva del daño para la Hacienda Pública), que en términos de PIB sería del 15 por 100 aproximadamente, más o menos el tenor ya detectado antes de la recesión final previsible.
Estamos, pues, en una situación única en la historia económica de España. Sin que tenga sentido compararla –como ya se ha hecho por algunos— con la Guerra Civil, que fue cosa muy distinta. Porque entonces, la caída del PIB se estimó en un 40 por 100 de la renta nacional de cada uno de los tres años. Lo que se debió al cese de actividades económicas normales, centrándose todo en la acción bélica, para la destrucción sistemática de un bando contra el otro. Con gran lentitud de recuperación ulterior, por una serie de circunstancias políticas, de modo que el PIB por individuo activo de 1935 no se recuperó hasta 1951. Es decir, hubo una depresión de dieciséis años.
La situación actual, no es, ni mucho menos, tan trágica. Hay una caída bruta del PIB, pero estamos en un ciclo de tres/cuatro años, y la recuperación se supone que comenzará ya en los últimos meses del propio 2020. Con la posibilidad de que tengamos un crecimiento de la renta en 2021, sobre 2020, en torno al 6 o al 7 por 100. Lo que todavía no compensaría la caída de 2020. Por desajustes, rigideces y complicaciones varias no estaremos en condiciones de total recuperación hasta el 2022 o el 2023. En esa perspectiva debe recordarse el concepto de histéresis, de velocidad de readaptación de todo el sistema económico.
Medidas económicas ya adoptadas
De las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades económicas, deben subrayarse varios temas, con algún comentario basado en la experiencia misma:
Los créditos a empresas en general, y especialmente a pymes y autónomos, avalados por el ICO, con una posible cifra total prevista de 100.000 millones de euros. A este primer caso de apoyo no se le está dando la necesaria flexibilidad, ni se le están aplicando tipos de interés lo más bajo posible. Sería necesario, pues, cambiar esa situación, agilizando trámites, y abaratar el precio del dinero.
Tampoco se está gestionando con suficiente diligencia el caso de los ERTEs, puesto que a muchos beneficiarios de los mismos aún no les han llegado las prestaciones del paro en el mes de mayo. Y aunque con toda lógica se hayan ampliado los ERTEs al 30.VI.20, se está creando un ambiente, según el cual, muchas empresas con ERTEs, tendrían que abonar las prestaciones en caso de no cumplir, rigurosamente, todas las prescripciones, a veces más que difíciles. También hay que prever cuánto paro puede originarse al final de los ERTEs por incapacidad de las empresas por mantener sus nóminas anteriores a la crisis.
Aunque no sea medida propiamente, ha de mencionarse que puede haber hasta 100.000 concursos de acreedores en marcha, según lo calculado por varios despachos de abogados y economistas. Por lo cual podría atascarse la máquina judicial, para resolver todos esos supuestos en poco tiempo. Sobre todo, considerando que los concursos deben ser para intentar salvar empresas de la ruina, y no para llevarlos directamente a ella.
Método a seguir: escenarios y presupuestos
A partir de una situación descrita con tanta rapidez, y de las primeras medidas tomadas, hemos de plantearnos el método a seguir para superar los efectos de la pandemia, aplicando los recursos de que dispongamos. A ese respecto, en varios artículos anteriores míos, ya me he referido a la necesidad de establecer un Escenario Macro desde 2019 al 2022, con la evolución previsible, teniendo en cuenta la política económica de aquí a 2022, previendo las distintas variables de consumo, inversión, sector exterior, etc. La tarea es, por tanto, construir un cuadro más detallado, con la línea del que figura tomado de la Actualización del programa de estabilidad 2020 (cuadro 1), con referencia a los años 19 a 21.
Cuadro 1. Perspectivas macroeconómicas
Índices de volumen encadenados
Año 2015 = 100, salvo indicación en contrario
Pero lo publicado ya por el Ministerio de Economía es insuficiente, en el sentido de que ese escenario debe completarse con el PIB por subsectores productivos de bienes y servicios: industrias principales (automóvil, bienes de equipo) y servicios, como transporte, hostelería y otras ramas. Cada una de las cuales tendrá un ritmo distinto de recuperación, así como necesitará medidas de apoyo diferentes. A tales efectos, incluimos muy preliminarmente el cuadro 2, si bien el escenario debe desglosarse mucho más, siguiendo las Cuentas Nacionales detalladas.
Cuadro 2. PIB pm Oferta (precios corrientes) en 2019. Datos ajustados de estacionalidad y calendario. Unidades: Millones de euros
Por otro lado, y que yo haya visto, todavía no se ha abordado la necesidad indispensable de traducir los dos escenarios comentados (gasto y producción) en relación con los presupuestos generales del Estado, que necesariamente habrán de irse fijando para 2020/2022. Para lo cual habríamos de apartarnos ya de cualquier idea presupuestaria convencional, para ir a un presupuesto extraordinario y deslizante de cuatro años (2020 a 2023).
Esos presupuestos extraordinarios habrán de formalizarse lo antes posible, sin dejarlo todo para las calendas graecas. En esa dirección, en el cuadro 3 aparece un esquema de presupuesto global de las Administraciones Públicas para el 2019, que como en casos anteriores, habrá que proyectarlo para los años 20 a 22.
Cuadro 3. Las Administraciones Públicas en 2019
Incluyendo, eso es lo nuevo, los inputs y outputs extraordinarios, como se intenta hacer con el esquema de financiación en el que figuran de un lado los recursos nacionales, y procedentes del exterior (principalmente UE). De cara a las aplicaciones previsibles, como consecuencia de la pandemia, del lado derecho.
Cuadro 4. Presupuesto Extraordinario para los años 2020-22
Con unos presupuestos extraordinarios como los previsibles, la Deuda Pública se ha estimado podría llegar al 115 por 100 del PIB, con un incremento de veinte puntos del mismo, equivalentes a 248.000 millones de euros, en una primera estimación, para los años 2020/2022 (véase el gráfico adjunto, sobre evolución de la deuda; nada menos que desde 1880).
La magnitud de esa cifra, casi un cuarto de billón, da mucho que pensar. Pero en ningún caso puede pensarse que tras la crisis todo puede resolverse con el amenazador hachazo fiscal sugerido desde la propia coalición PSOE/UP. Con el pretendido impuesto sobre el patrimonio, que llegaría al 3,5 por 100, una verdadera leva de capitales. O por lo menos, una presión fiscal insoportable fomentaría no sólo alguna salida de capitales, sino también una falta de entusiasmo en las empresas.
3. ESTADO DE BIENESTAR
En una crisis como la que estamos atravesando, es preciso plantearse cuál es la función del Estado de Bienestar (en el lado derecho de los presupuestos extraordinarios antes mentados), con instituciones como pensiones para jubilados y otros colectivos de la población, prestaciones de paro, subsidios temporales a determinados grupos de autónomos. Y posible renta mínima vital (RMV) de que podrían disponer –eso se dice oficialmente— un millón de familias, y hasta tres millones de personas, en situación de clara penuria.
Pero además de todo eso, debemos hacer referencia a necesidades concretas e inmediatas. Como son las cantidades que las CC.AA. –que tienen transferida la Sanidad—, han gastado, por encima de sus ingresos convencionales, en atender las necesidades de la pandemia. Para lo cual la Administración General del Estado dispone ya de 16.000 millones para distribuir entre las autonomías, aún sin criterios definitivos de distribución.
El problema del paro es el más enjundioso, y en esa dirección, los recursos dispuestos para 3,2 millones de parados en 2019 (18.000 millones de euros), habrán de verse incrementados de forma extraordinaria. No sólo por el millón de parados de la primera acometida de la pandemia –que cabe atribuir en gran parte a empresas ya desaparecidas, y a autónomos con cese de actividad—, sino también a los que el 30 de junio, o después, dejen de estar protegidos por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por no haber vuelto al trabajo. Un caso que han llegado a cifrar en más de un millón.
Las cifras de paro normal, por así decirlo, van a elevarse mucho, y la Seguridad Social, en términos de EPA, llegará, por lo menos, al 30 por 100 de la población activa. Habrá, pues, que prever amplios recursos para el mismo, que ya no podrán venir de los fondos convencionales, o de los que provea la UE, para tan voluminoso ejército de parados.
Queda, por último –aunque haya otras muchas más cosas— la cuestión de la renta mínima vital, o como quiera que vaya a llamarse. Que se ha estimado, por el Sr. Escrivá (Ministro de Seguridad Social) en un millón de titulares (y hasta cuatro millones de personas beneficiarias). Con una media de 1.095 euros por mes y familia: porque además de la base de los 416 euros de prestaciones de paro en sentido estricto, habrá mayores transferencias adicionales para todas las personas de la familia.
Eso supondría una asignación total de 3.000 millones necesarios cada mes, si bien se supone que tal cifra iría en decrecimiento gradual, hasta volver, digamos, a una situación que llamaríamos normal; con una tasa de desempleo en torno a los 3,2 millones que había en 2019, que puede tomarse como NAIRU o tasa natural de desempleo (TND). Por lo demás, podrían exponerse no pocos argumentos sobre esa RMV que ahora no cabe expresar en detalle (posible desincentivo para la vuelta al trabajo).
4. UNIÓN EUROPEA
En la reunión virtual que tuvo a finales de abril el Eurogrupo no llegó a un acuerdo definitivo de la posible contribución de la Unión Europea (UE) a los procesos de recuperación de la pandemia. Solamente se detalló algo el Programa SURE (esquema de ayudas al mantenimiento del empleo), financiado a base de constituir un fondo (con transferencias de los Estados miembros) de 25.000 millones de euros, como garantía (¿mutualizada?) para emitir bonos hasta 100.000 millones, al objeto de aplicar esa cifra a los países de la Unión con más difícil problemática en términos de desempleo. En el caso de España, los recursos de esa procedencia podría ser de no menos de 20.000 millones de euros, al haber sufrido mucho más que la media de los países de la UE en la pandemia.
Por otro lado, la Comisión ha venido estudiando las posibilidades de fondos del MEDE, llegando a la idea de que puede facilitarse a cada miembro del Eurogrupo hasta un 2 por 100 de su PIB. Lo cual, en el caso de España, situaría la cifra esperable en 24.000 millones de euros. En total, pues, de SURE y MEDE, habría unos 44.000 millones de euros. En el caso del MEDE se supone que los créditos serían a plazo de diez años y tipos de interés del 0,20 por 100.
Naturalmente, la disponibilidad para España de esos recursos va a depender de lo que finalmente se acuerde dentro de la UE y de las solicitudes que presente España (se perdieron millones de mascarillas porque no se pidieron a la UE…). En ese sentido, no creo que los recursos MEDE tengan ningún estigma de rescate inevitable contra el prestigio de un país: no hay ni hombres de negro ni troika, como sí sucedió en la crisis 2008/2013.
El Banco Central Europeo
Queda pendiente, pues, el acuerdo global del Eurogrupo que tal vez incluiría otras facilidades –se ha hablado de 1,5 billones de euros en total—, todavía imposibles de cuantificar. Por eso tiene tanta importancia el papel que desempeñe el Banco Central Europeo, que después de una serie de dudas y contradicciones de su presidenta, la Sra. Lagarde, se ha situado –eso se dice…— en la misma actitud del anterior Presidente, Mario Draghi, de “hacer todo lo necesario para ayudar a la recuperación”. Lo cual tiene mucha importancia para varias acciones:
Facilitar liquidez a los bancos, con el mecanismo coloquialmente conocido como el manguerazo; dando crédito con garantías que llegan incluso a los que tradicionalmente se llaman bonos basura por parte de las empresas.
Comprar bonos corporativos de grandes compañías, en el mercado secundario, tal como en 2018 hizo la FED en EE.UU., y Draghi en el BCE desde 2012. Una forma extraordinaria de financiar grandes empresas.
Comprar deuda pública de los Estados del Eurogrupo, también en el mercado secundario (principalmente a bancos y fondos de inversión), en contra de lo que plantea el Tribunal Constitucional de Alemania, que estima improcedente esas adquisiciones. Un viejo contencioso, resuelto hace tiempo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que ahora vuelve con la extraña insistencia de los alemanes, cuya oposición no va a tenerse en cuenta.
Otras posibles fuentes de financiación para la Reconstrucción Nacional
Además de todo lo anterior, la UE relaciona su Green Deal de transición ecológica con la recuperación. La previsión es aprobarlo el 13 o el 19 de mayo. A esos efectos, la propuesta de la presidenta Von der Leyen apunta a una fusión de los planes previos a la pandemia, con el Pacto Verde y la Agenda Digital; formando un programa de recuperación cuyo principal objetivo, según el organismo comunitario, debe ser concentrar la inversión en sectores y actividades con un futuro sostenible.
A corto plazo, muchas inversiones verdes y muchos proyectos digitales ya podrían estar tecnológicamente maduros, pero necesitan impulso para presentarlos a la UE. Lo que en España puede tratarse de hacer, o proponer, desde la CEOE, con sus expertos ya designados ad hoc, Fátima Bañez y Marcos Peña. Lo mismo que sucede con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y entidades como Seopan, Anci, etc., y otras asociaciones en el caso de infraestructuras y vivienda. Algo que la Comisión de Cortes debería tener muy en cuenta.
En ningún caso debe olvidarse el papel fundamental del sector exterior (export-import) de bienes y servicios que tan bien funcionó entre 2014 y 2019 para superar la crisis anterior 2018/2013.
5. FINAL
Las consideraciones hechas en este escrito tienen un carácter, evidentemente provisional, por la evolución que está experimentando todo el panorama económico español, europeo y mundial.
En cuanto a las apreciaciones metodológicas se subraya que la labor de la Comisión de Reconstrucción Nacional del Congreso de los Diputados debe prestar mucha atención a los escenarios macro, y la necesidad de preparar los presupuestos extraordinarios. Estando muy atentos a lo que pasa dentro de los proyectos de la UE.
Por otro lado, el Estado, en un momento de crisis como la presente, tendría que hacer una declaración expresa de combinar sus propios esfuerzos –que se supone son de la Nación a la que representa y gobierna—, con los del sector privado de la Economía, según el modelo OCDE/UE en que estamos. Dando a los agentes económicos y sociales, y a los empresarios y los sindicatos, la importancia que deben tener a la hora de la recuperación.
En ese planteamiento, hay que escuchar a la CEOE/Cepyme, a CC.OO., UGT y otras fuerzas sindicales. Y también a otras instituciones (¿para qué están las Reales Academias de Medicina, de Ciencias Morales y Políticas, etc., por ejemplo…?). Recordando que la cooperación público-privada (CPP) es esencial para una rápida recuperación. Lejos, pues, de lo que normalmente predican algunos miembros del Gobierno de coalición PSOE/UP, con actitud claramente antisistema económico.
Por ello, cualquier idea de nacionalización de empresas para ayudarlas, o el propósito de aprovechar para remunicipalizaciones inadecuadas, o convertir la Seguridad Social en una especie de asilo general para comprar votos, todo eso debería ser descartado. Con una declaración de principios, que ha de ser clara y pertinente por parte del Gobierno, y que debe estudiar la Comisión de Reconstrucción Nacional.
Si no se aprovechan todas las fuerzas de la Economía y la Sociedad, los resultados finales de muchos esfuerzos no serán los mejores, y la crisis se prolongaría después más tiempo del indispensable.
Este escrito, hecho con una cierta urgencia, puede tener algunas erratas y errores. Para subsanarlos, se agradecerá a los lectores envíen sus observaciones al correo electrónico castecien@bitmailer.net, incluyendo posibles observaciones.