Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. Durante el último mes, el presidente Trump compareció sistemáticamente para afirmar que la situación estaba controlada y que el país no tendría graves problemas para abordar la crisis sanitaria. Ahora, las cifras indican que tiene 189.624 infectados, el país con más casos detectados, y 4.080 muertos, más que los declarados por China. Desde luego, la forma que tiene cada estado de medir casos y fallecidos hace que las comparaciones sean poco fiables, pero no cabe duda de que EEUU se encuentra ahora en el ojo del huracán.
En plena emergencia médica, el presidente Trump ha lanzado medidas para impulsar la actividad del país. Por un lado, aprobó un plan de dos billones de dólares para dinamizar la economía. Como parte de ese esfuerzo, también considera que es momento de relajar las normas de calidad ambiental del país, por ejemplo las referidas a la contaminación emitida por los vehículos de este motor. De este modo, el Gobierno de EEUU acaba de aprobar una norma que suaviza los estándares de control de emisiones y consumo que impuso en 2012 la administración de Obama.
«Es la mayor iniciativa de desrregulación que ha emprendido el Gobierno» han declarado el Departamento de Transporte de EEUU y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) en un comunicado conjunto.
En concreto, Obama había fijado el objetivo de que en 2026 los coches tuvieran un consumo 23 kilómetros por litro para 2026. Trump rebaja la meta a 17 kilómetros por litro. La respuesta en contra ha sido inmediata. La más significada, la del presidente Obama que expresó su oposición desde su cuenta personal en Twitter.
We’ve seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can’t afford any more consequences of climate denial. All of us, especially young people, have to demand better of our government at every level and vote this fall. https://t.co/K8Ucu7iVDK
— Barack Obama (@BarackObama) March 31, 2020
En contra del anuncio de Trump de rebajar los estándares de eficiencia de los automóviles se ha manifestado hasta el propio sector del automóvil. Desde 2018, cuando el inquilino de la Casa Blanca lanzó los primeros globos sonda sobre esta medida, diversos fabricantes han hecho ver que puede serles perjudicial. Por una parte, les resta pulso en un mercado internacional donde la eficiencia es una ventaja competitiva. Por otra parte, añaden, se genera inseguridad jurídica porque es probable que la medida acabe en los tribunales durante años y la industria quede en un limbo regulatorio, según recoge Efe.
Según la administración de Trump, la medida permitirá que cada coche salga 1.000 dólares más barato. Y eso ayudará a que los ciudadanos puedan comprar modelos más nuevos. Y como estos son más seguros, habrá menos muertos en carretera. El Departamento de Transporte afirma que podría haber «3.300 menos muertes en accidentes» cada año en el país. Sin embargo, expertos en salud han reaccionado inmediatamente señalando que son muchas más las muertes atribuibles a la contaminación del aire y los problemas respiratorios y cardiovasculares.
La decisión de Trump ahonda en su línea de oponerse a tomar medidas contra el cambio climático. El presidente ya anunció en noviembre pasado que su país inicia el proceso formal para retirarse del Acuerdo de París de 2015 que Obama había firmado. Realmente, por las propias normas del acuerdo internacional, esto no será efectivo hasta noviembre de este año, unos días después de las elecciones presidenciales americanas, que serán por tanto también un plebiscito climático.
No se vigilará la contaminación
La anulación de las normas de eficiencia en vehículos no es la única medida de desregulación ambiental aprobada por Trump estos días.
La EPA anunció oficialmente el pasado 27 de marzo que relajará la vigilancia y la exigencia de cumplimiento de las normas de contaminación del agua, del aire o por productos químicos. No habrá inspecciones públicas sobre el cumplimiento de la normativa, aunque se espera, dice la EPA, que los actores civiles no aprovechen para comportarse de forma delictiva.
En relación al agua, por ejemplo, la agencia de medio ambiente estadounidense afirma que “temporalmente no se vigilará si se cumplen las rutinas habituales y obligadas de monitorización y de información” sobre la calidad de la misma. El motivo esgrimido es que no se puede pedir a los responsables de esas tareas que las lleven a cabo porque lo primero que deben hacer es protegerse del coronavirus.
La eficacia de los operadores en España está demostrando que no hace falta bajar el nivel de prestación del servicio ni siquiera en circunstancias extremas como esta. Además, las diversas empresas del sector, públicas, privadas y mixtas, han implementado todo tipo de medidas para garantizar el abastecimiento constante y seguro de agua de calidad a los ciudadanos y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua que obliga a devolver las aguas en buen estado al medio natural.
De hecho, garantizar el suministro de agua potable es una de las encomiendas fundamentales que recoge el Real Decreto de Estado de Alarma, como sector estratégico ante la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19. Por eso, en nuestro país, los procesos son los mismos antes y después de la pandemia
En EEUU hay un clamor público y crecen las denuncias de que el presidente Trump emplea el coronavirus como excusa para llevar adelante la agenda antirregulación ambiental que ha ido desgranando desde que llegó al poder hace ya casi cuatro años. La más reciente medida, por ejemplo, fue bajar en enero de 2020 la protección de las aguas continentales, una medida diametralmente opuesta a la dinámica de mejora de la calidad ambiental que sigue la UE.
Desde que llegó al poder, la administración Trump ha derogado más de 100 normas de protección ambiental que afectan a todos los ámbitos. Desde la protección de la calidad del aire y el agua hasta la conservación de espacios naturales protegidos. Algunas de la normas anuladas habían sido aprobadas por Obama y son un intento claro de revertir la línea de su antecesor. Pero otras son tan antiguas como la Clean Air Act, aprobada en 1963 por Kennedy y reforzada en 1970 por Nixon.
Queda por ver si reducir la vigilancia ambiental durante la epidemia ayudará o perjudicará la salud de los ciudadanos estadounidenses.
