‘America First’. El presidente de Estados Unidos ha cumplido en la crisis sanitaria del coronavirus su promesa anti inmigración. Afirma que con la suspensión de la carta verde durante dos meses se asegura que los parados amaricanos serán los primeros en encontrar un empleo cuando todo pase y que el sistema sanitario reserve sus recursos para los pacientes americanos
La mano dura con la inmigración fue su prioridad desde el principio. El 27 de enero de 2017, exactamente una semana después de jurar su cargo, el presidente Donald Trump suspendió el programa de admisión de refugiados y prohibió los viajes desde siete países de mayoría musulmana, generando el caos en los aeropuertos de EEUU.
Aquella fórmula se ha repetido muchas veces desde entonces: un golpe sonoro, una decisión sin precedentes que luego su gobierno articulaba sobre el papel y que recibía una oleada de denuncias en los tribunales. Meses después, unas medidas salían adelante y otras no, o lo hacían un tanto aguadas, taimadas por la justicia.
El último decreto, firmado por Donald Trump este miércoles, suspenderá parcialmente la entrega de las llamadas green card: los permisos de residencia de los que solo el año pasado se otorgaron 462.000. La suspensión durará 60 días, al cabo de los cuales será revisada teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y económicas del país.
“Esto asegurará que los parados americanos de todos los orígenes serán los primeros en recibir un empleo a medida que se reabre nuestra economía”, declaró el presidente en rueda de prensa. “También reservarmos nuestros recursos sanitarios para los pacientes americanos”.
La restricción tiene algunas excepciones. Los denominados “trabajadores esenciales”, como los del sector sanitario (donde el 17% de los empleados son inmigrantes) y los de la agricultura y la alimentación, no van a ser afectados. Tampoco las personas que reciban la visa por hijos o cónyuges de un ciudadano americano.
Es posible que esta medida, al igual que otras decisiones del presidente en política migratoria, sea llevada los tribunales. Aunque una fuente jurídica consultada por El Ágora asegura que el jefe de Estado tiene la capacidad para ralentizar o entorpecer la burocracia migratoria.
“No puede prohibir la inmigración de golpe”, dice el abogado especialista en inmigración, que prefiere no ser identificado. “Pero sí puede suspenderla temporalmente o hacer que los procesos sean extremadamente lentos, porque esa es parte del poder ejecutivo”.
Las medidas de Trump, aunque nacidas en el contexto inusual de la pandemia de coronavirus, son un paso más en su ambiciosa agenda migratoria. Otra expresión de la ideología nativista que lo elevó al poder: “America First”.
Solo este año, antes de la pandemia, su administración extendió a 13 países las restricciones de viaje y estableció un llamado “test de riqueza” para aquellos extranjeros que solicitasen un permiso de residencia. Una forma de evitar, según la Casa Blanca, que los inmigrantes acabaran pidiendo ayudas sociales en EEUU.
Como consecuencia de estas y otras acciones, el número de visas otorgadas en 2019 para venir a trabajar al país ha bajado un 25% con respecto a 2016.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha acelerado estas restricciones.
En el último mes, la administración Trump ha congelado los procesos consulares y suspendido las conexiones aéreas con varios países: primero desde China, por el brote del virus en Wuhan, y a continuación desde Canadá, México y la mayoría de miembros de la Unión Europea. También ha decretado que las personas que viniesen del vecino México buscando asilo o de forma ilegal no irían a un centro de detención, como suele ser el caso, sino que serían devueltas inmediatamente a su país.
Si bien no hay sondeos, todavía, que reflejen la reacción pública al último anuncio del presidente, sí podemos anticipar una clásica división de opiniones entre demócratas y republicanos, como es habitual en asuntos de política migratoria.
Según una encuesta del Pew Research Center, menos de la mitad de los votantes demócratas estiman “importante o muy importante” reforzar las seguridad fronteriza. Al otro lado del espectro, el 91% de los republicanos lo considera una gran prioridad. Una polarización que se refleja en todo el debate migratorio.
La oposición alega que el decreto presidencial no tiene sentido, ya que el número de personas que piden la green card es apenas una fracción del inmenso mercado laboral estadounidense, que solo en un mes ha destruido 22 millones de empleos. Tampoco sería útil a la hora de contener el virus, habiendo cerrado ya las fronteras.
Según los críticos, Donald Trump quiere tender una cortina de humo para tapar una respuesta a la pandemia que estos consideran lenta y caótica.
“Hay maneras mesuradas y productivas de mitigar la propagación del COVID-19”, dice Andrea Flores, subdirectora de políticas de la Unión Americana de de Libertades Civiles (ACLU). “Por desgracia, el presidente Trump parece más interesado en echar leña al fuego anti-inmigrante que en salvar vidas. No podemos permitir al presidente Trump que utilice esta pandemia para promover su racismo y su xenofobia”.
El grupo conservador FAIR, o Federación Americana para la Reforma Migratoria, ha aplaudido el anuncio. “La inmigración masiva, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes y de un desempleo masivo, no beneficia los intereses nacionales. Punto”, dice RJ Hauman, representante de FAIR en las relaciones con el Gobierno.
El decreto ha desatado especulaciones sobre la estrategia electoral del presidente, que el próximo 3 de noviembre se jugará la reeleción frente al demócrata Joe Biden.
En 2016, Donald Trump hizo de la inmigración, en concreto el prometido muro con México, la bandera de su campaña. Es posible que toque los mismos tambores para movilizar a su base electoral este año, ya que sus perspectivas de victoria, en función de las últimas encuestas, son bastante mejorables.
Según una serie de sondeos compilados por NBC News , su rival, Joe Biden, le saca a Trump una ventaja de 7 puntos a nivel nacional, y de 6 puntos en los 11 estados clave (aquellos donde ningún partido tiene asegurada la victoria). Además del tradicional apoyo mayoritario de las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas a los candidatos demócratas, a Biden lo respalda un 42% del electorado blanco: más que a Barack Obama y a Hillary Clinton en sus respectivas elecciones.
