La creación de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha generado tensión en el sector agroalimentario que teme que el nuevo departamento “se rellene de contenido y presupuesto” asumiendo las competencias y los fondos del segundo pilar de la Política Agrícola Común destinadas al desarrollo rural, de momento, parece que será Agricultura quien gestione estos fondos de más de 10.000 millones de euros
Después de varias semanas de tira y afloja entre el Ministerio de Agricultura y la Vicepresidencia de Transición ecológica y reto demográfico por ver quién gestionará las competencias de desarrollo rural, que hasta ahora eran indisolubles de agricultura por encontrarse reguladas desde Bruselas por la Política Agraria Común, el próximo martes se sabrá la composición definitiva de todos los departamentos del Gobierno, sus competencias y su reparto presupuestario.
Se trata de un montante que puede alcanzar los 10.000 millones de euros para los próximos siete años que en la actualidad sufragan políticas tan importantes como las ayudas a la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, el regadío, la formación, apoyo a las mujeres rurales, las ayudas agroambientales o la agricultura ecológica y de montaña. A la espera de lo que decida el Consejo de Ministros de martes lo seguirá gestionando el Ministerio de Agricultura, según ha confirmado su titular Luis Planas en un encuentro con periodistas agrarios.
El secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, ha explicado que las alarmas saltaron cuando en el BOE el 13 de enero pasado se publicó el Real Decreto 2 /2020 del 12 de enero en el que se reestructuran los departamentos ministeriales del Gobierno de España.
El Decreto creaba una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico que asume el desarrollo de la Estrategia Nacional de reto demográfico, dejando vacío su contenido estructural.
En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el BOE indica que será competente para la «ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de alimentación«.
Todas las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA lamentan que entre estas atribuciones no figure el Desarrollo Rural, que si estaba contemplado por el anterior RD de 7 de junio de 2018 máxime cuando esta materia, pilar esencial de la PAC, tampoco figura entre las atribuciones de ningún otro departamento ministerial.
Este vacío competencial es lo que llevó al sector agrario a temer que la gestión y los fondos del desarrollo rural pasarían a la vicepresidencia de reto demográfico para dotarla de contenido.
Esto motivó el envío de una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la que le advertían de que la política de Desarrollo Rural, segundo pilar de la PAC, es una parte esencial y primordial de la política agraria y se complementa de forma indisoluble con el resto de medidas e intervenciones que son de aplicación para asegurar el modelo europeo de agricultura.
Un modelo basado en explotaciones familiares y la asunción de importantes compromisos de producción, medioambientales, sociales y territoriales, que constituyen un todo alrededor de la actividad agraria y el medio rural.
“Una realidad que se hace aún más patente en las negociaciones actuales sobre el futuro Marco Financiero Plurianual, donde España, junto con otros países de la UE defienden un presupuesto robusto y ambicioso, que garantice una PAC fuerte, potente y a la altura de las nuevas exigencias de la sociedad y los compromisos internacionales adquirido”, ha insistido Blanco.
Hasta el momento ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, el que ha querido tranquilizar al sector y, en un encuentro con la prensa agroalimentaria afirmó que su Departamento mantendrá las competencias de Desarrollo Rural, aunque ha apuntado que «alguna parte puede ir» a otras carteras, si bien al sector se le ha asegurado que solo será “alguna subdirección”.
Si bien algunos de los ejes que plantea la estrategia nacional de reto demográfico son comunes al territorio urbano y rural, es en este último donde la despoblación, el envejecimiento, la masculinización y la falta de oportunidades y servicios es más acuciante.
El sector agroalimentario español coincide en la necesidad de desarrollar esta estrategia de reto demográfico, “que es dónde se juega el futuro del país, pero no a costa de uno los pilares de la Política Agrícola Común que es el desarrollo rural”, según ha señalado a El Ágora el secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco.
Estrategia Nacional de reto demográfico
Casi 4.000 municipios españoles se encuentran en “riesgo demográfico”, con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado
La evolución demográfica en España, con aspectos tan positivos como el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento generalizado de la población en el siglo XXI pero, también negativos, como se refleja en la pérdida de población de buena parte de nuestro territorio. La baja densidad y la caída de la natalidad son un desafío para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Un desafío que puede poner en riesgo la cohesión social, la vertebración territorial y nuestro modelo de convivencia.
Objetivo general de la Estrategia
El objetivo general de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico es sentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha colaboración público-privada.
Así en marzo de 2019 el Comisionado para el reto demográfico publicó esta Estrategia Nacional centrada en tres cuestiones demográficas: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Y todos los ministerios incorporaron a las directrices de la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica.
• Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.
• Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.
• Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.
• Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.
• Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.
• Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades.
• Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
El 82 % de los municipios españoles ha perdido población en esta década, en el 12 % no se ha registrado ni un nacimiento en un lustro y en el 13,5 % no hay niños menores de cinco años
Tratará de mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento y favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.
Además de afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de población, coordinando las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia en todo el territorio.
También mediante el apoyo a la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socioeconómico de jóvenes, que garanticen el relevo intergeneracional, a proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio y garantizando las condiciones que favorezcan la crianza de hijas e hijos, y que faciliten la equiparación de la tasa de natalidad al promedio de la Unión Europea, entre otras medidas.
Reto demográfico también abordará la gestión para garantizar la prestación de servicios básica para la población residente y flotante en todo el territorio y asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo socioeconómico sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.
Si bien algunos de los ejes que plantea la estrategia nacional de reto demográfico son comunes al territorio urbano y rural, es en este último donde la despoblación, el envejecimiento, la masculinización y la falta de oportunidades y servicios es más acuciante.
El sector agroalimentario español coincide en la necesidad de desarrollar esta estrategia de reto demográfico, “que es dónde se juega el futuro del país pero no a costa de uno los pilares de la Política Agrícola Común que es el desarrollo rural”, según ha señalado a El Ágora el secretario general de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros de Agrónomos (CGCOIA) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) han creado una comisión conjunta de trabajo para el Desarrollo Rural y su reto demográfico interior ante la situación de “emergencia social y ambiental”.
Para ambas ingenierías el reto es importante, ya que consideran que mejorar los recursos forestales y las producciones agrarias es fundamental para mejorar el medio ambiente global (lucha contra el cambio climático) y local (reducción de la contaminación y mejora del paisaje), la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la calidad de los alimentos que consumimos.
Para lograrlo estos sectores deberían ser el motor del desarrollo económico y social del medio rural en el que se implantan. Con ello se garantizaría además la viabilidad demográfica de estas zonas.
Desde ambas instituciones también han defendido que se prosiga coordinando desde Agricultura las políticas de Desarrollo Rural, ya que “el fraccionamiento en diferentes departamentos, advierten, comportaría conflictos y disfunciones que afectaría severamente a la eficiencia de las políticas para el sostén demográfico de la España interior”.
Esto se produciría además justo en el momento de la negociación de la PAC 2021-27 y consideran que sería “tremendamente contraproducente” debilitar o dispersar la interlocución española en la UE en vez de alinearse con los diferentes países que proponen reforzar y priorizar las políticas de desarrollo rural.
Todo ello en un momento en el que hay un intenso debate en el seno de la Comisión Europea sobre la posible integración del primer y segundo pilar de la PAC y, en todo caso, del refuerzo de las actividades incluidas en el desarrollo rural.
