Los 27 comienzan a negociar el presupuesto de la Unión Europea postbrexit con una primera propuesta oficial de 1,094 billones de euros en los próximos siete años, de donde han de salir los fondos para el Green New Deal o la digitalización, por lo que prevé recortes del 14% en las ayudas de la Política Agrícola Común y del 12% en los fondos de cohesión
El Consejo Europeo ya ha puesto sobre la mesa su primera propuesta oficial para comenzar a negociar. Esta semana empiezan las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para los próximos seis años con una dotación prevista de 1,09 billones de euros, el 1,07 % de la renta nacional bruta conjunta.
La propuesta, elaborada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ratifica lo que se ha venido anunciando y es solo ligeramente superior a la planteada por Finlandia a finales de 2019, durante su presidencia de la UE, que fue rechazada por los Estados miembros al incorporar recortes entorno al 14% en la Política Agraria Común y del 12% para los Fondos de Cohesión.
La salida del Reino Unido deja un agujero de entre 10.000 y 12.000 millones de euros anuales
Los fondos de cohesión, según la propuesta de Michel, ascenderían a 380.100 millones de euros, un 12,1 % menos de los 387.500 millones del presupuesto precedente.
Esta reducción de fondos para la Agricultura, a la que España ya ha mostrado su disconformidad y su intención de mantenerlos, obedece a la salida de Reino Unido que deja un agujero en las arcas comunitarias de entre 10.000 y 12.000 millones de euros netos al año.
Además, interfieren las nuevas prioridades marcadas por la Comisión Europea para esta legislatura como el Green New Deal para liderar la lucha contra el cambio climático, migración, defensa y agenda digital.
Tras la aprobación del marco financiero de la Unión Europea proseguirán las negociaciones de la nueva Política Agraria Común, una nueva PAC en la que habrá que incorporar los ejes estratégicos del cambio climático que establezca el Green New Deal.
Madrid, París y Berlín reivindican una ambición ambiental «clara» en la futura PAC y unos «medios financieros reforzados» para cumplir expectativas
En este sentido el pasado mes de enero España, Francia y Alemania presentaron un texto conjunto que reclamaba mantener el presupuesto PAC en niveles similares a las dotaciones actuales, texto al que se sumaron países como Hungría, Luxemburgo, Portugal, Irlanda o Dinamarca.
De los años 50 hasta los años 80 del siglo XX
La PAC nace en el entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Este hecho justifica el establecimiento de una política intervencionista y productivista con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida equitativo a la población agrícola.
Por ello, la PAC se centró en el establecimiento de medidas dentro de su política de precios y mercados. Dichas medidas dieron sus frutos a lo largo de las siguientes décadas de tal manera que la situación comunitaria se tornó de una situación deficitaria a otra excedentaria.
A partir de los años 80
En la década de los ochenta el gasto agrícola se había disparado como consecuencia del coste desencadenado por la existencia de excedentes.
La aplicación de medidas de intervención (ayudas al almacenamiento privado y compras públicas) y las ayudas a la exportación para dar salida a los excedentes comunitarios en el mercado internacional eran las medidas más costosas de la PAC. El creciente gasto agrícola y la necesidad de paliar los desequilibrios entre oferta y demanda motivaron la primera gran reforma de la PAC: la reforma de la PAC de 1992 o reforma McSharry.
En 1992 el Consejo alcanzó el acuerdo para reformar la PAC pudiéndose destacar como principales cambios el inicio de la transición entre unas ayudas ligadas a la producción a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado y el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias.
Agenda 2.000
Las crisis alimentarias de la década de los 90, la ampliación de los PECO y la Conferencia sobre Desarrollo Rural de Cork impulsaron una nueva reforma de la PAC, la Agenda 2000. Tras duras negociaciones, la Agenda 2000 avanzó en el establecimiento de ayudas directas a la renta, la disminución de precios institucionales, el aumento de competitividad de la agricultura europea y el establecimiento de la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC.
Reforma de 2003
En septiembre de 2003 la Unión Europea estableció un nuevo sistema de ayuda directa a los agricultores denominado Pago Único. Según este sistema a los agricultores se les asignan derechos de ayuda, calculados en función de las ayudas que recibieron en un determinado período de referencia, que son independientes de sus niveles de producción en un futuro. El Pago Único va sustituyendo a los pagos directos acoplados a la producción, con el objetivo de buscar una mayor orientación al mercado y no se introdujo en nuestro país hasta 2006. El modelo de aplicación de esta reforma en España buscaba minimizar los riesgos del desacoplamiento de las ayudas en determinados sectores cuya actividad productiva podía verse afectada.
El chequeo médico de 2008
Esta reforma se plantea por la necesidad de dar una mayor legitimidad social a las ayudas y una gestión más eficiente de los recursos presupuestarios. Además, avanzó en la simplificación e introdujo nuevos retos relacionados con el cambio climático, la biodiversidad, la energía y la gestión del agua. Por otra parte, se continúa con la incorporación de subsectores agrícolas y ganaderos al sistema de Pago Único reduciéndose las ayudas acopladas en el seno de la Unión Europea con el fin de encaminarse a los objetivos marcados por la Organización Mundial del Comercio.
La Reforma de 2013
En noviembre de 2010 la Comisión presentó su comunicación “La PAC hacia 2020: Respondiendo a los retos de la alimentación, los recursos naturales y territoriales” con la que se daba inicio a un nuevo proceso de reforma que concluiría con el Acuerdo Político alcanzado en junio de 2013.
Esta nueva reforma tiene, entre sus principales objetivos, lograr una mejor orientación de las ayudas a los agricultores activos junto con un papel más preponderante de los aspectos medioambientales, mediante un pago específico ligado a ellos, el conocido “greening” logrando así una PAC más sostenible.
Se incluye también, la posibilidad de conceder ayudas acopladas a los sectores más vulnerables.
