El ministro de Agricultura, Luis Planas y los Consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas han analizado la postura española de cara a un semestre clave para el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), en el que hay que alcanzar acuerdos en torno al presupuesto comunitario y a los reglamentos de aplicación de la PAC
El Consejo Consultivo de Agricultura, reunió al ministro Luis Planas con los consejeros responsables de las distintas Comunidades Autónomas para fijar la posición española en las próximas reuniones de la Comisión Europea que en este semestre deberá alcanzar los acuerdos en torno al presupuesto comunitario y los reglamentos de aplicación de la Política Agrícola Común, empezando por la reunión del Consejo de Ministros agrícolas comunitarios el próximo lunes 27 de enero.
El Consejo destacó la importancia de que la Política Agrícola Común se haya incluido dentro del Pacto Verde Europeo para los próximos años en Europa, ya que del millón de euros que Bruselas propone para esta estrategia una parte relevante serán los recursos de la PAC.
El ministro Planas ha resaltado la ambición medioambiental de España, puesta de manifiesto en la COP25 y ratificada en la declaración de emergencia climática, con iniciativas concretas, desde el punto de vista legislativo y ejecutivo.
En materia agraria se orienta a lograr un sector que, si bien solo produce el 12% de gases de efecto invernadero, equilibre sus emisiones y que, con visión de futuro, se enfoque a unas producciones cada vez más sostenibles.
En relación a los acuerdos que deberán cerrarse en las próximas semanas respecto al reglamento comunitario, Planas ha explicado que confía en que a finales de febrero se convoque un Consejo europeo extraordinario sobre las perspectivas financieras. Entre ese Consejo, ha señalado, y el que se celebrará en marzo, es posible que se consigan ultimar las cantidades que se destinarán, los próximos 7 años, al conjunto de las rúbricas, incluida la referente a la PAC.
También ha destacado que el Plan Estratégico Nacional de España llegará a Bruselas a comienzos de 2021. Un plan, ha detallado, que se elaborará a partir de los estudios sobre la identificación de las necesidades concretas de los sectores, así como con la información de comunidades autónomas, organizaciones agrarias, organizaciones medioambientales y el resto de los agentes de los sectores vinculados con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el medio rural.
Pacto verde
En el próximo Consejo de Ministros de la UE también se debatirá sobre los aspectos agrícolas vinculados al “Pacto Verde” o “Green Deal”, que la Comisión Europea presentó el pasado 11 de diciembre y cuyo objetivo central es alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Una nueva estrategia de gran trascendencia, ha indicado el ministro, ya que atañe al campo de la movilidad, la energía, la estrategia industrial y que, en el campo de la agroalimentación, se desarrollará con la estrategia denominada “De la granja al tenedor” (From Food to Fork), que se presentó esta primavera.
Plazo de solicitudes de la PAC
En cuanto los reglamentos de transición, el ministro ha recordado que el correspondiente al año 2020 ya está prácticamente concluido. Ha hecho hincapié en que permitirá que, a partir del 1 de febrero – primer día del plazo oficial de presentación de las solicitudes de pagos directos de la PAC- las declaraciones puedan efectuarse con normalidad.
Ha incidido en la importancia de estos reglamentos, ya que marcan la continuidad de las ayudas de la PAC y ofrecen una seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos.
Según el ministro, “pretendemos establecer un liderazgo” en los temas más importantes que atañen a la PAC como los relacionados con el medioambiente o lo que se refieren a la simplificación en la aplicación de la nueva Política Agrícola Común.
El ministro ha anunciado que España se va a adherir a la declaración que presentarán Portugal y Eslovaquia para modificar la directiva comunitaria sobre la miel y establecer un etiquetado de origen más claro.
Se trata, ha destacado Luis Planas, de una revalorización del trabajo de los apicultores y de una medida de clarificación para los consumidores para que sepan exactamente de dónde procede la miel que consumen.
