El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acordaron el pasado viernes con los “sindicatos de clase agraria” un recorte de las peonadas requeridas para cobrar el subsidio agrario, de 35 a 20, a espaldas de las organizaciones agrarias representativas de agricultores y ganaderos
Por tercera semana consecutiva agricultores y ganaderos volverán a sacar los tractores a la calle pidiendo al Gobierno medidas urgentes que permitan hacer de su trabajo una actividad económica rentable, a partir de unos precios dignos que, al menos, cubran los costes de producción.
Esta semana saldrán en distintos puntos de España con más enfado aún si cabe tras el desplante del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el pasado viernes acordaron con los “sindicatos de clase agraria” una reducción de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario, de 35 a 20, desconvocando a última hora a las organizaciones agrarias (Opas) Asaja, UPA y COAG.
En principio a esa reunión se convocó tanto a sindicatos como a Opas con el objetivo de abordar la situación de crisis por la que atraviesa el campo y abordar, entre otras cuestiones, el acceso al Programa de Fomento de Empleo Agrario, antiguo Plan de Empleo Rural (PER).
Tras anular la reunión a las organizaciones agrarias, la sorpresa fue que si se celebró el encuentro, con la presencia del Vicepresidente Pablo Iglesias, con las federaciones andaluza y extremeña de UGT y CCOO junto al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que apenas cuenta con el 1% de la representación y que estuvo representado por su secretario general el exdiputado de Podemos Diego Cañamero, y acordaron la rebaja inmediata de las peonadas de 35 a 20 días necesarias para cobrar el subsidio de paro agrario.
Leña al fuego
El enfado de las organizaciones agrarias no se hizo esperar y forzaron una convocatoria para este martes con la ministra de Trabajo, a la que en palabras del sector acuden en un «clima de desconfianza» y a la que piden que se incorporen interlocutores “más serios” como el ministro de Agricultura Luis Planas o la vicepresidenta de Economía Nadia Calviño.
En una carta remitida a Díaz, las organizaciones vetadas recuerdan que “las mesas de seguimiento del subsidio agrario están constituidas desde hace años” y que, sus miembros, están ya designados “con representantes de las organizaciones agrarias más representativas”.
«Nuestras organizaciones son de ámbito estatal y más representativas según la Ley y, por tanto, el interlocutor con la Administración Central, por lo que les rogamos nos trasladen directamente sucesivas convocatorias, que nosotros gestionaremos a nivel territorial. Asimismo, nos ha sorprendido la desconvocatoria de ayer a última hora de la noche cuando nuestros representantes ya se habían desplazado», señalan en la carta conjunta a la titular de Trabajo.
De momento Iglesias “pisó a Pedro Sánchez” la foto de una medida que ya había anunciado el presidente en el mes de octubre, de rebajar de 35 a 20 el número de peonadas (jornadas completas trabajadas) mínimas para cobrar el paro agrario.
Mañana, martes 18, las organizaciones agrarias han vuelto a ser convocadas por Yolanda Díaz para abordar los problemas del campo español con una lista de demandas entre las que se encuentra la rebaja de los pagos a la seguridad social o rebajas del IRPF.
Temor al efecto perverso del subsidio agrario
Este número de peonadas da derecho a percibir el subsidio por desempleo agrario de 426 euros de media durante seis meses dirigido a los jornaleros de Andalucía y Extremadura.
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El Gobierno además planteó un impulso a que la Inspección de Trabajo pueda comprobar de oficio las condiciones de estos trabajadores eventuales del campo.
Las Organizaciones Agrarias insisten en que esta medida tiene su utilidad cuando las condiciones de mercado o la climatología reducen las opciones de trabajo pero advierten del efecto perverso que podría tener esta reducción de peonadas al desincentivar la voluntad de trabajar una vez obtenidas.
Para Unión de Uniones Andalucía o Extremadura han sido, históricamente, los grandes referentes del PER, lo cierto es que el Programa de Empleo Rural, implantado en 1986, se ha extendido a otras regiones.
En 1996, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón implantaron el sistema de peonadas. Y en otras regiones del norte el mecanismo para este grupo de jornaleros del campo fueron las rentas mínimas, que para el sindicato de Unión de Trabajadores y Ganaderos de Navarra (UAGN) «es un freno brutal a la hora de encontrar trabajadores«.
Insisten además en que esta rebaja de las peonadas no contribuye a paliar la situación de bajos precios en origen y la pérdida de renta de los agricultores y ganaderos españoles que “en absoluto son grandes terratenientes explotadores sino autónomos y pequeños empresarios agrarios titulares de explotaciones familiares”.
