Durante el año 2021, tanto las instituciones internacionales como los países en su acción interna han dejado sentadas las bases para avanzar de una forma más rápida en 2022 en cuanto a objetivos climáticos, adaptación de los esquemas productivos a la transición ecológica y un mayor papel de los sumideros de carbono a la hora de diseñar las políticas públicas y el reconocimiento de su labor. Es evidente que el ritmo podría ser mayor, pero las circunstancias derivadas de la pandemia, la coyuntura inflacionista y las disensiones profundas a la hora de diseñar las energías y sectores que tienen que vehicular la ‘transición’, hacen que los acontecimientos no se aceleren más.
La última COP celebrada en Glasgow ha puesto varios temas encima de la mesa para urgente resolución, pero más importante aún están siendo los movimientos en Europa, Estados Unidos e incluso China para incrementar la ambición climática, si bien con más realismo con respecto a la competitividad, productividad y recursos financieros en las actuales economías. Especialmente, la Unión Europea sigue siendo quien va por delante en esta materia, con varios pasos como la presentación de la segunda parte del paquete ‘Fit for 55’ para cualificar las exigencias a otros sectores todavía fuera del mecanismo de derechos de emisión (transporte, edificación y agricultura), pero con un asunto que acaba de ser paralizado de nuevo que es la taxonomía.
En este sentido, cuanto antes se resuelva la disputa de fondo en los países europeos (el bloque que lidera Francia frente al que encabeza Alemania) sobre qué se considera ‘verde’ y qué no (y, por tanto, qué es susceptible de recibir financiación privada y pública), antes se desbloqueará el grueso de la financiación necesaria para reconvertir sectores y se dará la seguridad jurídica pertinente. Más aún en el caso de los países emergentes y en desarrollo, los cuales están en una posición de fuerte exigencia hacia los desarrollados a la hora de transferir tanto fondos como tecnología.
Europa, ante el espejo
La reducción de las desigualdades climáticas es quizá una de las asignaturas pendientes para 2022 a la hora de instrumentar los mecanismos que empiecen a equilibrar esfuerzos de descarbonización entre países desarrollados y emergentes. Sin embargo, la tarea tiene que empezar primero en la propia lógica interna de los países desarrollados, y muy especialmente la propia Unión Europea, siendo paradójico que constituida como el principal tractor de la descarbonización global, tenga dentro países grandes que por circunstancias muy concretas estén remando en contra.
Es el caso de Alemania y Polonia, los cuales han dado varios pasos hacia atrás en 2021 en materia de descarbonización. Su elevada dependencia del gas ruso les ha llevado a incrementar en la mezcla de energías el peso del carbón, a pesar de que en el caso de Alemania se comprometiera a cerrar completamente la minería en 2030. El más inmediato corto plazo manda en muchas ocasiones por encima de los objetivos de medio plazo. La cuestión central es cómo construir una estrategia que permita conciliar las metas de transición climática de medio y largo plazo con los obstáculos que se puedan presentar en el corto plazo (inflación, ruptura de las cadenas globales de valor, guerra por el control estratégico de materiales…).
Quizá el elemento más positivo de 2021 –aunque aparentemente no lo sea– es que hemos tomado conciencia de los puntos débiles en la transición climática y estamos dando la importancia que merecen a cuestiones como el suministro y control de las materias primas críticas, entre las cuales sin duda está el agua.
Con base en esta reflexión cada día más extendida, en la cual Francia ha tenido una gran parte de responsabilidad y gesto inesperadamente positivo, se están buscando intensamente mecanismos para acelerar la penetración de renovables. También se quiere incluir en la mesa de negociación con los países emergentes (tanto negociaciones bilaterales como multilaterales) la garantía de suministro de los insumos energéticos, alimentarios y agua o la coordinación en las políticas de reforestación y restauración ecológica, entre otras.
Claves de la Agenda 2022
Suele decirse que los momentos de crisis son generadores de oportunidades de cambio que marquen positivamente el futuro. Esto es lo que está sucediendo en este momento en materia de cambio climático y transición energética.
Los ejes fundamentales de lo que podríamos llamar ‘Agenda 2022’ son: primero, aclarar el marco regulatorio de qué se considera ‘verde’ y qué no; segundo, empezar a desarrollar el piloto de mecanismo de derechos de emisión de CO2 global; tercero, la transición necesaria en los próximos años para introducir a los sectores actualmente más contaminantes dentro del régimen de comercio de derechos de emisión (empezando por los biofuels por ejemplo en el caso de la aviación y transporte de larga distancia); cuarto, la homogeneización progresiva de estándares de medida de las tres huellas (carbono, hídrica y deforestación); quinto y último, establecer una agenda revisada y ambiciosa para la COP27.
Con base en esta agenda, el principal movilizador de recursos que es el sector privado tendrá los incentivos necesarios y el marco adecuado para hacer el cálculo económico de invertir tanto en tecnologías ya existentes como trabajar en nuevas tecnologías disruptivas. Hasta 2050, las empresas del sector energético deben invertir para cumplir los objetivos establecidos 22,5 billones de dólares, lo que significa en la práctica doblar la inversión actual (de 310.000 millones de dólares a 660.000 millones).
Según los cálculos de la gestora de fondos Fidelity, la capitalización bursátil de las empresas energéticas a nivel global es de 2,84 billones de dólares al cierre del día 27 de diciembre. Por tanto, supondría invertir cada año casi un 25% de su valor de mercado, algo que sólo está al alcance de las grandes compañías de energía, empezando por las petroleras y gasistas.
Pero dentro del mundo privado no sólo hay compañías energéticas como principales vehículos de inversión en transición climática. Cabe distinguir dos bloques: por un lado, los inversores puramente financieros como entidades bancarias e inversores institucionales (aseguradoras, gestoras de fondos de inversión, fondos de pensiones o fondos soberanos, entre otros) y, por otro lado, las empresas, siendo las más importantes las energéticas.
En el caso de la banca, los reguladores han abierto considerablemente la mano relajando las exigencias de solvencia a la hora de conceder ‘préstamos verdes’. Y en el caso de los institucionales, se está produciendo un crecimiento extraordinario del mercado de ‘bonos verdes’, el cual ha hecho emisiones en 2021 hasta septiembre por un valor de 362.100 millones de dólares, a lo que se añaden otras modalidades como ‘bonos sostenibles’ y ‘bonos sociales’.
