Los Ministros de Agricultura de los 27 se citan este lunes en Bruselas para retomar presencialmente las negociaciones de la futura Política Agrícola Común sin tener un umbral presupuestario claro para poder acometer los compromisos y condicionantes cada vez más verdes y caros en términos de costes productivos
Después de un interminable fin de semana de negociaciones en el seno del Consejo Europeo donde los líderes de los 27 estados miembro de la UE han tratado, sin éxito de momento, de alcanzar un acuerdo, no solo para el reparto del Fondo de Reconstrucción sino del Marco Financiero Plurianual para los próximos siete años y en él la partida de la Política Agraria Común, hoy los titulares agrarios retoman la actividad presencial para definir cómo será esa PAC entre 2023 y 2027.
En el primer Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea presencial, tras la pandemia de la COVID-19, los 27 pretenden avanzar en el diseño de la PAC hasta 2027 y su coordinación con el Pacto verde Europeo y las estrategias de Biodiversidad y de la Granja A la Mesa que quiere desarrollar en los próximos años Bruselas.
Estrategias y proyectos que se quedarán en meras declaraciones de intenciones o nuevas normas incompatibles con la realidad de un sector que, pese a haber demostrado su rol estratégico durante la pandemia a la hora de proporcionar alimentos y garantizar el abastecimiento a la ciudadanía comunitaria arrastra problemas de rentabilidad que amenazan su supervivencia.
Es el primer Consejo de Ministros de Agricultura de forma presencial tras la crsis del COVID19 y también el primero bajo presidencia alemana
Hay que recordar que este recorte queda lejos del tijeretazo del 14% que la Comisión propuso a los 27 justo antes de que el coronavirus pusiera sobre la mesa nuevas necesidades y retos para el conjunto de los países del club comunitario.
En el nuevo proyecto de presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la PAC apenas se llevará un 3,2% del nuevo dinero que Bruselas ha puesto sobre la mesa.
Sin embargo, el recorte no ha sido lineal para los dos pilares de la política agraria.
Respecto a la propuesta que presentó en mayo de 2018, la partida de la Política Agraria Común aumentará en unos 24.000 millones de euros de los que 4.000 millones serán para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, las ayudas directas y medidas de mercado que se conoce como primer pilar y que sufre un recorte del 9,7%, con relación al presupuesto actual.
Cambio de planes
La pandemia ha alterado por completo las prioridades de la Unión y a la competencia del Pacto Verde ahora se suman los fondos de reconstrucción.
El hecho de que coincidan en el tiempo las negociaciones de tantos presupuestos y tantos repartos dificulta mantener los objetivos prioritarios de cada eje y posibilita que se puedan” intercambiar dineros” de unas partidas a otras en ese trueque de cesiones que es la Unión Europea a la hora de negociar.
Señalan los expertos que tras el ejercicio de fuerza demostrado por los pequeños países del este de Europa, liderados por Polonia y Hungría en el rechazo a la elección de Nadia Calviño en contra del liderazgo del eje franco-alemán, podría convertirse en una ventaja para fortalecer la defensa del presupuesto agrícola de la Unión.
Hasta ahora era Reino Unido junto con los frugales del norte de Europa los que frenaban las aspiraciones presupuestarias de la PAC que tanto en ayudas directas como vía desarrollo rural defendían los del sur, respaldados por Francia y en ocasiones por Alemania.
Sin embargo, países como Polonia y Hungría estarían más cerca de una Política Agraria fuerte y respaldarían esas aspiraciones de España, Italia y Francia de mantener y hasta reforzar el presupuesto PAC para hacer de la producción primaria una actividad compatible con los nuevos retos ambientales que ponen sobre la Mesa el Pacto Verde Europeo y las estrategias de Biodiversidad y “del Campo a la Mesa” que prepara la Comisión.Teniendo en cuenta que la actual PAC se prorrogará tal y como está los dos próximos años, hay margen para que esta negociación se desarrolle con calma, al margen del reparto del fondo de reconstrucción para salvar los ideales que inspiran la PAC dese el Tratado de Roma y orientar la estrategia española de negociación hacia ese bloque de Visegrado que podría coincidir con nuestros intereses agropecuarios para fortalecer la PAC.
Difícil situación de mercado para aceite, vino y ciruelas
Otro de los puntos del Orden del día del Consejo es el análisis de situación de los mercados agrarios durante la pandemia de la COVID19. En este punto el Ministerio de Agricultura de España ha remitido al Consejo un informe en el que plantea las dificultades que atraviesan los sectores del aceite de oliva y la aceituna de mesa, el sector vitivinícola y las ciruelas españolas con destino a Brasil.
El aceite de oliva atraviesa una situación de mercado desestructurado que desemboca en precios en origen especialmente bajos que han llevado a utilizar mecanismos excepcionales de intervención privado que no terminan de resolver el problema.
Un problema que podría agravarse si en las próximas semanas Estados Unidos cumple su amenaza de revisar al alza los aranceles impuestos a determinados productos agrícolas europeos como represalia por las ayudas ilegales que algunos países dieron a la empresa aeronáutica Airbus, y que podrían llegar al cien por cien del valor el producto.
Estas ayudas han sido consideradas ilegales por la OMC, que ha autorizado a EEUU a resarcirse con aranceles por valor de 7.500 millones de dólares, Gobierno que viene pidiendo reiteradamente a la UE que retire dichas ayudas, cosa ya han hecho Francia y Alemania sin que España se haya pronunciado al respecto.
La aceituna verde soporta desde octubre de 2019 un arancel del 25%, que EEUU puede incrementar el próximo mes de agosto hasta el 100% e incluso extenderlo a la aceituna negra, lo que agravaría la ya dramática situación del sector. Están en juego 100.000 toneladas de aceitunas y 35.000 hectáreas de olivar, situación que afectaría a 7.000 agricultores que se quedarían sin poder vender sus aceitunas.
En el caso del sector del vino España ha trasladado el impacto que el cierre del canal Horeca ( hostelería y restauración) ha supuesto para el sector vitivinícola que no prevé recuperarse antes de 2021 por lo que defenderá el mantenimiento de las medidas de apoyo y del Marco Financiero destinado a este subsector.
De hecho esta misma semana se informaba de que los cupos de las medidas de destilación de crisis, almacenamiento privado y cosecha en verde han quedado cubiertos, tras conocer sus solicitudes para acogerse a las subvenciones para ayudar al sector vitivinícola en la crisis de la COVID-19.
En total, el sector del vino recibirá 91,6 millones de euros para paliar los efectos de la COVID-19, a través de esas tres medidas que ayudarán a reequilibrar el mercado. Del total, 45,2 millones de euros tienen como destino el vino comercializado al amparo de denominaciones de origen protegidas y los otros 46,4 millones de euros van para el resto de vinos.
Otro asunto que España pondrá sobre la mesa como en otras ocasiones es la necesidad de que la Unión Europea aplique el principio de reciprocidad en las importaciones de terceros países. Concretamente el Gobierno de España denunciará los nuevos requisitos fitosanitarios que Brasil exige a las importaciones de ciruela española que amenazan al 17% de las exportaciones españolas de este fruto que tienen en Brasil uno de sus principales mercados.
Esta situación que pone en peligro la exportación de cerca de 15.000 toneladas de ciruelas de media anual cuando, por otro lado, en Europa se permite la entrada de productos procedentes de Brasil a pesar de su tratamiento con productos, a priori, no permitidos.
