Los ministros de Agricultura de la UE ultiman el acuerdo sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) que prevé un recorte presupuestario entorno al 9% que España quiere compensar con los 729 millones de la partida extraordinaria para Desarrollo Rural (FEADER) del fondo de reconstrucción, que facilitarán la modernización de un millón de hectáreas de regadío e impulsarán la digitalización y la sostenibilidad
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado tras la reunión de ministros de Agricultura de la UE celebrada este lunes en Bruselas que es «posible» y «factible» que los Estados miembros de la UE logren en octubre un acuerdo «político» sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) que dé paso a las negociaciones posteriores con el Parlamento Europeo.
???️Declaraciones del ministro @LuisPlanas a su llegada al Consejo #AGRIFISH sobre la importancia del punto de las negociaciones de la #PAC y la defensa del #Gobierno de los intereses de #España en ésta materia, así como en #comercio@UeEspana #EU ?https://t.co/b9sTSpFvUF
— Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) September 21, 2020
Planas, además, ha confiado en que tras el acuerdo entre los países, las negociaciones por el Parlamento concluyan a principios de 2021 para que los tres reglamentos que conformarán la nueva PAC estén publicados ya en el BOE durante el primer trimestre del año. No obstante, las nuevas provisiones de la PAC no entrarían en vigor hasta 2023, tras la prórroga de dos años que acordaron los Estados miembros por el retraso en las negociaciones.
En esta línea, el ministro ha reclamado que los 729 millones de euros que le corresponden a España de la partida extraordinaria para Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del plan de recuperación pactado por los líderes europeos puedan ser comprometidos a lo largo de los dos próximos años.
Bruselas quiere además que un 37% de las ayudas previstas en el Fondo de Reconstrucción (51.800 millones de euros) se destinen a la transición ecológica y que al menos un 20% (28.000 millones) vayan a la transformación digital.
Y en este sentido la nueva estrategia de desarrollo rural puede jugar un papel determinante para la recuperación del campo de esta crisis con financiación para proyectos orientados a la sostenibilidad y digitalización, con el fin de poder llevar adelante el ‘Pacto Verde’.
En este marco la agricultura ecológica española se configura como un sector estratégico y líder en el ámbito europeo, ya que es el país de la UE con mayor número de hectáreas dedicadas a cultivos bio (2,3 millones). La superficie ecológica supone ya el 9,6 % de la superficie agraria útil (SAU), un buen punto de partida para alcanzar el objetivo “perfectamente lograble” del 25% para 2030.
La nueva PAC no es una continuación de la actual política sino un punto y aparte hacia un modelo más sostenible y España está bien situada porque cuenta con un sector competitivo, capaz de hacer frente a los nuevos retos.
Cada gota cuenta
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha reclamado al Gobierno que el plan de reformas que España deberá remitir a la Comisión Europea para optar al Fondo de Reconstrucción incluya en su propuesta de reparto de ayudas un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas.
Los regantes defienden así, la necesidad de un plan que “serviría para hacer frente a las sequías e inundaciones cada vez más frecuentes derivadas del cambio climático” y apunta que igual que se han elaborado planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias, su propuesta apostaría por aunar ingeniería y técnica para prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales y convertirlos en recursos para las cuencas deficitarias.
No obstante, “confían” en que el Gobierno haga un “uso responsable” de los recursos procedentes desde Europa y que los haga pivotar sobre ejes de actuación tan prioritarios como la transición ecológica o la cohesión social y territorial. En ese contexto, Fenacore considera que “el papel de las infraestructuras hídricas resulta determinante”.Y la partida extraordinaria para el segundo pilar podría impulsar la modernización de regadíos del millón de hectáreas pendientes.
Fondos para afrontar el reto demográfico
La industria agroalimentaria representa más del 15% del PIB y da empleo a más de un 4% de la población activa, sin contar los ocupados en el sector agroindustrial y de servicios agrarios. Es decir, sirve como motor para la creación de puestos de trabajo, especialmente en las zonas rurales y despobladas. De ahí que recientemente los regantes pidieran al Gobierno que en los próximos PGE destine 10.000 millones de euros al regadío, es decir, la mitad de la partida que se anunció para Desarrollo Rural.
Ese dinero serviría para modernizar el casi millón de hectáreas aún pendiente y, con ello, evitar el vaciado de esa otra parte de España, puesto que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que 13 de las 15 provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie regada tienen.
Además, el abordaje del reto demográfico también contribuiría a esa, no menos importante, tarea de encaminarse hacia una transición ecológica, en la medida en que el regadío constituye un auténtico sumidero de dióxido de carbono.
En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechó el discurso anual del estado de la Unión para reforzar la lucha contra el cambio climático, anunciado un incremento de hasta el 55% la reducción de gases de efecto invernadero para 2030 y prometiendo una estrecha vinculación de los fondos de reconstrucción con los objetivos verdes.
Para el sector agrícola, el presupuesto de la UE recorta un 9% los fondos de la Política Agraria Común en comparación con el presupuesto europeo previo, para quedarse con 343.950 millones de euros, pero refuerza un 2,7% la dotación de los fondos de cohesión, hasta los 377.000 millones.
España dispondrá para el primer pilar de la PAC de un total 39.156 millones de euros hasta 2027, de los cuales 34.181 millones de euros serán ayudas directas, mientras que en el segundo pilar se contará con un global de 8.526 millones de euros.
El analista internacional y profesor de economía Javier Santacruz destaca que el hecho de que las ayudas se condicionen a planes nacionales y proyectos de inversión y no de gasto y un control previo y a posteriori, “es una oportunidad de oro para la industria agroalimentaria”.
Destaca que el propio Fondo de Reconstrucción prevé una partida de casi 7.500 millones para Fondos de Cohesión que podrían ser esenciales de cara a acometer inversiones en infraestructuras de regadío y otras rurales muy necesarias para el campo español.
El sector agrario esencial y estratégico tiene que captar fondos del Plan de Reconstrucción para compensar la pérdida de presupuesto porque su gran reto será producir más, con más condicionantes y menos presupuesto.
