El Consejo Europeo retoma hoy miércoles la negociación del Marco Financiero Plurianual para el próximo septenio. Una negociación marcada por los fondos para cumplir con el Pacto Verde Europeo y un clima agitado en el campo que teme que la Política Agraria Común sea el pagador de los nuevos objetivos
Si algo quedó pendiente en la Comisión Europea antes de que la pandemia del nuevo coronavirus lo dejara todo en suspenso fue la negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el septenio 2021-2027. Que no es otra cosa que los fondos disponibles para las estrategias de desarrollo prioritarias para la Unión Europea.
Si ya entonces los Jefes de Estado no fueron capaces de encontrar un punto de encuentro dividos en dos grupos: los ‘frugales’ y ‘los amigos de la cohesión’, los nuevos retos que ha puesto sobre la mesa el covid no augura un escenario más favorable.
Si bien las estrategias del Pacto Verde europeo empujan hacia la descarbonización con su coste correspondiente, se añaden costes no contemplados en la anterior negociación como la reconstrucción de la economía comunitaria en plena recesión tras el desplome monetario que ha dejado de secuela la pandemia, la nueva necesidad de reforzar el sistema sanitario en todos los países, las nuevas necesidades sociales como la digitalización, la movilidad, la cohesión del territorio y la apuesta por un sector estratégico como el agroalimentario.
Entonces el Consejo propuso a los 27 que el futuro presupuesto quedase en 1,08 billones de euros, muy por debajo del último marco 2014-2020 (1,13 billones) y también de lo que pedían la Comisión Europea (1,13 billones) y el Parlamento Europeo (1,32 billones).
Por un lado los Frugales. Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria, (que empezaron la negociación con los países bálticos a su lado que finalmente desertaron y se pasaron al lado contrario), contribuyentes netos que quieren un presupuesto del 1% de la renta nacional bruta (RNB) de los Veintisiete, con recortes en la Política Agraria Común (PAC) y en el Fondo de Cohesión.
La agricultura española se juega más de 45.000 millones de euros en el marco financiero 2021-2027, que mañana se empieza a negociar en el Consejo Europeo
Para los agricultores españoles la crisis sanitaria global ha evidenciado que Europa no puede permitirse una dependencia agrolimentaria de terceros países y de ahí su reclamación para reforzar la Política Agraria Común (PAC) en el nuevo presupuesto de la Unión Europea para garantizar la seguridad alimentaria de Europa.
Así se lo ha hecho saber por carta la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) al Ministro de Agricultura, Luis Planas, ante el Consejo Europeo de mañana en el que se inicia la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE (2021-2027), sobre la nueva propuesta que presentará la Comisión Europea, en la que la agricultura española se juega más de 45.000 millones de euros para los próximos siete años.
El sector agrario es “totalmente favorable” al reforzamiento del próximo presupuesto comunitario para hacer frente, desde una perspectiva europea y común, a la situación excepcional creada por el Covid-19.
En el caso de la política agraria debe reforzarse dentro del próximo Marco Financiero, «porque necesitamos un presupuesto suficiente para que nuestro sector siga siendo funcional en el futuro y responder a los objetivos y retos de sostenibilidad que exige la sociedad del siglo XXI», insisten desde COAG.
La grave situación de crisis que estalló en movilizaciones en el sector agropecuario a finales de 2019 y principios de 2020 no ha desaparecido, «sino que ha quedado en paréntesis mientras entre todos hacemos frente a la emergencia sanitaria”, ha recordado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.
En el caso de que el próximo MFP pueda retrasarse, bien por la necesidad de evaluar el impacto real de la pandemia o bien, por desacuerdos políticos que pongan en cuestión su aprobación, COAG aboga por una prórroga de las disposiciones y límites del presupuesto de 2020 para 2021, incluso para 2022, “opción necesaria para abordar la situación de incertidumbre en la que nos encontramos y en este caso, algo que debería trasladarse a los agricultores a la mayor brevedad”, ha puntualizado Blanco.
Por este motivo, desde COAG se valora de forma positiva la posición unánime del Comité de Agricultura (Comagri) del Parlamento Europeo en relación a los reglamentos de transición de la PAC, cuya votación tuvo lugar el pasado 28 de abril, que acordó un período de transición flexible de hasta dos años de duración, etapa en la que se garantizaría una financiación asegurada, sin recortes, tanto del primer pilar de la PAC como del desarrollo rural.
Además, de cara la negociación, se debe tener muy en cuenta que España ha empezado a ser contribuyente neto al presupuesto comunitario, debido principalmente a una disminución de los fondos estructurales y de cohesión que llegan a nuestro país y que ahora se concentran en los países del Este de Europa), por lo que la agricultura adquiere una función esencial a la hora de garantizar retornos adecuados para nuestro país de los fondos europeos.
