El Gobierno reforma la cadena alimentaria para apoyar a los agricultores

Tras cuatro semanas de protestas y tractoradas por parte de agricultores y ganaderos, el Gobierno por fin articula una primera respuesta en forma de política. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a través de un decreto-ley un paquete normativo dirigido a aliviar la crisis del campo con dos medidas principales: la obligatoriedad de incluir los costes de producción en todos los contratos suscritos por agricultores con la industria o la distribución y la prohibición de la venta a pérdida salvo para los comercios minoristas. Un cambio normativo de la cadena alimentaria que busca frenar una rebelión agrícola que se ha convertido en la primera gran movilización contra el Ejecutivo de coalición.

El campo español está movilizado por las consecuencias de una «tormenta perfecta»: a dos años de malas cosechas por sequías e inundaciones se han unido las guerras comerciales globales y los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países que merman la capacidad de control de precios de los agricultores nacionales. Para Luis Planas, ministro de Agricultura de España, que ha presentado este martes la modificación de la Ley de cadena alimentaria, se trata sobre todo de un «desequilibrio entre la oferta y la demanda» que afecta sobre todo «al primer eslabón de la cadena, que es a su vez el más debil: los agricultores».

El paquete normativo modifica la ley 12/2013, de 2 de agosto, en la que se detallan medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Y lo hace a través de cuatro cambios principales. El primero que ha sido destacado por Planas ha sido la inclusión de los costes de producción en los contratos suscritos por agricultores con la industria y la distribución. Esto quiere decir que cualquier coste (semillas, riego, trabajo etc) en el que incurra el productor, deberá ser incluido necesariamente en los contratos escritos. Además, el precio de venta no podrá ser nunca inferior a los costes de producción que libremente acordarán vendedor y comprador y que tendrá su referencia en las estadísticas del MAPA.

Esto último se ve reflejado también en la segunda medida: se prohíbe la destrucción de valor en cada elemento de la cadena. Es decir, que tanto la industria o la distribución, nunca un bien se podrá vender a un precio mas bajo de su coste de producción, con una importante expcepción: el último eslabón, la venta a consumidores. Por tanto, en la venta final podrá haber rebajas en productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario. Pero, en teoría, será imposible la venta a pérdidas.

También se prohibirán las «promociones engañosas»: no se podrán regalar productos agrícolas como complemento a otros productos. El ministro ha comentado, a modo de ejemplo, que «no se podrá ofrecer una botella de aceite de oliva gratis si se compra detergente, porque esto supone una devaluación brutal de cualquier producto agrícola». Y, por último, se incluirá la ausencia de contratos escritos en operaciones de compra-venta agrícola como falta grave o muy grave, que no solo será objeto de sanciones sino que recibirá publicidad a través del BOE.

Primera fase

Los cuatro cambios en la Ley de cadena alimentaria se complementan con otras modificaciones normativas, que incluyen la modificación del IRPF para que los jóvenes agricultores puedan tributar su incorporación hasta en cuatro ejercicios fiscales -en vez del único actual-, la reducción de 35 a 20 en el número de peonadas mínimas requeridas para recibir el subsidio agrario y la inclusión en las inspecciones de trabajo de una revisión de los lugares de descanso y apoyo. Pero, sobre todo, el Gobierno espera completar el paquete de apoyo al campo en los próximos meses con otras medidas y siempre a la espera de la importante negociación europea sobre la PAC.

El ministro ya ha señalado que en su departamento están analizando «uno por uno» cada sector y subsector para determinar «un catálogo de necesidades de apoyo» en el campo y que esperan tener listo para abril y mayo, dado que los trabajos están «muy avanzados». Con ello esperan dar respuesta a las necesidades que requiera el sector primario.

Por otro lado, Planas ha avanzado que los próximos Presupuestos contendrán un aumento «significativo» de la partida dedicada a los seguros agrarios combinados ante el «estrés» sufrido por el campo por «fenómenos climáticos» en los últimos meses y ha asegurado un refuerzo de los controles fitosanitarios en frontera, con más inspección un laboratorio de referencia como complemento a los sistemas de sanidad vegetal existentes y la creación de una medicina de cabecera para las explotaciones ganaderas.

En todo caso, ha explicado que a lo largo de la legislatura prepara varios cambios legales, como la prohibición de que no se liquiden al productor productos no vendidos, además una nueva Ley de Inteprofesionales para mejorar que la distribución esté presente. Planas ya ha adelantado que la representación en la inteprofesional de cítricos «es manifiestamente mejorable» y en frutas de hueso «tiene que crearse».

Asimismo, en la cadena alimentaria también ha avanzado de un refuerzo en la información de precios, con un proyecto relativo a las lonjas de cotización de los productos agrarios para «las próximas semanas» que actuará, ha dicho, en «un aspecto muy importante para la formación de precios y los canales comerciales alternativos», ha dicho, citando la venta en corto, el comercio electrónico o los mecanismos de entrega.