Varios países europeos, entre ellos España, están exportando fuera del continente a países en vías de desarrollo más de 81.600 toneladas de 41 pesticidas prohibidos en la Unión Europea por su nocividad, según ha denunciado la organización ecologista Greenpeace



La Unión Europea suele presumir de estar a la cabeza en agricultura sostenible, gracias, entre otras cosas, a sus rigurosas normativas sobre uso de pesticidas. Sin embargo, parece existir un problema de doble rasero en el seno comunitario, ya que la prohibición de ciertos productos químicos potencialmente peligrosos para el suelo e incluso la salud humana solo se aplica dentro de las fronteras europeas. Estas lagunas en la legislación de la UE significan que grandes empresas químicas como Bayer y Syngenta pueden seguir fabricando pesticidas para la exportación a países en vías de desarrollo mucho después de que se les haya prohibido su uso en Europa para proteger el medio ambiente o la salud de sus ciudadanos.
Esta es la conclusión de una nueva investigación realizada por el brazo periodístico de Greenpeace, el medio Unearthed, que ha descubierto gracias a varios documentos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés), que las empresas europeas han exportado solo en 2018 más de 81.600 toneladas de 41 pesticidas prohibidos en la UE. España participa en este mercado con un 6% de esos agroquímicos exportados, aunque se sitúa por detrás de países como Alemania, Francia o Italia y muy por debajo del campeón europeo de este tipo de ventas, el Reino Unido, que concentra el 41% con más de 32.188 toneladas de exportaciones.
Los hallazgos se producen apenas dos meses después de que tres docenas de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas emitieran un comunicado pidiendo a las naciones ricas que pongan fin a la práctica «deplorable» de exportar pesticidas prohibidos a países más pobres con regulaciones más débiles. En julio, la ONU describió la exportación de productos químicos prohibidos a los países más pobres como una forma de «explotación» que traslada las consecuencias para la salud y el medio ambiente de estos productos a «los más vulnerables».
Para los expertos de Naciones Unidas, las lagunas en la normativa europea que permiten este comercio transfronterizo son en realidad «una concesión política a la industria, que permite a sus fabricantes de productos químicos beneficiarse de los trabajadores y las comunidades en el extranjero inevitablemente envenenados, al tiempo que importan productos más baratos a través de las cadenas de suministro mundiales y fomentan patrones de producción y consumo insostenibles».
En 2022, Francia se convertirá en el primer país de la UE en imponer una prohibición a la exportación de plaguicidas prohibidos, pero los expertos apuntan que es necesario extender las limitaciones al nivel europeo. Y es que, según apunta la investigación de Unearthed, existe una estrecha correlación entre las fuentes preferidas de importación de alimentos de Europa y sus ventas de pesticidas prohibidos. Es decir, que los países que son las fuentes más importantes de productos agrícolas de la UE (Estados Unidos, Brasil y Ucrania) se encuentran entre los cinco principales destinos de las exportaciones de plaguicidas prohibidos. Una paradoja que indica que los mismos productos químicos prohibidos en la UE para proteger la salud de sus ciudadanos acaban en cualquier caso en el plato de muchos europeos.
Una práctica habitual
La Unión Europea lleva años limitando el uso en suelo europeo de ciertos pesticidas como el paraquat, la atracina o el DDT por sus posibles efectos perjudiciales en los ecosistemas naturales y la salud humana. Y es que estos agentes químicos pueden provocar una grave contaminación de aguas o la alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, de aves y peces, además de aumentar el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer o el Párkinson y afectar los sistemas endocrino y reproductivo del ser humano.
Sin embargo, la práctica de los fabricantes de continuar exportando productos químicos de la UE después de que hayan sido prohibidos en el país no es nueva. El problema es que los actores clave de este sisema siempre han estado ocultos por un velo de confidencialidad comercial. Para romper el secreto de este comercio, los investigadores pasaron meses presentando solicitudes de documentos a la Agencia Europea de Sustancias Químicas y a los reguladores en Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido. Esto ha producido el registro más completo de plaguicidas agrícolas prohibidos exportados desde la UE que jamás haya llegado al dominio público.


Entre las exportaciones más importantes de la UE en peso se encuentran el 1,3-dicloropropeno (1,3-D), un «fumigante de suelos» y los herbicidas prohibidos atrazina y acetoclor. Este último que es producido tanto por Bayer como por Corteva, fue prohibido en la UE en 2011 debido a preocupaciones sobre la «posible exposición humana por encima de la ingesta diaria aceptable», «alto riesgo de contaminación del agua subterránea», un «alto riesgo para los organismos acuáticos» y un «alto riesgo a largo plazo para las aves herbívoras». Además, las autoridades de la UE sospechan que la sustancia química causa cáncer y daña la fertilidad.
A pesar de estos terribles efectos secundarios, las dos multinacionales notificaron exportaciones de más de 4.000 toneladas de herbicidas a base de acetoclor en 2018, la mayoría procedentes de Bélgica y destinadas a Ucrania. Curiosamente, este producto se comercializa en la ex república soviética para su uso en maíz, que a su vez es uno de los principales productos que la UE compra a Ucrania. Tanto Bayer como Corteva se defienden asegurando que sus productos cumplen con altos estándares de seguridad cuando se usan correctamente y están diseñados para satisfacer «las necesidades de diferentes agricultores en diferentes lugares».
España, un 6% del total
Aunque lejos de las cifras de gigantes agroquímicos como Reino Unido o Alemania, en España también se están aprovechando del doble rasero europeo para exportar pesticidas. Dentro de ese 6% de las 81.600 toneladas, la mayor exportación del país es el 1,3-D, un producto que se usa para matar pequeños gusanos llamados «nematodos» que viven en el suelo. Tras ser clasificado como un carcinógeno humano probable por los Estados Unidos, donde la sustancia química sigue utilizándose de forma polémica en los campos de fresas, el pesticida fue prohibido en la UE debido a preocupaciones sobre los riesgos potenciales para la vida silvestre y las aguas subterráneas de «grandes cantidades» de «impurezas policloradas».
Este químico a menudo se exporta desde la UE mezclados con otro pesticida fumigante prohibido llamado cloropicrina, que se fabricó como arma química durante la Primera Guerra Mundial. La mayor parte de sus exportaciones fueron notificadas por Corteva, con sede en EEUU, y la empresa española Agroquímicos de Levante, que enviaron el producto desde España y los Países Bajos, con destino a Marruecos, Israel, Senegal y Sudáfrica.


En total, más de 5.182 toneladas de pesticidas fueron exportadas por España, que sin embargo asegura a los investigadores que el volumen real de ingredientes activos que exportó en 2018 fue de 4.025 toneladas. Esta diferencia se debe a que el Gobierno únicamente tiene en cuenta únicamente el peso de los productos químicos prohibidos, por lo que no se puede comparar directamente con las 5.182 toneladas de plaguicidas formulados (es decir, mezclado con otros productos no prohibidos) que notificó para la exportación.
Según declara Nina Holland, activista de la ONG Corporate Europe Observatory, con sede en Bruselas, a Unearthed, el objetivo de la Comisión Europea de reducir el daño de los plaguicidas en los países de los que importa alimentos «solo podría ser coherente si se prohíbe inmediatamente la producción y exportación de estos plaguicidas». Según Holland «el hecho de que esta práctica solo aumente, con la adición de nuevos productos químicos, incluidas sustancias que matan a los polinizadores como el fipronil, está en total contradicción con las ambiciones de la nueva Comisión cuando se trata de reducir el daño causado por los pesticidas».
