La Mesa Nacional de la Sequía ha hecho este viernes una primera aproximación del plan de actuación para amortiguar los daños que la sequía está causando en el campo español ante una situación que no se prevé que vayan a resolver las actuales lluvias
Las lluvias que estos días alivian la sed del campo han supuesto un balón de oxígeno, tanto para la Administración como para los productores agropecuarios que, con una reserva hidráulica al 40% y dos cuencas, Guadalquivir y el Guadiana cuyos embalses están al 39% y 30%, asomaba a España a la que podría ser la octava sequía histórica. En este contexto de elevadísimo estrés hídrico el Ministerio de Agricultura convocaba este viernes la Mesa Nacional de la Sequía a la que acudían organizaciones agrarias y comunidades autónomas para perfilar un plan de ayudas en previsión de la crisis que se avecina por la falta de agua, tanto en el sector ganadero que se queda sin pastos como el agrario que se sume en la inseguridad hídrica sin garantía para los riegos y se replantea ya la campaña de siembras.
Esta sequía es un elemento añadido que complica la situación crítica derivada del incremento de los costes de producción provocados por la invasión rusa de Ucrania que ha disparado los granos, el aceite y la torta de girasol para la elaboración de los piensos compuestos para el ganado; así como los fertilizantes y el combustible.
La reunión del viernes ha sido una primera toma de contacto en la que las comunidades autónomas han expuesto la situación hídrica e hidrológica de sus respectivos territorios. En esta exposición se ha constatado la situación generalizada de escasez, aunque afecta de forma muy desigual a los distintos territorios, debido a que los registros pluviométricos del actual año hidrológico son muy inferiores a la media de los últimos 10 años.
El Ministerio de Agricultura ha informado de que la reserva hidráulica peninsular se sitúa en un 40,5 % de su capacidad (15.671 hm3), valor inferior en un 54,7% al del año pasado y en un 60% al de la media de los 10 últimos años. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas al comienzo del año hidrológico 2021/2022 (en el periodo del 1 de octubre al 1 de marzo de 2022) ha sido de 204,1 milímetros, un 41,8% inferior al valor normal.
No obstante, en esta primera toma de contacto las organizaciones agrarias han mostrado su decepción por la falta de concreción en las medidas que de forma somera anunció el Ministro Planas en los días previos a la reunión que pasaban por un enfoque que afronte el problema estructuralmente con un paquete de medidas fiscales y de liquidez.
A estas medidas habría que añadir la respuesta de Bruselas, que se prevé en los próximos días, a las propuestas realizadas en el último consejo de ministros europeos de Agricultura en Bruselas a mediados de febrero, centradas en tres medidas en esta materia: el incremento de los anticipos de los pagos de la PAC (Política Agraria Común), así como la flexibilización de los requisitos del denominado ‘pago verde’, la posibilidad de usar «excepcionalmente» los fondos no empleados del FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural), «tal y como se hizo con el Covid 19 hasta un límite del 2%.
En la reunión se ha realizado un análisis territorial y sectorial de la evolución climatológica que, a priori y aunque en los próximos días se prevé el paso de sucesivas borrascas cargadas de lluvia no serán suficientes para aliviar el estrés hídrico especialmente de los cultivos de secano, leñosos y los pastos para la ganadería.
Andrés Góngora, de la Comisión Ejecutiva de COAG, ha señalado que es oportuno que en estas reuniones participen las comunidades autónomas y ha destacado que hay un compromiso para retomar las reuniones en los próximos días a fin de concretar un plan.
Coag pide un Plan de actuación rápido «para no improvisar en verano cuando llegue lo peor«, sobre todo en lo que se refiere a los pastos, el cereal en la zona sudeste del país, donde ya está en riesgo de abandono y de los regadíos donde ya no se va a poder sembrar, como el tomate en Extremadura y Andalucía. Para estos sectores la organización pide buscar ayudas compensatorias en Bruselas y exige decisiones cuanto antes para que estos agricultores no se vean penalizados por no poder cumplir los objetivos de la Política Agraria Común.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores UPA ha propuesto un paquete potente de medidas políticas, económicas y fiscales, a corto, medio y largo plazo, para que el sector primario pueda hacer frente a este contexto. Entre las principales propuestas: exenciones fiscales a agricultores y ganaderos, ayudas directas, o condonación de las tarifas de riego.
Peticiones de las Comunidades Autónomas
En cuanto a las Comunidades Autónomas, Castilla La-Mancha planteaba que el anticipo de la PAC pueda llegar al 70% o flexibilizar la condicionalidad para que algunas parcelas de barbecho se puedan usar. Han pedido además un seguro de sequía y el apoyo para los cultivos de secano.
Extremadura, coincide en esta demanda, pero ha puesto sobre la mesa la necesidad de ayudas directas, a fondo perdido, que puede conceder el Gobierno a agricultores y ganaderos afectados por no poder regar y sembrar cultivos o tener pastos para el ganado. Este tipo de ayudas directas necesitan la autorización de la Comisión Europea.
También ha reclamado ayudas ‘mínimas’, que se pueden conceder sin el visto bueno de Bruselas. En este caso, pueden ser de un máximo de 25.000 agricultores por agricultor y de 200.000 euros para la industria; y exenciones fiscales para esta campaña. De forma concreta, la Junta pide que no se tenga que pagar o reducir al máximo el pago del canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua que pagan los regantes a la Confederación del Guadiana. O que los profesionales del campo estén exentos del pago del IBI rústico.
Otras de las medidas para amortiguar los daños de la sequía planteados por Extremadura es la puesta a disposición del sector de créditos ‘blandos’, a muy bajo interés, como se han otorgado en otras situaciones de crisis, que permitan facilitar la liquidez de los agricultores y empresas agroganaderas.
La Junta de Andalucía ha reclamado también la exención de IBI rústico a las fincas afectadas por la sequía, una medida que ya se puso en marcha en 2018. De forma paralela, la Junta solicitará la correspondiente compensación a los ayuntamientos.
También ha insistido en reclamar más fondos ‘Next Generation’ «tanto para mejorar el regadío como para la ejecución de infraestructuras declaradas de interés general del Estado y la prórroga de la Medida 21 del Plan de Reconstrucción. Así como la puesta en marcha de las obras de emergencia para paliar la sequía en las cuencas competencia del Estado y auxilio económico para las obras en cuencas competencias de la comunidad autónoma.
