Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han respaldado el acuerdo logrado el pasado 25 de junio entre las instituciones europeas sobre la Política Agraria Común que se aplicará entre 2023 y 2027 y que para España supone un «buen acuerdo» que cambia el paradigma de la PAC
Los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea han respaldado este lunes el acuerdo logrado el pasado 25 de junio entre las instituciones europeas (Parlamento Europeo, Comisión Europea y Ministros del ramo de los 27) sobre la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará entre 2023 y 2027 y que se ha alcanzado después de tres años de negociaciones marcadas por la aprobación del Pacto Verde Europeo y la Estrategia del Campo a la Mesa.
Para el Ministro de Agricultura de España, Luis Planas se trata de un buen acuerdo para España que beneficiará los más de 695.000 perceptores españoles de ayudas de la PAC.
Para Planas este es un acuerdo histórico que supone el cambio más importante de la Política Agraria Común de los últimos 30 años y que viene marcado por la salida de Reino Unido de la Unión, y la merma del 15% del presupuesto comunitario, por una nueva legislatura europea que incorpora a la base de todas las políticas el Pacto Verde y la pandemia de la COVID-19 que ha evidenciado la importancia de la seguridad alimentaria y el papel estratégico de los sectores agrícola y ganadero como proveedores de alimentos a precios asequibles al conjunto de la sociedad europea.
Planas ha destacado que este acuerdo trascendental permitirá mantener el equilibrio entre la rentabilidad de nuestras explotaciones y y la sostenibilidad ambiental. De hecho, ha destacado que el acuerdo permitirá mantener el 60% de las ayudas del primer pilar (ayudas directas) al sostenimiento de la renta y el apoyo a los sectores ganaderos.
Buena noticia para nuestros agricultores, ganaderos y medio rural. Tras tres años de negociación, hemos ratificado, en el Consejo de #Agricultura y #Pesca de la #UE, el acuerdo sobre la #PAC 2023-2027. Buena para #España y para #Europa.
???? #UnaPACparaTODOS pic.twitter.com/SOzR2LYixm— Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) June 28, 2021
Un sistema alimentario europeo sostenible y más justo e inclusivo
«Después de tres años hemos podido traer al Consejo un buen acuerdo político que ha sido confirmado por los ministros. Es la mayor reforma de la PAC desde los años 90 y busca garantizar un sistema alimentario europeo sostenible y más justo e inclusivo», ha celebrado en una rueda de prensa la presidenta de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, quien ha negociado en nombre de los Veintisiete con los eurodiputados como presidencia de turno de la UE.
Las dos grandes novedades de la nueva PAC, que entrará en vigor en enero de 2023, es la introducción de un nuevo modelo de gestión basado en los planes estratégicos nacionales que tendrán que presentar los Gobiernos antes de que acabe el año para su posterior aprobación por el Ejecutivo comunitario y los famosos ‘ecoesquemas’.
Estos nuevos regímenes ecológicos buscan incentivar a los ganaderos y agricultores a adoptar prácticas beneficiosas para el medio ambiente que vayan más allá de las exigencias obligatorias para poder recibir ayudas de la PAC.
El 25% de las ayudas directas tendrán que estar destinadas a los ecoesquemas, aunque los Veintisiete consiguieron introducir cierta flexibilidad, en especial un «periodo de aprendizaje» durante los dos primeros años.
En la misma comparecencia, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha celebrado que también los pequeños y medianos productores se puedan beneficiar del dinero para estos regímenes ecológicos, así como del nuevo pago redistributivo de la futura PAC.
«Tenemos un problema con la situación actual porque la agricultura es cada vez más intensiva. El número de agricultores pequeños perdidos en los últimos años es muy alto y se trata de un proceso negativo. Tenemos que protegerles y darles una oportunidad para que desarrollen su papel«, ha defendido el eslovaco.
Aunque finalmente no se ha fijado un tope máximo de ayudas por explotación de 100.000 euros, que será voluntario, el acuerdo entre los Estados miembros y la Eurocámara introduce que al menos un 10% de las ayudas directas tendrá que estar destinadas a pequeños y medianos agricultores o ganaderos.
Además, los eurodiputados han empujado para incluir una «dimensión social» en la nueva PAC y el acuerdo contempla la creación de un mecanismo para «conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC».
El titular de Agricultura, Luis Planas en rueda de prensa posterior al Consejo que se celebra en Luxemburgo ha explicado que la dotación de la PAC supone un tercio del presupuesto comunitario para el periodo entre 2021 y 2027 y asciende a unos 380.000 millones de euros de los que a España le corresponden unos 47.000 millones de euros, de los cuales unos 37.000 se enmarcan en el primer pilar (pagos directos) y casi 8.000 millones en el segundo (desarrollo rural).
Planas ha señalado que a partir del jueves convocará a las Comunidades Autónomas para avanzar en el diseño del Plan estratégico Nacional que establezca los diferentes ecoesquemas que se aplicarán en nuestro país y que habrá que presentar en Bruselas antes de que acabe el año.
Ha destacado que en lo que respecta al segundo pilar, el desarrollo rural se mantiene el statu quo a través de los Feader y los Leader; y permitirán con un incremento de la ambición climática del 35% mantener los apoyos a la transformación y modernización de regadío.
Otro de los aspectos que ha destacado Planas es que esta PAC pone freno a la desrregulación de los mercados en aras a preservar la soberanía alimentaria en la Unión Europea y se plantea la realización de estudios para implantar el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países, con especial atención al los residuos de fitosanirios en algunas importaciones vegetales procedentes de terceros países.
Una PAC más verde y menos retributiva
Tras el acuerdo europeo se inicia la fase para desarrollar el modelo nacional que España debe presentar en Bruselas a finales de año y que será el que determine si la futura PAC se ajusta a las necesidades del conjunto de los agricultores y ganaderos
Para las organizaciones agrarias el aspecto más positivo de este acuerdo de reforma que finalmente sí permite que se le dé continuidad al modelo de regiones y derechos, fijando una convergencia paulatina en cada una de las regiones con el objetivo de alcanzar el 85% en el ejercicio de 2026. Si bien es cierto que Luis Planas ya ha anunciado que España deberá reducir drásticamente el número de regiones de pago que actualmente es de 50.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la reforma de la PAC ratificada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, no es justa ni social y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”.
No obstante, la nueva PAC será más compleja y más burocrática. Introduce figuras confusas como la de “agricultor genuino”, que pueden llevar a que haya agricultores que pese a desarrollar una actividad agraria real, si no cumplen con este nuevo requisito dejarán de percibir los pagos de la PAC.
La Organización Agraria COAG defiende desde su origen la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria, pero siempre vinculada a la sostenibilidad económica y social que esta reforma pone en grave peligro. En este sentido explica que la nueva arquitectura verde, «en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países».
Seis meses para la estrategia nacional
Los 27 han acordado destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados «ecoesquemas«, con una flexibilidad limitada en su aplicación algo que el sector califica como «un recorte en toda regla» ya que «para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas».
Además, con el acuerdo entre las instituciones, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.
Asimismo, establece junto a la condicionalidad ambiental, la denominada “condicionalidad social”, ajena al acerbo y a la tradición de la PAC y totalmente innecesaria en una Unión Europea donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas, critican agricultores y ganaderos que consideran que el acuerdo consagra una PAC “más verde”, que remunera peor al agricultor, que deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros, que establece una nueva gobernanza basada en el cumplimiento de objetivos de carácter básicamente ambiental y que se aleja cada día más de la labor principal de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores europeos.
