Tras más de dos años de negociaciones entre el Parlamento y los gobiernos de la UE, con un Pacto Verde y una pandemia por medio, Estrasburgo ha ratificado la reforma más profunda de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027
El Parlamento Europeo ha ratificado, tras tres años y medio de negoción, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el sistema de regulación y apoyos al desarrollo rural de la Unión Europea, con un presupuesto de 387.000 millones de euros, que supone un tercio del presupuesto plurianual de la Unión Europea.
Diseñada antes del Pacto Verde Europeo, de la salida de Reino Unido de la Unión y con unas prioridades presupuestarias que no contemplaban el escenario de recuperación de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, la nueva PAC nace con “parches” y con un presupuesto recortado un 9%, en lo que respecta a España, que habrá que estirar para compensar los mayores condicionantes ambientales que introduce el nuevo marco legislativo verde de la Unión Europea.
Se trata de la segunda reforma agrícola de más alcance de la UE y entrará en vigor en 2023, ya que la tardanza en el acuerdo ha llevado a que en estos momentos se aplique un reglamento transitorio de dos años.
Entre las novedades principales, la PAC introduce los llamados “eco-esquemas” que condicionarán un 25 % de las ayudas directas y que serán asignados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Unos eco-esquemas que han de fijar cada uno de los estados miembro y que en España aún colean por la falta de acuerdo entre las Comunidades Autónomas en torno a la Estrategia Nacional de Aplicación de la PAC que tiene que estar en Bruselas antes de que termine el año.
Entre las novedades de esta PAC es destacable toda la “arquitectura verde” además de mejoras en las herramientas de gestión de los mercados, como la prórroga del sistema de autorizaciones administrativas y el etiquetado en el caso del vino o la posibilidad de “autorregular” la oferta en un sector, en caso de crisis, como ya se permite en el ámbito lácteo.
También supone la extensión a otros sectores de medidas que ya se aplican en el segmento de frutas y hortalizas para fomentar la comercialización y la concentración.
Otra novedad es la limitación de las subvenciones: no podrán superar los 100.000 euros. El objetivo es reducir la desigualdad entre las grandes explotaciones y los agricultores y ganaderos más modestos. La PAC de esta década contempla también que el 3% de los receptores sean jóvenes, ya que según datos de la Comisión Europea, la población agrícola española necesita un relevo generacional porque tan solo el 3,7% tienen menos de 35 años. La media comunitaria es de 5,9%. Y el 33% de los agricultores españoles cuentan con más de 64 años, dos puntos por encima del promedio europeo.
Uno de los ponentes de la nueva PAC, el eurodiputado francés Andrieu ha manifestado que la UE ha frenado “una tendencia a dejar de regular los mercados agrícolas” debido a que la pandemia puso de manifiesto la necesidad de garantizar un suministro y una provisión de alimentos.
Entre las asignaturas pendientes de la PAC, quedan la simplificación, la vigilancia de las importaciones que entran en condiciones desiguales.
Por primera vez la PAC incluye una “condicionalidad” social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025.
Del total de 390.000 millones de euros que contempla la partida comunitaria, España recibirá 47.724 millones, convirtiéndose en el tercer país más beneficiado tras Francia y Alemania. Se canalizará en la recepción de 5.000 millones de euros anuales en pagos directos, que están llamados a beneficiar a unos 700.000 agricultores y ganadores españoles.
