La primera reunión formal para consensuar el Plan Estratégico Nacional de la PAC con las comunidades autónomas ha evidenciado las diferencias entre las posturas de ministerio y territorios, que continuarán las negociaciones en otoño
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió este miércoles la Conferencia Sectorial de la Política Agraria Común (PAC), a la que asistieron las consejeras y consejeros del ramo de las 17 comunidades autónomas, un encuentro que ha evidenciado la distancia entre las posturas del Ministerio y las regiones. Tras más de ocho horas de reunión se decidió retomar las negociaciones después del verano.
Ante este primer intento formal poco fructífero para consensuar el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe de enviarse a Bruselas antes del 31 de diciembre para que la Comisión Europea lo valide, el Gobierno y las comunidades han decidido avanzar en los ecoesquemas, líneas de actuación para contribuir al medio ambiente y luchar contra el cambio climático.
«No sé si llegaremos a un acuerdo en Nochebuena o en Nochevieja, pero sería bueno hacerlo antes», señaló Luis Planas ante las preguntas de la prensa tras la reunión, dejando entrever que el acuerdo para el nuevo modelo de la reforma de las ayudas europeas para el periodo 2023-2027 está aún muy lejos de alcanzarse. Con todo, el ministro hizo gala de diplomacia al señalar que «ha sido una Conferencia Sectorial satisfactoria y positiva, fruto del buen trabajo de todos, en la que ha habido un debate rico y diverso y hemos comprobado la voluntad de caminar juntos”.
Respecto a los ecoesquemas, el ministro ha señalado que se ha acordado convocar un grupo de trabajo que defina el modelo de aplicación de estas nuevas ayudas para su presentación a una nueva Conferencia Sectorial que se celebrará en otoño. Esta nueva reunión con las comunidades autónomas tendrá dos objetivos: validar la propuesta diseñada para la aplicación de los ecoesquemas y examinar el estado de situación del Plan Estratégico.
El ministro ha destacado que la nueva PAC será “más justa, más social y más sostenible”, y que sobre la base de la propuesta del ministerio “vamos a perfilar un modelo que debe permitir un apoyo reforzado a nuestros agricultores y ganaderos”. El objetivo principal es que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente al desafío del cambio climático y del medio ambiente, manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones, en un escenario de certidumbre hasta 2027.
El ministro, quien ha reconocido que estamos ante una negociación compleja y ha valorado la altura de miras mostrada en el debate. “Es muy importante el valor del consenso, la capacidad que tengamos de que consejeros y consejeras de distinto signo político y de comunidades con características agronómicas muy diversas, se puedan poner de acuerdo con el Gobierno de España, y para ello tenemos que saber encontrar un cauce de colaboración mutuo”.
Las regiones con más críticas al planteamiento ministerial fueron Navarra, Extremadura, Andalucía, Madrid, que presentaron diversos cambios a la propuesta inicial, así como las organizaciones agrarias que se mostraron «decepcionadas» tras la reunión.
Plan estratégico
Luis Planas ha recordado que la nueva PAC tendrá un marcado enfoque medioambiental, ya que más del 40 % de su presupuesto, 47.724 millones de euros para para el periodo 2021-2027 en el caso de España, se destinarán al desarrollo de una agricultura y ganadería más respetuosas con el clima y el medio ambiente, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales.
En la reunión se presentó a las comunidades autónomas un documento que resume en 49 puntos los parámetros que tienen que dirigir el Plan Estratégico Nacional de la PAC y destaca el carácter social, verde y más justo -con nueva redistribución de fondos- de la nueva programación.
El dossier se divide en seis bloques, en los que se desgranan porcentajes, cuantías, fechas o criterios a cumplir para determinar a quién van dirigidos los fondos y cuánto les corresponde. El principal bloque es el del primer pilar de la PAC, en el que se detalla que, dentro de las ayudas directas -desvinculadas de la producción-, se reserva el 60% a la básica a la renta para la sostenibilidad y a la ayuda complementaria redistributiva para la sostenibilidad (pago redistributivo) una sexta parte de la ayuda básica a la renta, equivalente al 10 % del total de las directas.
Se incluye un 23% destinado al pago de regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente (los eco-esquemas), que unido al 2% que España puede computarse por su mayor gasto medioambiental en desarrollo rural, permitirá alcanzar el 25% exigido por el Reglamento.
En ayudas directas vinculadas a la producción se destina el 12,43% a pagos asociados distintos a los cultivos proteicos y un 1,95% para los proteicos.
Hay además en el documento ministerial una intervención sectorial al olivar tradicional a través de organizaciones de productores, con una aportación del 0,62% de los fondos.
En cuanto a la definición de «agricultor activo», los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC deberán cumplir con la condición de estar afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta propia, cuando al menos el 25% de sus ingresos totales sean de dicha actividad o a quienes reciban un importe anual en concepto de ayudas directas igual o inferior a 5.000 euros.
Para conseguir un reparto más equitativo plantea que el importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá progresivamente a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros.
Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. Por otro lado, se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas.
El valor nominal de cada derecho de pago convergerá hacia el valor medio de cada una de la regiones establecidas, en cinco etapas iguales, comenzando la primera en 2022; de modo que las solicitudes de ayuda correspondientes a 2026, los derechos alcancen al menos el 85 % del valor medio de la región de que se trate.
En todo caso, la convergencia continuará a partir de 2027, para llegar en 2029 a la convergencia plena.
Para facilitar el relevo generacional, se destinará más de 140 millones de euros anuales, el 3% del presupuesto de las ayudas directas (primer pilar). El plan propone también el establecimiento de importes adicionales para impulsar el papel de la mujer en las actividades agrarias.
Dentro de la dimensión social de la nueva PAC, el informe del ministerio recoge el desarrollo de un sistema de cruce de información sobre las infracciones y sanciones en las directivas laborales recogidas en el proyecto de Reglamento de planes estratégicos para que sea operativo en 2024.
